Como era de esperarse, el juez que decidió el 5 de enero dar prisión preventiva oficiosa a los estudiantes Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros González y José Alexis Rojas Umazor por el presunto delito de despojo de inmuebles y aguas, tuvo que recular ante la enorme presión social, política y mediática que este caso ha cobrado tanto en Jalisco como en el país.Tras una larga audiencia sin acceso público, el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos (puesto que alcanzó por cuotas del PAN y MC), decidió ayer vincular a proceso a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), pero retiró la medida precautoria de la prisión preventiva oficiosa. A todas luces es un caso claro de venganza y represión política en contra de estos tres estudiantes, especialmente de Javier Armenta, ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), tanto por entorpecer el desarrollo inmobiliario denominado Fondo Iconia, como por ser piezas de recambio en el conflicto que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez mantiene con el grupo que gobierna la UdeG, con Raúl Padilla López a la cabeza.En un mal cálculo político, el Gobierno de Alfaro pensó que someter a presión a estos estudiantes primero con la demanda de las empresas inmobiliarias que desarrollan Iconia y luego con la prisión preventiva oficiosa, mandaría un fuerte mensaje de temor y fuerza a sus adversarios del Grupo UdeG. Y sin duda lo hizo, como reconoció ayer mismo el rector general Ricardo Villanueva al pedir a los consejeros que se mantenga a la Universidad en “estado de emergencia”.Lo que no calculó el gobernador y su grupo político, es que la criminalización y encarcelamiento de los estudiantes se le iba revertir en un fuerte golpe político por las repercusiones que alcanzó el caso, y por las incontables muestras de solidaridad que se desataron en Jalisco, en México e incluso a escala global con organizaciones estudiantiles de América Latina. Estas muestras de solidaridad rebasan la simpatía que se pueda tener o no a la UdeG, y se explican porque se interpretó la detención y encarcelamiento de los estudiantes como una revancha y represión política y porque se les ve como representantes de una causa justa: la defensa de un espacio público por encima de los intereses de una inmobiliaria y los vínculos que mantienen con algunos gobernantes. Y por esta causa justa que desató la solidaridad, se debe regresar la atención al fondo de este conflicto que es la defensa de un bien y espacio público sobre los intereses mercantiles de un desarrollo inmobiliario.El conflicto de fondo no es la pelea entre el grupo político de Alfaro y el grupo de la UdeG, sino la defensa de un terreno comprado originariamente en 1980 por el Ayuntamiento de Guadalajara para construir el Parque Huentitán para uso y servicio de los vecinos y habitantes de toda la zona metropolitana.Desde que el Gobierno del panista Alfonso Petersen Farah decidiera ceder los terrenos en 2008 para que se construyera el proyecto comercial-inmobiliario Puerta Guadalajara, hasta que la empresa española Mecano América trasmitió sus derechos, sin la aprobación del Ayuntamiento de Guadalajara, a la empresa Operadora Hotelera Salamanca y ésta a su vez a Hoteles Riviera Deluxe, se han cometido diversas irregularidades e incumplimiento de contratos y convenios que deberían obligar al Gobierno de la ciudad de retomar el control de los terrenos y devolverlos a su destino original: un gran parque público para la ciudad. Guadalajara no necesita más torres de departamentos y proyectos inmobiliarios motivados por la especulación y la ganancia, sino más áreas verdes y bienes comunes para disfrute de toda la sociedad. Por eso, una vez que se dejó sin prisión a los tres estudiantes, se debe cancelar el proyecto Iconia.
