Cuando fue “purificado” con los rituales de los pueblos originarios que le entregaron el bastón de mando el primer día de su Gobierno, desde el Zócalo capitalino, el recién nombrado Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que venía también “la purificación de la vida pública de México”.Con la gran habilidad que le caracteriza en el manejo de los símbolos para fortalecer sus mensajes, y su eficacia para que lleguen a mente y alma de sus correligionarios (entre los que ya no sólo estaban los más marginados de este país como en las dos pasadas elecciones, sino también jóvenes de clase media, y los votantes con mayores estudios), AMLO lanzó desde ahí una inédita cruzada contra la corrupción que concretizó con la también insólita guerra contra el huachicol y los grandes saqueos de Petróleos Mexicanos (Pemex).López Obrador sigue leyendo y gestionando como nadie el hartazgo de los mexicanos por ver a su país podrido en muchos aspectos por la corrupción. Mantuvo la conversación social de su épica batalla con sus dosis diarias de homilías mañaneras, que sirvieron para que los millones de afectados por la escasez de combustible, vieran en ese sacrificio, su contribución a la causa amlista que alcanzó apoyos del 80 por ciento. Poco importó la improvisación y la impunidad que persisten en las tramas delictivas que siguen ordeñando ductos.Ese abrumador respaldo e inercia pareció distraer y exacerbar la convicción del Presidente, de que con su autoridad moral puede desde su púlpito en Palacio Nacional hacer señalamientos de malos manejos y afectar honras sin la acreditación fáctica y legal indispensable. En ese encandilamiento ha tropezado al confiar al cuestionado Manuel Bartlett señalar presuntos conflictos de interés de exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al reducir las estancias infantiles y acotar el funcionamiento del Conacyt por la existencia de irregularidades generalizadas no documentadas plenamente.Este tono de desaprobación presidencial alcanzó ya a los organismos autónomos como el casi extinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INE, el Instituto de Transparencia y otros, que son fruto de décadas de luchas de la sociedad civil para crear contrapesos al poder político-gubernamental. Si hay excesos de gasto o privilegios en estas instituciones, desde luego que se revisen, pero de ahí a que se descalifique su aporte y pertinencia, es de alto riesgo tanto para el Presidente y su auténtica lucha anticorrupción como para la consolidación democrática del país.Si el exorcismo de los males de México en el Gobierno de la cuarta transformación pasa por la revisión de los organismos autónomos que a decir de AMLO deben “purificarse”, el proceso debe ser abierto y sin el uso faccioso del poder. No se vale, ni construye, querer quitar a un presunto mal funcionario de estos órganos para poner a un incondicional muy honrado pero que no sabe nada de lo que será su función principal, como se quiso hacer en Conacyt y se quiere en la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El Presidente debe contenerse y ser más precavido si quiere mantener la fuerza de su discurso “purificador” y que no se diluya en la tentación autoritaria de borrar del mapa político nacional todo contrapeso, con la coartada que es impuro.jbarrera4r@gmail.com
