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Miércoles, 19 de Diciembre 2018

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Actuación o acto de autoridad

Por: El Informador

Actuación o acto de autoridad

Actuación o acto de autoridad

La Policía de Tlaquepaque se convirtió la mañana de ayer en la corporación número 14 en ser desarmada por fuerzas estatales y federales ante la sospecha de que sus elementos podrían tener vínculos con el crimen organizado.

El municipio concentra desde este año gran parte de la violencia homicida en la metrópoli. Los dos primeros meses registró un récord histórico de muertes.

En realidad, sólo atestiguamos una tendencia al alza desde el año pasado cuando Tlaquepaque cerró con un 32% de aumento en el número de asesinatos (153 en total).

Escudados en el argumento de que es información clasificada y de inteligencia, la Fiscalía estatal negó cualquier detalle sobre las razones o elementos para el desarme.

Por otro lado, María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, reclamó que hasta anoche nadie le había informado oficialmente acerca del aseguramiento de sus policías. Y advirtió que, si en tres días no hay resultados, se habrá tratado de una acción con “tintes político-electorales”.

La primera prueba para medir los alcances de la medida, y saber si fue un acto de autoridad o mera actuación escénica, es la disminución en el índice de homicidios en la Ciudad.

***

Indolencia ante desaparecidos

No hay palabras para describir el grado de indolencia al que llegaron las autoridades estatales y federales en el tema de personas desaparecidas.

El viernes inició la toma de muestras de ADN a familiares de desaparecidos, programa impulsado por la PGR, Policía Federal (PF) y la Fiscalía estatal.

Nada más que Pedro Hernández, coordinador estatal de la PF, y Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos, dieron el banderazo de inicio... ¡con un corte listón!

Ante la mirada atónita y las lágrimas de los familiares en espera de la toma de muestras de sangre, los funcionarios ofrecieron discursos triunfalistas y agradecimientos.

¿De verdad? Como si “celebraran” el arranque de un programa de beneficencia o una obra pública, y no otro trámite tortuoso para las víctimas que buscan con desesperación a sus familiares.

Y ese es nuestro fiscal en Derechos Humanos. Mínimo deberían ofrecer una disculpa pública.
 

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