5 fraudes inmobiliarios contra adultos mayores en México

La empresa tecnológica en asuntos legales, Kallify, informó que los adultos mayores son el grupo más expuesto a riesgos en operaciones de compraventa, renta o regularización de inmuebles, esto se debe a la confianza de estas personas en terceros y su inexperiencia digital. 

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"La confianza en terceros, poca o nula experiencia en procesos digitales, procesos legales complejos y, en algunos casos, falta de acompañamiento puede abrir la puerta a engaños que terminan en pérdidas severas", señaló Diana Sandoval, directora general de la firma.

¿Cuáles son los fraudes más comunes hacia las personas de la tercera edad? 

Los fraudes inmobiliarios más comunes contra adultos mayores son: 

1. Falsificación de escrituras o firmas, ya que se alteran documentos, se falsifican firmas o se induce a la persona a firmar papeles cuyo alcance real desconoce. Esto puede derivar en contratos de compraventa, cesiones o arrendamientos fraudulentos.
2. Enganches por inmuebles inexistentes también son frecuentes donde una supuesta inmobiliaria, desarrollador o intermediario solicita anticipos o apartados por propiedades que no existen, no están disponibles o que ni siquiera pertenecen a quien las ofrece.
3. Venta de propiedades ajenas, cuando una persona intenta vender un inmueble del que no es propietario aprovechando que la parte interesada no revisó correctamente la situación registral del bien ni la identidad real del propietario.
4. Manipulación o abuso por personas cercanas, ya que no todos los riesgos provienen de desconocidos. En algunos casos, familiares, vecinos o personas de confianza manipulan documentos o decisiones patrimoniales para obtener control sobre los bienes de un adulto mayor.
5. Fraudes digitales y telefónicos consistentes en llamadas falsas, mensajes de supuestos gestores, créditos engañosos o publicaciones con ofertas demasiado atractivas que suelen apelar a la urgencia o a la promesa de una oportunidad irrepetible.

¿Cómo prevenir pérdidas patrimoniales severas?

Sandoval recomendó revisar el estado jurídico de la propiedad realizando una dictaminación jurídica con un notario, a fin de revisar la situación documental y registral del inmueble antes de cualquier operación para identificar si la propiedad está correctamente escriturada y registrada, si existen procesos sucesorios pendientes o si hay antecedentes que deban aclararse antes de vender o rentar.

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También se puede recurrir a la alerta inmobiliaria a través del Registro Público de la Propiedad. Este servicio permite recibir avisos cuando se intenta realizar algún movimiento sobre el inmueble como compraventa, embargo o hipoteca.

Contar con acompañamiento familiar, revisar cada documento y apoyarse en una dictaminación jurídica puede ayudar a detectar alertas antes de comprometer el patrimonio. 

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KR

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