Cuando se habla de la conformación histórica de la próxima legislatura que tomará posesión el próximo 1 de septiembre y en donde las mujeres ocuparan 244 de las 500 curules en San Lázaro y 63 de los 128 escaños en la Cámara Alta, aquí en Jalisco no se llegará ni a la mitad de diputadas de los 38 lugares en el Congreso del Estado.Hace poco escribí sobre la necesidad de que los cargos públicos sean ejercidos por personas que realmente representen los intereses de la sociedad, que dejen de lado filias y fobias personales, tal como ocurrió con los diputados de Argentina, que ante el clamor popular, aprobaron la despenalización del aborto.Precisamente hace unos días, las y los entonces candidatos a puestos públicos, fueron convocados por Parité (Observatorio Ciudadano de la Participación de las Mujeres), para firmar un decálogo de compromisos con la agenda de género y los derechos de las mujeres.Las mujeres somos la mayor parte de la población, pero también, padecemos problemáticas que nos alejan del pleno goce de nuestros derechos. En este contexto, es urgente que desde el Estado se implementen políticas públicas con perspectiva de género, para erradicar la violencia, la desigualdad en la impartición de justicia, en materia de salud, educación y por supuesto, en el ámbito laboral.Resulta decepcionante que la invitación de Parité no fuera atendida en aquella jornada por autoridades hoy electas, como es el caso de los abanderados de Movimiento Ciudadano, al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro y a las presidencias municipales de Guadalajara, Ismael del Toro; y de Zapopan, Pablo Lemus.Sin embargo, también es alentador que un gran número de aspirantes a distintos cargos, principalmente mujeres, sí se comprometieran con la agenda de género, incluyendo integrantes del propio MC. Por ejemplo, los candidatos a las alcaldías de Tlaquepaque, María Elena Limón; de Tonalá, Juan Antonio González; al Senado, Verónica Delgadillo; a diputaciones federales y locales, Celenia Contreras, Priscila González, Mirza Flores y Marcela Aceves.Dicho decálogo contempla acciones como garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia; la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género; presupuestos públicos irreductibles, progresivos y multianuales; que la conformación de gabinetes de Gobierno se realice conforme al principio de paridad; y garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos en la legislación nacional e internacional, así como en las Normas Oficiales Mexicanas.El cumplimiento irrestricto de estos compromisos nos conducirá a la reestructura de la sociedad, a un Estado igualitario, donde se respeten plenamente los derechos y libertades de todas las personas.El primer paso ya lo dieron las y los firmantes, nos toca dar seguimiento a quienes lograron el triunfo en los comicios para exigir que honren su palabra y trabajen a favor de las mujeres. La igualdad y la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones, es una obligación. (puntociego@mail.com)
