Jueves, 28 de Marzo 2024

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- Manto protector

Por: Jaime García Elías

- Manto protector

- Manto protector

Solo el doctor Hugo López-Gatell sabe si le quita el sueño la posibilidad de que pudiera ser procesado por presuntos delitos de omisión en el manejo institucional de la pandemia de covid-19 que ha ocasionado la muerte a cientos de miles de personas... o si, por el contrario, lo anima, reconforta, tranquiliza y fortalece el pronunciamiento presidencial, ayer, que lo cubre con su manto protector, al proclamar “urbi et orbi” que es “una autoridad en la materia, un hombre honesto y un auténtico servidor público”.

-II-

Más allá de lo que haya en la conciencia del funcionario en cuestión y de las respetables opiniones de su jefe, el hecho objetivo es que un juez de control (Ganther Alejandro Villar Ceballos) recogió la denuncia de dos particulares afectados por el fallecimiento de sendos familiares a causa de la pandemia. Su representante legal (Javier Coello) planteó la posibilidad de que los decesos pudieran atribuirse a negligencia médica del subsecretario para la Promoción y Protección de la Salud -y primer responsable, por tanto, del manejo de la pandemia-, Hugo López-Gatell. El referido juez resolvió solicitar a la Fiscalía General de la República “investigar las posibles omisiones” de aquél, en función de la posible comisión de un delito.

Punto...

Objetivamente, hasta ahí las cosas. ni el juez prejuzgó a López-Gatell ni ha emitido pronunciamiento alguno. al difundirse la noticia y por tratarse de un asunto de interés público, han surgido opiniones encontradas: por una parte, elogios a los esfuerzos de la administración -y del funcionario aludido en particular- por recomendar medidas y realizar acciones orientadas a evitar contagios y reducir el impacto de la pandemia; por la otra, críticas de quienes consideran erróneas, inadecuadas o insuficientes dichas acciones y medidas.

-III-

Al margen de la validez de los puntos de vista, a todas luces antagónicos, se supone que en un Estado de Derecho, primero, los ciudadanos pueden plantear denuncias como las que dieron origen a este asunto; segundo, que los jueces están obligados a darles curso; tercero, que la autoridad ministerial debe realizar las indagatorias correspondientes; y cuarto, que los demás poderes (Ejecutivo y Legislativo) deben respetar al otro (el Judicial), sin perjuicio de dar “apoyo jurídico, político y moral” al funcionario cuya probidad y eficiencia se cuestionan... pero sin descalificar las denuncias ciudadanas y las correspondientes resoluciones judiciales como expresiones de “injusticia, mala fe, odio, rencor y politiquería”, ni como indicios -¿a cuenta de qué...?- de “la inmoralidad de los conservadores”. ¿O no...?

jagelias@gmail.com

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