La economía mexicana cumple un año anclada al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero con efectos aún inciertos por la pandemia, los derechos laborales y la política energética.Cuando el T-MEC reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió de una "nueva era" que reactivaría la economía de México tras la crisis del COVID-19."Consideramos que es muy importante lo del tratado, que es muy oportuno, además en estos tiempos, que va a ayudar mucho a la economía de los tres países, que va a ayudar mucho a los pueblos de las tres naciones", consideró entonces.Pero, durante los primeros 6 meses del T-MEC el comercio entre Norteamérica decreció 4%, expuso a Efe Héctor Magaña, coordinador de Análisis e Investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey."Ha sido de claroscuros. En un principio, se tenía la expectativa de que fuera un proyecto que detonara el crecimiento de los tres países involucrados. Sin embargo, su firma se dio prácticamente a inicios de la pandemia en 2020 y las expectativas fueron disminuyendo", apuntó.Tras una contracción histórica del 8.2 % del PIB en 2020, el Gobierno mexicano ha afianzado su pronóstico de repunte de 6.5 % para este año al T-MEC, al reconocer que casi tres cuartas partes de la economía dependen del comercio internacional."Inevitablemente, somos un país cuya ventaja comparativa son las manufacturas y, en ese sentido, la recuperación y reactivación económica en Estados Unidos nos ha ido jalando", comentó en entrevista Sofía Ramírez, directora general de la asociación "México, ¿Cómo Vamos?".La economista percibió que, por la integración comercial y la recuperación de Estados Unidos, se han fortalecido rubros como la maquila, la inversión extranjera directa (IED) y las remesas, que en 2020 alcanzaron un récord de más de 40 mil 600 millones de dólares.También citó que la Secretaría de Economía reportó un récord de 11 mil 864 millones de dólares de IED en el primer trimestre del año, de los que más de 47% provinieron de Estados Unidos y Canadá, con un aumento anual de 18% de esta región.Pero, Ramírez advirtió de una caída de 39 % en la inversión de la región del T-MEC en 2020, documentada en el reporte de la UNCTAD (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)."Las cosas están funcionando como estaban funcionando, para bien y para mal. Y esas cosas eran una muy fuerte dependencia con Estados Unidos, y el T-MEC lo único que hace es consolidarla", argumentó.El profesor Héctor Magaña enunció como principales sectores beneficiados a la industria automotriz y la manufactura de cómputo, textil y química.Asimismo, resaltó que México se ha consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos en lo que va de 2021.Aun así, matizó que los efectos más tangibles del T-MEC tardarán hasta 2022, en particular porque inversionistas aún analizan la evolución de la política energética de López Obrador para fortalecer a las empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Y Petróleos Mexicanos (Pemex)."Las inversiones derivadas del T-MEC no se han producido en su totalidad y se está a la espera de cómo concluyan diversos asuntos en la economía de nuestro país, para ver si estas inversiones pueden florecer", indicó.El T-MEC también refleja desacuerdos políticos de México con Estados Unidos, en particular en energía y medioambiente, mencionó Mariana Aparicio, coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-EEUU de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)."Creo que esos dos temas han sido muy claros y van a ser tal vez una fricción política entre ambos presidentes (López Obrador y Joe Biden) en el marco del T-MEC. Y lo laboral va a ser otro gran tema", opinó.Bajo el T-MEC ya se han registrado dos quejas laborales de Estados Unidos a México por la violación de derechos sindicales y negociación colectiva, una en la planta de autopartes Tridonex en la fronteriza Matamoros y otra en la fábrica de General Motos en Guanajuato.El acuerdo se firmó cuando Donald Trump era presidente de Estados Unidos, pero los temas de interés se mantienen vigentes con Biden, dijo Aparicio."Hay un cambio en la forma, pero los temas se mantienen y sigue siendo una relación tan compleja", manifestó.El Gobierno de México trabaja en la emisión de manuales de organización y procedimientos en materia de verificación, además de que facultará a los inspectores laborales para prevenir, impedir o hasta corregir conductas contrarias a la ley que puedan llevar a que se inicien Mecanismos de Respuesta Rápida contra empresas establecidas en México, por incumplir compromisos del T-MEC.Por ello, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) capacitará y facultará a los inspectores laborales para que dejen de ser espectadores del proceso de legitimación de contratos colectivos del trabajo y tengan un papel proactivo, que puede llevar a suspender el desarrollo de una consulta de existir irregularidades.Durante la sesión pública de la primera Reunión del Consejo Laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de esa Secretaría, Esteban Martínez Mejía, expuso que en el caso del protocolo de consultas "se está pensando hacer adecuaciones a este instrumento, sobre todo en puntos muy concretos".Luego de que el Gobierno mexicano recibió dos solicitudes de revisión bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida por incumplimiento de los compromisos de T-MEC en materia de libertad sindical y legitimación de contratos colectivos contra las empresas General Motors en Silao, Guanajuato y Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, el funcionario dijo que robustecerán los protocolos, mecanismos, entre muchas otras acciones.Se piensa en medidas precautorias para los sindicatos que se aplicarán en caso de "elementos o duda razonable de que la consulta puede estar en juego", lo que se hará es solicitar al sindicato tenga ciertas condiciones para que se realice la votación.Sobre las acciones afirmó: "Primero dando mayores facultades de verificación a los inspectores, permitirles hacer libremente entrevistas a los trabajadores, a los representantes del sindicato, observadores, notarios que incluso participen en el proceso, para llegar a mayor información."Pero también que los verificadores tengan herramientas para prevenir, impedir o incluso corregir hechos o conductas que sean contrarias a la ley, es decir, pueden intervenir para requerir a los trabajadores, representantes de sindicato o a cualquier parte involucrada para que hagan algo o dejen de hacer algo, para que el procedimiento sea más eficiente", dijo Martínez Mejía.Comentó que la idea es que no sean solamente observadores sino que tengan "la posibilidad de ir más allá, tener un papel proactivo, e incluso suspender del desarrollo de una consulta si notan que existen irregularidades que puedan afectar el desarrollo o el resultado de la votación".Dijo que "derivado de la experiencia de (la planta General Motors, en) Silao, Guanajuato, se prohibirán los recuentos parciales, es decir, el escrutinio y cómputo de una consulta, se hace al final de todo el proceso, sin importar que la consulta haya sucedido en muchos días o en diferentes puntos del país".Se pedirá que se sellen las urnas, se resguarden y se sigan protocolos muy estrictos y al final de la votación se abran simultáneamente para contarlas, como se hizo con el contrato colectivo del IMSS, en una consulta que duró más de una semana con la participación de 400 mil trabajadores en 750 puntos de votación.Para el funcionario, lo acontecido con General Motors en Silao, donde se encontraron boletas destruidas, lo que llevó a Estados Unidos a iniciar una solicitud de revisión en dicha planta, "demostró la necesidad de seguir robusteciendo este instrumento y acompañarlo con otros".
