El 22 de marzo se expidió en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley de Amnistía, entrando en vigor el jueves 23 de abril. Por medio de ésta, las personas que no hayan cometido un delito grave o sean parte de un grupo vulnerable podrán salir de la cárcel. Hoy por hoy, sin embargo, se podría argumentar que entre los propósitos más relevantes de la Ley de Amnistía está evitar la propagación de contagios dentro del territorio mexicano. La ley beneficiará a personas que hayan cometido un aborto, delitos contra la salud, robo simple y sin violencia y a indígenas que no contaran con un intérprete durante su proceso. La misma ley señala especificaciones tales como que para el delito contra la salud se aplicará si la persona se encontraba en una situación de pobreza o por una discapacidad permanente. Ahora bien, las personas que no podrán hacer uso de la ley serán las que cometieron un delito contra la vida, un secuestro, delitos con armas de fuego, terrorismo o lesiones graves. Una de las implicaciones más importantes de la ley es que extingue las acciones penales, pero la responsabilidad civil se mantiene. Se espera que el Poder Ejecutivo establezca una comisión dentro de un plazo menor a 60 días hábiles para vigilar el cumplimiento y la correcta aplicación de la ley. Para esto, cualquier familiar hasta de cuarto grado, la persona interesada o su representante pueden acudir a la comisión a solicitar la correcta aplicación de la ley, misma que será resuelta máximo en cuatro meses. La idea de la Ley de Amnistía y su contenido han sido polémicos desde hace tiempo. Estoy seguro que muchas personas cambiarán de opinión acerca de la ley si la analizamos a la luz de la actual pandemia. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y una situación global sin precedentes debido al COVID-19. Analizando la citada ley desde esa tesitura, si lo que se pretende es mitigar el número de contagios en nuestro territorio, su entrada en vigor es un gran acierto y estoy de acuerdo con ella. Lo relevante ahora será que las autoridades impulsen la ley de la manera más pronta posible para lograr evitar la propagación de esta pandemia. La comisión encargada tiene una gran responsabilidad de contestar las solicitudes de una manera fundada, pronta y expedita para salvar vidas y evitar contagios. Las personas que serán liberadas en realidad presentan poco o nulo peligro para su entorno. Como se señaló con anterioridad, la ley no contempla la liberación de personas que hayan cometido algún secuestro o lesiones graves por mencionar algunos y al final del día, nos encontramos atravesando una pandemia. Estoy seguro que salvará más de una vida.
