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Miércoles, 19 de Diciembre 2018

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- Legalidad y dignidad

Por: Jaime García Elías

- Legalidad y dignidad

- Legalidad y dignidad

No se trata de mandar “al diablo las instituciones”, como hiciera el hoy Presidente electo López Obrador al negarse a reconocer la victoria de Felipe Calderón en las elecciones de 2006. (”Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia […]; ¡que se vayan al diablo con sus instituciones!”, fue la frase completa). Claro que no… Pero tampoco se trata de asumir, ante todas las decisiones de trascendencia nacional que ha tomado desde que comenzó a actuar como Presidente de facto, la actitud, sumisa hasta la abyección, de quienes, inclinando la cerviz, acataban sus resoluciones, tuertas o derechas, con la mansedumbre cortesana de sus lacayos a sueldo…

-¿Qué horas son?

-Las que usted disponga, Señor Presidente.

-II-

El discurso del gobernador electo, Enrique Alfaro, la semana pasada, en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, fue una pieza oratoria de antología. Lo fue, en la forma, por el tono, tan enérgico como respetuoso; (como suele decirse, “Lo cortés no quita lo valiente”). Y lo fue, en el fondo, porque se trató de un encomio a la legalidad, como corresponde a un funcionario público legítimamente electo -como el destinatario de su mensaje- para el cargo que asumirá en breve…, y de un canto a la dignidad, como corresponde a un hombre bien nacido.

El manejo de las participaciones federales para los estados a través (y eventualmente al antojo) de “superdelegados” que el Presidente electo se sacó de la manga, como un prestidigitador saca conejos truculentos de la chistera; la invención de la Guardia Nacional, y, sobre todo, la asignación de funciones relacionadas con el Plan Nacional de Seguridad, por encima de las atribuciones que la Constitución confiere a estados y municipios; la ocurrencia de someter a consulta, entre muchas otras cosas incuestionables por definición, si los actos de corrupción de gobernantes y funcionarios deben investigarse y, en su caso, sancionarse, o, por el contrario, someterse al “perdón y olvido” del mandatario en vías de asumir, parecen actitudes propias de una autocracia (“Forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley”); no de una democracia que diseñó y plasmó en la ley, a través de sus constituyentes, facultades y obligaciones de los propios gobernantes.

-III-

Colofón: Jalisco es un estado; no una provincia a la usanza colonial. Su gobernador en ejercicio debe ser eso precisamente; no un dócil achichincle del tlatoani.

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