El fiscal anticorrupción ideal
En 2014, a la par de la extinción de la PGR y la creación de la Fiscalía General como órgano autónomo (tan autónoma que entre sus titulares tenemos personajes fundadores del partido en el poder) se instituyó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Un año después, con la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, se replicó, con matices, el modelo en los Estados, con la esperanza de asfixiar la corrupción. Un contexto esperanzador frente a escándalos como la Estafa Maestra durante el sexenio de Peña Nieto.
Consolidándose a las fiscalías anticorrupción como las piedras angulares de los sistemas y, posiblemente, las más relevantes desde esta trinchera, pues son el único integrante cuya misión constitucional radica, exclusivamente, en combatir este fenómeno.
Desde entonces, cada vez que se renueva una fiscalía anticorrupción surge la misma pregunta: ¿Cuál es el perfil ideal para el cargo?
El funcionario ideal está convencido de que la corrupción es un vicio grave; sobre todo cuando es cometida por personas políticamente irrelevantes. También está persuadido de que esta no puede erradicarse del todo. Y no sean mal pensados, no es por temor a quedarse sin trabajo, sino porque sin ella desaparecería uno de los pretextos más útiles para neutralizar adversarios.
Este fiscal ideal habla con entusiasmo de “investigaciones exhaustivas”, que rara vez se judicializan y, de “casos emblemáticos”, cuyo mayor logro es una vinculación a proceso. Las sentencias, por decirlo de manera generosa, son pocas.
Dicho perfil ideal no persigue delincuentes, administra carpetas de investigación. Se inician con gran parafernalia, en rueda de prensa y flanqueado por actores relevantes de la escena pública; se engordan con oficios y testimonios, para luego dejarse reposar hasta que adquieren ese tono amarillento que otorga respetabilidad al tiempo perdido. Estas no se archivan por cobardía, sino por prudencia institucional: Nunca se sabe cuándo será útil reactivarlas.
Su olfato para detectar actos corruptos es ineludible, sobre todo en la detección de trámites menores, sellos mal puestos o en funcionarios de cuarta. Bueno, curiosamente este olfato no solo es efectivo, sino también creativo, cuando embiste contra enemigos del poder. El fiscal anticorrupción ideal actúa con agilidad tratándose de servidores públicos del “viejo régimen”, aquellos que perdieron no solo sus cargos, sino también su peso político.
En cambio, este olfato es selectivo y poco efectivo frente a contratos multimillonarios o escándalos espinosos del Gobierno en turno.
Este es el fiscal anticorrupción ideal para una clase política que no termina de comprender que la corrupción no es un vicio abstracto donde lo único que desaparece es el dinero, sino un mecanismo por el cual la sociedad pierde derechos, oportunidades y confianza en nuestras instituciones.
Recientemente, Jalisco ha designado a un nuevo fiscal anticorrupción. Afortunadamente, se trata de un perfil técnico, con experiencia profesional y académica, uno de los mejor evaluados por el Comité de Participación Social.
Desafortunadamente, la designación se dio en el marco de una terna que, aun con capacidad comprobada, planteaba dudas razonables en términos de percepción pública de independencia. Y en cargos como este, no basta con ser, también hay que parecer.
El nuevo titular tiene sobre sus espaldas una carga que ni el Pípila. Ojalá los hechos nos demuestren que no encarna al fiscal anticorrupción ideal de la clase política descrita, sino al perfil independiente que la ciudadanía espera. Mejor aún, que este proceso nos confirme que, al menos en Jalisco, esa clase política ya no existe.
Su éxito se medirá no por los encabezados en periódicos, sino por sus sentencias confirmadas, por su recuperación de activos y por su capacidad de desmantelar redes complejas de corrupción.