Viernes, 09 de Diciembre 2022

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Ayotzinapa: fue el Estado

Por: Rubén Martín

Ayotzinapa: fue el Estado

Ayotzinapa: fue el Estado

Nunca esperamos que durara tanto la falta de justicia en el caso Ayotzinapa. Pero llegamos al octavo aniversario de la trágica noche de Iguala donde una operación represiva estatal-criminal desapareció a 43 normalistas y asesinó a seis personas. Y todavía no hay justicia. Al contrario. Las recientes pugnas entre funcionarios del Gobierno federal, la clara intención de proteger al Ejército y el desistimiento de cumplir órdenes de aprehensión ya emitidas, apuntan a una intención de mantener la impunidad en este caso.

Ayotzinapa no es sólo una geografía y un calendario en la larga lista de masacres y violencia del Estado contra los de abajo; es también un punto de quiebre en la época de barbarie que los mexicanos vivimos desde 2006, cuando el Estado desató una guerra contra la población con el pretexto del combate al crimen organizado. La masacre de Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 es un punto de quiebre porque desató la indignación de millones de personas en México y en varios países del mundo.

La trágica noche de Iguala no fue otro hecho represivo más. Se trató de un operativo de gran envergadura, como pudieron documentar los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde 2015. De la reconstrucción de hechos, recolección de testimonios y visitas en campo, los expertos del GIEI encontraron que los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas dos estudiantes que fueron ejecutados con disparos a quemarropa y otro más torturado y después desollado: Julio César Mondragón. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas mediante disparos; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 alumnos fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas de la mañana de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 lo cual muestra un operativo represivo de gran envergadura y una capacidad operativa y coordinación de las acciones a nivel centralizado.

Al detenerse en el análisis y causas posibles de los ataques, los expertos del GIEI llamaron la atención sobre los siguientes puntos: la masividad del ataque que produjo 180 víctimas directas, seis ejecutados, 40 heridos, 43 desparecidos y 700 familiares directos impactados. En el informe del GIEI se confirmó la presencia de agentes del Estado en distintos escenarios: hubo una vigilancia permanente, por lo que no había confusión de quienes eran los normalistas. Se documentó no sólo la agresión de policías municipales, sino también de la ministerial de Guerrero y la intervención de agentes del ejército.

Algunas lecturas de lo ocurrido en Iguala sostienen que esta masacre revela la disfuncionalidad de las policías, la corrupción de los gobiernos locales y ambas como expresiones de un Estado fallido. Pero lamentablemente esto que se mira como fracaso de un modelo de Estado es un éxito para un modelo económico y de control y reorganización del territorio y de las poblaciones. La violencia, el terror, la desaparición y muerte para quienes se oponen al despojo de territorios que se quieren valorizar se impusieron como una constante. La violencia parece caótica, indescifrable, pero todo indica que la violencia, la represión y el Estado de excepción sirven  para propiciar el despojo, la reorganización del territorio y la explotación de la mano de obra: es una violencia funcional al capitalismo de acumulación por despojo en México.

La masacre de Iguala, reveló, como ningún hecho anterior la colusión Estado-crimen organizado y corporaciones privadas y dejó ver que la complicidad entre los gobiernos y el crimen organizado no es un caso aislado, como el Gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió hacer creer, sino la norma.

El narcotráfico es más que un asunto de moral o de salud pública, es un negocio ilegal y violento para acumular capital, pero negocio al fin. De modo que el narcotráfico y los otros negocios ilegales de acumulación de capital, no sólo sirven a la economía informal, tras pasar los circuitos del lavado de dinero, sino que se incorporan a la economía formal y se convierten en esenciales para el funcionamiento de la política profesional. El narco y sus capos siguen funcionando no sólo por su astucia, sino porque el capitalismo y el Estado lo requieren para su reproducción. Y Ayotzinapa ayudó a develar este nexo.

El narcotráfico es uno de los grandes negocios de México y no funciona sin la protección que brinda el poder político. A su vez, las bandas del narcotráfico se han convertido en piezas fundamentales para infligir temor y terror en poblaciones cuyos territorios se quiere despojar; los sicarios del narco son extensiones del Estado en muchos lugares. Son piezas de la maquinaria de la acumulación por despojo que se impone en el país. A los desaparecidos de Ayotzinapa no los desapareció una presidenta del DIF, fue el Estado.

Rubén Martín

rubenmartinmartin@gmail.com / martinmar

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