Lunes, 25 de Octubre 2021

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- Reabrir heridas

Por: Jaime García Elías

- Reabrir heridas

- Reabrir heridas

Insistir en que “2 de octubre no se olvida”, exige pasar en limpio -hasta donde buenamente es posible- una historia que se ha escrito accidentadamente, a borrones, sin la serenidad, la imparcialidad y la objetividad deseables, desde entonces…

-II-

El Gobierno -“whatever that means”, diría Don Daniel Cosío Villegas- ya reconoció, el año pasado, que lo del 2 de octubre del ‘68 en Tlatelolco fue un “crimen de Estado”, lo que apenas insinúa una disculpa pública a las víctimas. Curiosa disculpa, ciertamente, porque no repara, ni siquiera moralmente, a las víctimas más notorias: los aproximadamente 300 muertos y desparecidos. Curiosa disculpa, además, porque llegó demasiado tarde: cuando ya no podía ponerse nombre y apellido, procesar y sancionar a los responsables; (“deslindar responsabilidades”, como se demandaba entonces): muchos ya habían muerto o los delitos habían prescrito.

De las otras demandas incluidas en el pliego petitorio que estudiantes y grupos civiles adheridos a su movimiento -el Comité General de Huelga (CGH)- pretendían presentar ese día a las autoridades, casi todas, bien que mal, acabaron por cumplirse…

El 26 de octubre de ese mismo año, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, consiguió la liberación de 63 estudiantes detenidos el 26 de julio, por enfrentarse a la Policía cuando participaban en una marcha conmemorativa de la Revolución Cubana, y el 30 del mismo mes, cuando se refugiaron en la Preparatoria de San Ildefonso -cuya puerta fue derribada por los soldados con un bazucazo- al ser disuelto un mitin que intentaban realizar en el Zócalo (lo que dio pie, precisamente, a la creación del CGH). En 1971 fueron excarcelados otros 16 estudiantes. En 1970, tras derogarse el delito de disolución social (Art. 145 del Código Penal Federal), fueron liberados tres de los más notorios: José Revueltas, Heberto Castillo y Eli de Gortari.

Los mandos policíacos no fueron destituidos. El cuerpo de Granaderos, cuya función principal consistía en reprimir manifestantes en la vía pública, fue desaparecido apenas el año pasado por la actual jefa de Gobierno de la Ciudad de México. La indemnización a familiares de las víctimas se limitó a un acto simbólico: la integración de un “memorial virtual”. El deslindamiento de responsabilidades, prácticamente imposible ya, culminará, en el mejor de los casos, como ya se apuntó, en una disculpa pública -meramente verbal- de las actuales autoridades.

-III-

Colofón: Insistir en que aquello “no se olvida”, reabre cada año heridas que, por lo mismo, no acaban de sanar.

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