Combatir la corrupción… sin combatirla
El fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz, retarda casos inexplicablemente y se ha convertido en un maestro del capoteo legal.
En agosto pasado publiqué tres columnas sobre una red de al menos cinco funcionarios de la Policía Vial que anularon irregularmente más de 114 mil multas viales, lo que equivale a un posible desfalco de más de 100 millones de pesos.
Estos hechos fueron investigados y documentados por la Contraloría de Jalisco tras una auditoría de enero a septiembre de 2023 al área Jurídica de la Secretaría de Seguridad Jalisco de la cual depende la Policía Vial.
Por estas anomalías, la dependencia presentó en mayo de 2024 cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco con la evidencia y nombres de los involucrados.
Días después de la publicación de las columnas, la diputada María del Refugio Camarena y el diputado Josué Aurelio Fonseca del PRI, solicitaron información sobre el caso a la Fiscalía Anticorrupción.
El 29 de septiembre pasado llegó la respuesta del fiscal De la Cruz al Congreso de Jalisco. Respondió con evasivas como era de esperarse; los datos más concretos fueron los siguientes (tomemos en cuenta que hace un año y medio que se presentaron las denuncias):
La carpeta de investigación 393/2024 acumulada en el expediente 393/2024, indica de la Cruz, “se encuentra en etapa de investigación inicial y una vez que se concluya la inspección de los 114,323 folios y movimientos irregulares denunciados, se estará en aptitud de solicitar un dictamen de informática forense para determinar dichos movimientos y los usuarios que los realizaron, así como un dictamen contable para determinar cuál fue el detrimento como consecuencia de lo anterior”.
¿Entonces qué avanzó la Fiscalía en un año y medio?
Sobre la carpeta 482/2024 indica que “ya fue judicializada el 30 de diciembre de 2024” y turnada al juez, pero… “no se ha señalado fecha por la autoridad judicial para el desahogo de la audiencia inicial”.
De la carpeta 488/2024, informa De la Cruz, fue judicializada el 29 de noviembre de 2024 y también turnada al juez, pero tras diferirse la audiencia inicial se aplazó al 20 de enero de 2026.
Para los no abogados, en resumen, lo anterior significa que siguen revisando documentos, mandando oficios y esperando que el juez les dé cita para presentar el caso.
Pese a la gravedad y el tamaño del desfalco, la “lucha anticorrupción” en Jalisco cabe en un expediente empolvado e inmovilizado por la burocracia.
Si la Fiscalía Anticorrupción no puede -o no quiere- llevar ante un juez un caso con pruebas y responsables claramente identificados, entonces el verdadero problema ya no son sólo los funcionarios corruptos que anulan multas: es un sistema entero que normalizó la simulación.