La realidad a veces escupe
Para Jorge Alatorre, ejemplar de tiempo completo
Si no quieres que una potencia extranjera quede como salvadora de la Patria soberana, no des argumentos para que la gente se quede con la sensación de que el presidente de una potencia extranjera hace por cierta justicia lo que tú no haces.
Ahora que dos de los acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir a aquel país fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, solicitaron licencia para que la Fiscalía General de la República los investigue sin estorbos (ellos mismos), no se puede evitar pensar que el Departamento de Justicia logró lo que no pudo el alud de sospechas sobre las elecciones en aquella entidad en 2021, en las que el narco fue el gran elector, con evidencias aportadas por investigaciones periodísticas y por denuncias soterradas, las únicas posibles cuando no hay en quién confiar; la guerra civil en Sinaloa, que pronto cumplirá dos años, devastadora para la vida y la economía, no suscitó una reacción ética del gobernador Rocha para separarse de su cargo; tampoco apuró su salida el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, investigación que también inició la FGR y de la que no se ha sabido algo, aunque el caso tenga un tufo a Rocha Moya.
La justicia en México por estos días pasa por sus peores condiciones (y nunca ha estado en óptimas), por lo que la cancelación de la visa estadounidense equivale a la prisión preventiva, que es lo más lejos que llegan las investigaciones de cualquier fiscalía en el país.
Y entonces, con el pensamiento mágico tipo López Obrador y su “detente”, que fue su política pública más acabada para ayudar a la población contra covid-19 durante la pandemia, Claudia Sheinbaum esgrime el suyo, laico y republicano, contra la intervención de Estados Unidos, a favor del gobernador morenista con licencia y de los otros nueve que lo acompañan en la acusación del Departamento de Estado: detente, el corazón de Juárez está conmigo, y amenaza al extraño enemigo con la estampita de la soberanía, y con la invocada el viernes “nunca nos vamos a separar del pueblo”: detente.
Aunque la licencia que Rocha solicitó demuestra que ella en la mañanera es una y en la relación detrás de la puerta con sus huestes o con Estados Unidos es otra: si en verdad creyera que no hay sustento para las acusaciones contra la camarilla sinaloense, y en aras de defender la “dignidad del pueblo y de la nación”, labor a la que ha dedicado más enjundia (y saliva) que a ninguna otra, debió exigir a Rocha y a Gámez que aguantaran: ningún Gobierno va a decirnos qué hacer.
En cambio, se nota su mano en la oscuridad en esas licencias. O sea, como el detente de López Obrador, el de la presidenta tampoco ha sido útil para los fines que se propone. Enviar extrajudicialmente narcos a Estados Unidos, usar la Guardia Nacional para contener la migración al norte y no pasar del discurso patriotero y de notas diplomáticas no ha conseguido variar la actitud de Donald Trump, y es evidente que no ha apuntalado la soberanía.
Porque, además, ella está urgida -la presidenta, no la soberanía- y asimismo el país, de que el tratado de libre comercio no varíe significativamente en la revisión a la que por regla estará sometido estos meses. Si para López Obrador la pandemia no fue la gran cosa, podemos suponer que para Claudia Sheinbaum la soberanía está en las mismas: nomás le viene como anillo al dedo, aunque no tenga efectos prácticos, políticos, económicos o jurídicos.
Entonces, podemos concentrarnos, lo hemos hecho, en Rocha, en que si era del dominio público su relación con narcos; en que si los Boinas Verdes vendrán por él en una acción relámpago, tal como hicieron con Maduro; en que si Trump; en que si el ahora imputado era muy amigo del ¿ex? presidente López Obrador y en cuestionar si este tiene su barba en remojo.
Y seguir con el morbo hasta que otro golpe de información nos lleve a otro rumbo. Las preguntas de fondo por hacer, sugiero, a partir del caso Rocha Moya y sus secuaces, los obvios y los no tanto, son otras, y toca plantearlas no por incordiar al morenismo sino por comenzar a entender la circunstancia perniciosa que atraviesa el país: ¿de qué grado es la colusión de políticos, policías, miembros del Poder Judicial, partidos, Fuerzas Armadas con criminales? ¿Cuánto del territorio nacional abarca? ¿La tercera parte del país, más? ¿Cuántas mexicanas y mexicanos y empresas tributan doble, al SAT, sin remedio, y por cobro de piso y extorsión, también sin remedio? Quienes sufren estas exacciones, además de las expropiaciones extralegales, ¿tienen ante quién denunciar?, ¿pueden confiar en alguna autoridad? Quienes gobiernan, ¿qué entienden por estado democrático de derecho?
Al momento en que la presidenta de la República reclama el debido proceso para sus compañeros de partido señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿se hace cargo de la cantidad de personas que en México no gozan de la presunción de inocencia ni del tal debido proceso? ¿Lleva la cuenta de las que son juzgadas y sentenciadas por ella en sus conferencias de prensa? ¿Somos o estamos en vías de ser un narcoestado? Si Morena, dueño del Ejecutivo, del Legislativo, el Judicial y de la mayoría de las gubernaturas, intentara preguntarse a partir de la realidad constatable, en vez de hacer creer que tiene respuestas para todo -su todo es conservar el poder muera quien muera, incluida la República-, es decir, si se valiera de la inteligencia, hasta Estados Unidos le tendría algo de respeto.
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