Martes, 23 de Abril 2024

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Ante la reforma laboral

Por: Luis Ernesto Salomón

Ante la reforma laboral

Ante la reforma laboral

La Reforma Laboral impulsada en años anteriores no ha provocado grandes cambios. De hecho ha mantenido intacto el aparato sindical y político diseñado para dar gobernabilidad, conducción y control a los conglomerados de trabajadores. La resistencia al cambio fue notable.

Ahora el Gobierno ha iniciado otra que retoma aspectos positivos de la anterior y pretende terminar con el corporativismo sindical.

La nueva administración federal se ha propuesto aplicar los aspectos relacionados con la justicia laboral y quizá lo más trascendente, impulsar un cambio en la política sindical que pasa por el respeto auténtico a los derechos de libre afiliación, elección de dirigentes, e independencia sindical. Los aspectos jurídicos de los cambios están a la vista en las iniciativas presentadas al Congreso y en los tratados internacionales ratificados, como en la letra del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá; Son claros: justicia laboral que pasa al ámbito judicial, sindicatos libres, menor espacio para el control político sindical.

Sin embrago los desafíos están en el lado político: la terminación del sistema de justicia basado en las juntas de conciliación disminuye el poder real de los grandes sindicados y centrales obreras que por supuesto se oponen al cambio. El propósito de terminar con los llamados sindicatos blancos pone en jaque un sistema de control al que también las grandes centrales se oponen, pero en este caso también el sector empresarial mira con preocupación la propuesta, porque puede significar una agitación.

La democracia interna de los sindicatos perjudica sobre todo a sus líderes tradicionales que luchan por mantener sus privilegios y para ello promueven asambleas electivas que los mantengan en funciones. Y lo más delicado es que la democracia sindical pasa por los grandes gremios en donde el Estado es el patrón: maestros, seguro social, Pemex y muchos otros que han servido tradicionalmente como mecanismos políticos.

Por otra parte los sindicatos y grupos laborales de izquierda radicales que pudieran haber sido considerados como aliados del cambio laboral se han colocado en contra; lo hacen porque la auténtica democratización exige una medición que exhibiría su real dimensión y porque el esquema de presión para obtener recursos por distintas vías resulta más lucrativo para sus dirigentes. A ello hay que agregar en algunos casos, los acercamientos entre grupos laborales y ramas del crimen organizado que han tocado algunas áreas del ámbito laboral en el país.

Ante la Reforma Laboral el Gobierno se mantiene firme, con el desafío de vencer resistencias en frentes múltiples, pero asechado por enormes intereses. La agitación de la CNTE en Michoacán ha acelerado el proceso de definiciones, las autoridades están convocadas a mandar un mensaje contundente. Los sindicalistas radicales le han colocado en situación incómoda que obliga a dar señales claras del nuevo rumbo. La cuestión es revisar quienes son los aliados reales y eficientes en el proceso de cambio laboral.

Ha quedado claro que la CNTE y sus afines han decidido no ir por esa ruta y el sector obrero tradicional significa en muchos sentidos el pasado político. Así que es probable que el argumento de la lucha contra la corrupción sea retomado en el escenario laboral y se envíen pronto señales decisivas, junto a las acciones indispensables en el caso de Michoacán. Tampoco puede dejarse de ver que las huelgas habidas en Tamaulipas y ahora en la UAM sean signos que muestran la fuerza de algunos grupos a las autoridades.

El cambio laboral está en centro de la agenda política, la transformación requiere de una conducción responsable para lograr terminar con una etapa de dominio de las autoridades en la vida sindical y terminar con alianzas de poder indebidas. La oportunidad para cambiar es ahora porque el capital político del Presidente es tal que permite actuar a profundidad, la gran pregunta es con quiénes y cómo desmantelar privilegios y controles indebidos, sin poner en riesgo la estabilidad. Por eso el tema está en manos de la Secretaría de Gobernación y no en la Trabajo. 

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