Si existiera un Manual del Político Tramposo, lo encabezarían tres máximas: 1) Donde no hay hechos, lo mejor es fingirlos; 2) La parte vale por el todo en obras y planes incompletos; y 3) En la opacidad una mosca puede convertirse en elefante. La renovación de unidades (la parte) por sí sola no ha transformado el modelo de transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (el todo). Se trata, si acaso, de la parte más cosmética, más vistosa y políticamente más rentable. El gobierno sostiene que los transportistas operan ahora bajo un modelo de ruta empresa. Pero firmar el acta constitutiva de una ruta empresa no modifica per se una cultura organizacional con las mismas prácticas del viejo esquema hombre-camión. El gobierno tiene razón: ahora tenemos rutas empresas, pero muchas sólo cumplen en el papel y para efectos jurídicos. Una firma no significa en automático que las unidades sean más puntuales, higiénicas, seguras, accesibles y operadas por choferes profesionalizados, con prestaciones de ley y jornadas de ocho horas. El prepago, un avance en sí mismo, es apenas una parte de esa transformación más amplia. Hasta ahora, el gobierno de Jalisco ha subsidiado con mil 160 millones de pesos a transportistas para la renovación de unidades, la instalación del prepago y hasta la deschatarrización de vehículos antiguos. La apuesta se ha quedado en lo cosmético y lo más costoso. Las recientes publicaciones de EL INFORMADOR sobre la falta de reordenamiento de rutas del transporte que le roban pasaje a la Línea 3, y el aumento del transporte irregular con camionetas tipo Van y mototaxis, ponen en duda el discurso de una transformación del transporte en la ciudad. Estas dudas se despejarían con mecanismos de transparencia, parámetros de calidad y un sistema para evaluar el avance en la transformación del transporte público. ¿Cuántos choferes están profesionalizados y ganan un salario fijo? ¿Cuántos camiones se han renovado? ¿Qué estrategia y plazo se fija la autoridad para brindar transporte digno a quienes se arriesgan en vehículos irregulares? ¿De qué tamaño es el negocio de los transportistas? ¿Cuál es su margen de utilidad? ¿Cómo se aplicó el subsidio a camioneros y quiénes lo recibieron? ¿Cuánto generan las alcancías rateras y a qué se destina ese dinero? En la encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público presentada por el IMEPLAN el año pasado, los pasajeros le dieron una calificación general de 7.5 en comparación con el 5.6 de la encuesta anterior. Sin embargo, la metodología de ambos ejercicios no es comparable. No tenemos ni un mecanismo de incentivos y sanciones para premiar y castigar al transportista. Hoy se hace bajo un criterio arbitrario de la autoridad. Si el modelo no cambia de fondo, a la vuelta de diez años tendremos el mismo sistema de transporte con unidades viejas y un gobernador con alguna nueva idea para invertir millones en renovar unidades o subsidiar un mal servicio.
