Familias de víctimas de ataques en el Caribe denuncian al Gobierno de Donald Trump
La demanda busca responsabilidad y reparación por los daños ocasionados en el marco de la campaña antidroga del Gobierno estadounidense
Las familias de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, ambos de Trinidad y Tobago, presentaron este martes una demanda contra la administración de Donald Trump, acusando al gobierno estadounidense de negligencia y ejecuciones extrajudiciales en un ataque ocurrido el pasado 14 de octubre de 2025 en el Caribe.
La acción legal, presentada a través de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), sostiene que las muertes de Joseph y Samaroo fueron evitables y sin justificación legal, ya que las víctimas no estaban involucradas en actividades delictivas y viajaban en una embarcación civil cuando fueron alcanzadas por el ataque.
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Desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo más de 30 ataques a embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, cerca de las costas de Venezuela y Colombia.
Estas operaciones han causado la muerte de al menos 116 personas, según reportes de autoridades y medios internacionales. El ataque más reciente, registrado el pasado viernes, resultó en la destrucción de un bote en el Pacífico, dejando dos personas fallecidas y un sobreviviente.
Los abogados de las familias argumentan que estos ataques constituyen acciones extrajudiciales ilegales y violan leyes internacionales, incluyendo el Death on the High Seas Act y el Alien Tort Statute, que protegen a civiles y extranjeros de muertes injustificadas en aguas internacionales.
Por su parte, la administración Trump ha defendido públicamente estas operaciones, describiéndolas como parte de la lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad nacional. Sin embargo, los demandantes sostienen que no hubo evidencia concreta de que Joseph y Samaroo estuvieran involucrados en actividades ilícitas, y que los ataques se realizaron sin autorización del Congreso ni supervisión judicial.
El caso marca un precedente legal importante, ya que cuestiona la política de Estados Unidos de atacar embarcaciones sospechosas en aguas internacionales y podría abrir la puerta a un escrutinio más profundo sobre las operaciones militares encubiertas en el Caribe y América Latina.
PH