El superhéroe del COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell, quedó atrapado en su propia telaraña. El lunes dio por muerto el semáforo nacional y dejó en manos de los gobernadores cómo abrir la economía de cada estado, lo que en la práctica es una renuncia voluntaria del Gobierno federal al manejo de la pandemia. El problema, como bien lo dice el ministro en retiro José Ramón Cossío, es que el Gobierno federal no puede renunciar por simple voluntad a sus obligaciones constitucionales: quien debe dictar políticas de salud en caso de una epidemia es el Consejo de Salubridad General y las medidas que éste dicte serán ejecutivas y de observancia obligatoria por las autoridades administrativas de todo el país (Artículo 73, fracción XVI).Desde que comenzó el problema de la pandemia el presidente López Obrador ha dejado claro que él no quiere tomar decisiones que afecten su relación con los ciudadanos. Él mismo se ha convertido en el “hijo desobediente” a las políticas del Gobierno: no usa cubrebocas, se va de gira en pleno semáforo rojo, no acata las medidas de distanciamiento social, etcétera. De hecho, poner a López-Gatell como responsable del manejo de la pandemia fue una forma política de sacudirse la responsabilidad: si sale bien, todos contentos, si no sale tan bien, hay un responsable con nombre y apellido y a quien todo México ubica y reconoce.Algo similar está haciendo el Gobierno federal ahora con los estados. Ante la rebelión de los gobernadores por la falta de claridad de las políticas de Secretaría de Salud -el secretario es un fantasma y el Consejo General de Salubridad no ha tomado el liderazgo ni las medidas que le corresponden por ley-, el presidente fue el primero en decir que cada uno tomara las decisiones que creyera convenientes en sus estados y que obedecer el semáforo era opcional. Con esa declaración, López Obrador mató a López-Gatell, pero sobre todo se sacudió la responsabilidad de lo que suceda en el futuro. Sabíamos que López-Gatell era el fusible y el presidente le está cargando la tensión a la línea. Claramente el manejo de la pandemia no salió como se esperaba o se planeó. El cálculo de que llegaríamos a entre seis y ocho mil muertes quedó ya absolutamente rebasado y el famoso “achatamiento” de la curva nomás no llega. Para colmo, el regreso a las actividades se está dando de manera desorganizada, con muy poca claridad en las políticas, pero sobre todo en el peor momento de contagios en el país.Ceder la rectoría de la epidemia a los gobernadores nada tiene que ver con una voluntad federalista, sino con una forma de sacarse el golpe político si las cosas se complican o no salen como nos habían dicho. El problema es que las facultades constitucionales no son renunciables.(diego.petersen@informador.com.mx)
