Rocha Moya y el "narcoestado" en Sinaloa, según Riva Palacio

La situación jurídica del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su administración, ha alcanzado un punto de no retorno en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Según revelaciones recientes de Raymundo Riva Palacio, en su columna de hoy publicada en EL INFORMADOR, el mandatario sinaloense enfrentará cargos bajo una nueva y severa clasificación jurídica: organización terrorista.

Este escenario surge tras la designación del presidente Donald Trump, quien ha catalogado al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional estadounidense, lo que eleva el caso por encima del crimen organizado tradicional.

El "Narcoestado" en Sinaloa bajo la lupa de Manhattan

La fiscalía federal en Manhattan sostiene una acusación contundente contra el círculo cercano de Rocha Moya. De acuerdo con los expedientes, se habría edificado un "narcoestado" en Sinaloa, financiado con recursos ilícitos para asegurar la victoria electoral de 2021.

A diferencia de casos del pasado, donde exgobernadores eran señalados por actos individuales, esta investigación apunta a un andamiaje estatal criminal. Entre los señalados destacan el senador Enrique Inzunza y el exsecretario de Administración, Enrique Alfonso Díaz Vega, considerados piezas operativas clave en el presunto esquema de protección a la facción de "Los Chapitos".

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"La descripción que hicieron los fiscales en Manhattan del gobierno de Rocha Moya es la película de cómo un narcoestado se erigió con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilidades", señala la columna de opinión de Riva Palacio, que analiza el caso.

El blindaje de Palacio Nacional y el “argumento por ignorancia”

En México, el Gobierno federal ha desplegado un intenso blindaje político y militar alrededor de Rocha Moya, asegura Riva Palacio. La estrategia de defensa se ha basado en un silogismo lógico que la opinión pública califica como "argumento por ignorancia": la premisa de que, al no existir una investigación formal en México, el gobernador es materialmente inocente.

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Sin embargo, especialistas advierten que la falta de una indagatoria local responde a un cálculo político y no a la ausencia de evidencias. Cabe recordar que en 2024, Ismael “El Mayo” Zambada imputó directamente a Rocha Moya como cómplice en una carta pública, tras su captura y traslado a Estados Unidos.

Narcoterrorismo: La nueva frontera legal de Donald Trump

La suerte de los funcionarios sinaloenses está ligada a la orden ejecutiva de Donald Trump. Al ser juzgados como terroristas, las agencias estadounidenses tienen autorización para utilizar recursos excepcionales, incluyendo la vigilancia unilateral y sanciones a entidades financieras que hayan operado con el gobierno estatal.

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"Serán los primeros mexicanos condenados bajo la designación del presidente Donald Trump que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de su país", destaca el análisis de Riva Palacio.

¿Extradición o captura unilateral?

Actualmente, existe una petición de captura con fines de extradición que el Gobierno de México no ha ejecutado, amparado en la protección política al mandatario. No obstante, la presión desde Washington es creciente. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha sido enfático ante el Congreso: Estados Unidos espera que México actúe, pero de no hacerlo, se reservan el derecho de intervenir de manera unilateral.

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El futuro de Rubén Rocha Moya parece estar sentenciado en las cortes de Nueva York. Aunque hoy vive tras las "murallas" del régimen obradorista, el plazo legal de la extradición y la nueva política antiterrorista de EU sugieren que el status quo tiene fecha de caducidad, concluye Riva Palacio.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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