Cada nueva legislatura la promesa es que, ahora sí, las cosas serán diferentes, que ya no habrá despilfarros, que no existirán dietas extraordinarias ni pagos exorbitantes de asesores. La promesa, en fin, es no disponer de lo que no es suyo para beneficio personal porque legalizado o no, por acuerdo de la mayoría, por coalición de intereses, por cohecho, cuando se dispone de lo público para servicio privado es corrupción, pero nunca se cumple. El discurso de austeridad, hoy tan de moda, ha servido para que salgan a la luz montones de casos en los que funcionarios públicos abusan del erario, muchas veces en tonterías, otras en cosas verdaderamente preocupantes. En el Congreso de Jalisco se ha abierto una vez más la discusión sobre los asesores y el papel que éstos desempeñan en el trabajo legislativo.No hay nada más caro y peligroso que un diputado con iniciativa. El costo para los ciudadanos de legislar las ocurrencias es enorme. Si eso se resolviera con asesores, si éstos sirvieran únicamente para evitar que los legisladores propongan la primera tontería que se les venga a la cabeza y resolver cada problema publicado en la prensa con una iniciativa, el dinero en asesores sería el mejor gastado. Pero no es así, los asesores, en su mayoría, no están ahí para cubrir las carencias de conocimiento de los diputados sino por tres razones principales: porque son compromisos de campaña de dar chamba y puestos; para hacer trabajo político en los distritos con sueldo a cargo del erario o, el peor de los casos, para tener un sobresueldo, pues pagan una cantidad notable al asesor, pero lo obligan a regresarle al diputado la mitad por fuera.Algunas posiciones de claro sesgo clasista quisieran que hubiese un mínimo de conocimientos para ser diputado, como si el conocimiento y la decencia fueran de la mano. Nada más falso. Los más peligrosos suelen ser los más leídos y estudiados, pero sobre todo es un asunto de representación. Todos tenemos derecho a votar y a ser votados y quién gane es responsabilidad final de los electores, es decir, nosotros mismos.La solución, como muchas de las carencias del sector público, pasa por la profesionalización y el servicio civil de carrera. Los asesores no deberían ser de cada diputado sino del Congreso, un grupo profesional de abogados especializados al servicio de todos los legisladores sin importar partidos. A ellos deberían de acudir los legisladores para resolver dudas, para enriquecer las iniciativas y valorar las contradicciones con otras leyes y reglamentos existentes. Mientras no avancemos por esa ruta cada legislatura va a argumentar, otra vez, la importancia de los asesores y volveremos al mismo punto.
