Amnistía Internacional cuestionó la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de retirar la autorización para recibir donativos a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, al advertir que la medida afecta directamente su capacidad de operación. La postura surge luego de que se diera a conocer que más de 100 asociaciones perdieron este estatus y otras 13 fueron dadas de baja por no cumplir con los requisitos establecidos.A través de su cuenta de X, la organización señaló que esta determinación implica una reducción de recursos para actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos, apoyo legal a víctimas, atención a la violencia de género y protección de territorios indígenas. También planteó que el debate no debe centrarse en control o libertad, sino en el papel que desempeñan estas organizaciones en la vigilancia del poder.Amnistía Internacional advirtió que en América se observa una tendencia creciente hacia la implementación de “leyes anti-ONG”, que bajo el argumento de promover la transparencia buscan, según dijo, limitar y debilitar a la sociedad civil. La organización sostuvo que estas agrupaciones cumplen funciones esenciales como documentar abusos, acompañar a víctimas, exigir justicia y vigilar procesos públicos, por lo que restringir su trabajo impacta al conjunto de la sociedad. Además, consideró que existe una exigencia desproporcionada hacia estas entidades frente a instituciones públicas que, señaló, no siempre transparentan el uso de recursos.Finalmente, hizo un llamado a establecer reglas claras que permitan garantizar la transparencia sin afectar el funcionamiento de las organizaciones. CT
