Lo que se temía desde finales de la pasada administración, quedó confirmado ayer con lo poco que reveló la contralora estatal, Teresa Brito, de la auditoría que realizó al sistema de videovigilancia conocido como Escudo Urbano C5.La conclusión es que los 895 millones de pesos que se pagaron a la empresa que se contrató en abril de 2016 para que instalaran cinco mil 500 videocámaras, tres mil sensores de sonido y botones de pánico, así como la remodelación de la Base El Palomar, están bajo observación en su totalidad porque hubo “nula vigilancia” del Gobierno en turno para que se cumpliera el contrato.La revisión de la Contraloría confirmó que no hubo un plan de trabajo para dar seguimiento puntual a la instalación de este sistema, como ya lo habíamos apuntado aquí desde octubre pasado cuando se supo que apenas habían sido colocadas tres mil 600 cámaras y mil botones de emergencia. Dijimos en esa ocasión que estas fallas implicaban una clara responsabilidad y falla de las autoridades por no haber supervisado su implementación ni haber hecho los correctivos necesarios en su momento.La culpabilidad crece si recordamos que esta millonaria compra se hizo sin licitación alguna, con la justificación de que la adjudicación directa la había avalado el Instituto de Transparencia (ITEI) y las cúpulas empresariales, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones, y Tecnología (Canieti). Por eso hoy, también será muy pertinente escuchar cuál es la postura de estas instituciones ante este nuevo desfalco.Pero sin duda lo más grave de todo es que los gobiernos, lejos de aplicarse para resolver las crisis de inseguridad y de violencia que han escalado desde hace más de una década, aprovechen esa circunstancia que tantas víctimas y zozobra social ha provocado, para hacer jugosos negocios al amparo del poder. Nadie cuestionó que se hiciera esa millonaria inversión porque en su momento se dijo que sería un instrumento clave para combatir la delincuencia que ya nos agobiaba a todos. Por eso no puede ser más que un fraude el hecho de que esas videocámaras de poco o nada han servido para inhibir a la delincuencia ni para mejorar el trabajo policial.Y lo más decepcionante es que el caso del Escudo Urbano C5, ocurrido en la pasada administración del priista Aristóteles Sandoval, no es la primera tomada de pelo. Está ahí lo que nos pasó con el anterior programa de videovigilancia contratado en el sexenio del panista Emilio González Márquez, cuando hubo una escandalosa compra a sobreprecio de unas videocámaras que nunca funcionaron.Ese episodio de corrupción nunca se investigó ni se castigó. Por eso habrá que estar atentos a que la historia de impunidad no se repita, pero sobre todo, que lo invertido del erario en el C5 sea útil pronto para que las autoridades cumplan su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. jbarrera4r@gmail.com
