Al son de la soberanía de ocasión
Diez mexicanos, denodados servidores públicos en el gobierno de Sinaloa, son imputados por un tribunal en Estados Unidos. Entre ellos, un gobernador en funciones (dizque), un senador, Enrique Inzunza, cuya misión era, hasta antes de ser convocado a una amable extradición, elevarse él mismo a una posición moral casi angélica para señalar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por, dijo él, aliarse con la CIA. Por lo pronto, de los diez acusados, en territorio nacional ya nomás quedan siete y medio; dos, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, decidieron conocer las mazmorras del sistema de justicia estadounidense, de las que ofrecen todos los días, todo el año, a cualquiera que permanezca en ellas, el esquema “todo incluido”, menos sol y bonitas charlas entre amigos; del otro, el gobernador Rocha, lo que se sabe son rumores porque no se le ha visto merodear en algún sitio, por eso le corresponde el medio: tal vez esté, tal vez no; bueno, sabemos también lo que la Presidenta de la República (dizque, no dizque Presidenta, dizque república) opina de él: que es un gran hombre y que no se han presentado pruebas de aquello de lo que se le acusa, que podemos englobar en un solo cargo: terrorismo, por aliarse con narcos. Y notemos el matiz: no son los narcos los que se alían con un gobernador, es al revés, o peor: son hojas de la misma ortiga.
Pero no adelantemos sentencias, presumamos la inocencia de los diez hasta en tanto un juez no diga lo contrario: los que se entregaron lo hicieron porque un tribunal los citó para comparecer, no porque reconozcan los crímenes que les imputan. Aunque esto sólo podemos aplicarlo en su trance por el juicio que les preparó el Departamento de Justicia de Estados Unidos; en México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, validada por el axioma jurídico “no vaya a ser”, congeló sus cuentas, o dicho de acuerdo con la sabiduría popular: de inocentes que no lo son, para qué nos hacemos guajes, están llenos los gobiernos y las autoridades del país. Tan es así, que la Suprema Corte validó hace poco, perversamente, que meros indicios que alimenten la sospecha de que un delito fue cometido son suficientes para iniciar una persecución fiscal, sin la mediación de un juez que refrene el autoritarismo y el abuso al que propende todo poder sin contrapesos.
Desde el 29 de abril, en que nos enteramos de que un juzgado en Nueva York había dado el visto bueno a las pesquisas de los fiscales del Departamento de Justicia para imputar a los tales diez, la Presidenta Sheinbaum, con el morenismo en pleno, se empeñó en hacer una pirueta moral, jurídica y diplomática: intentó que los cargos penales contra sus compañeros de Movimiento, especialmente los que pesan sobre Rocha Moya, se volvieran equivalentes a una invasión extranjera de las que mancillan la soberanía nacional, atenida a una concatenación de su peculiar lógica: el dueto López Obrador-Sheinbaum representa al pueblo y sabe lo que el pueblo necesita y quiere, y si ellos detentan esa representación, es natural que representen a México, a sus instituciones —por eso se las han ido apropiando de una en una—, de lo que se sigue que tengan el don de administrar la justicia: enjuician, condenan o liberan a su antojo, así sea discursivamente; por lo que, al afirmar que Rocha Moya era un gobernador ejemplar en todos sentidos, lo indultan y lo vuelven intocable, al grado que lo rodearon de guardias especiales.
Por si hiciera falta mostrar la maraña de la pirueta, ayer en Yucatán la Presidenta arengó: “Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso, jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán.” “Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México.” Seguramente no se la quieren arrebatar Canadá y Estados Unidos con el T-MEC, dado que ella urge a que la revisión y aprobación de aquél pase rápido y bien. Seguramente no se la quiere arrebatar la FIFA, que con su beneplácito ha dictado lo que durante el Mundial ha de hacerse, por lo pronto, en las ciudades sede, e indirectamente en la educación; no lo pidió, pero al espectáculo futbolístico, dedujo Mario Delgado, secretario de Educación, le vendría bien que el calendario escolar se acortara. Seguramente no se la quieren arrebatar los inversionistas foráneos; ella misma los urge para que traigan su capital al país. Ah, pero que un juez extranjero apunte a sus correligionarios: ¡a las armas, compatriotas! El razonamiento es prístino: defender a Rocha Moya es defender la inmarcesible patria, tan llena de pueblo, es decir, tan llena de la Presidenta con sus exoneraciones modelo conferencia de prensa, patria tan llena de transformación con todo y su tambaleante segundo piso.
La verdad es que la pirueta sólo ha estimulado a su grupo, y cada día menos. ¿Creerá la Presidenta que los mexicanos ven amenazado al país porque el exgobernador de Sinaloa ha dado muestras de estar aliado con criminales? ¿Es demasiada ficción imaginar al expresidente publicando un video para informar al pueblo que la agresión contra su gran amigo sinaloense es contra él y por eso mismo contra la nación, y es necesario defenderla? Mucha ficción, quizá, pero luce como el remate lógico de la cadena moral y de fervor nacionalista que han querido armar desde Palacio Nacional: cae uno, caemos todas, todos, cae el país. Pero revelar la estrategia de la Presidenta no le crea un problema irresoluble: cuando los diez estén frente a un juez, menos los que no aparezcan, más los que sigan en la lista de más buscados, el régimen tendrá a la mano su explicación: nosotros no encubrimos a nadie, no perdimos soberanía, dirá, hablé (otra vez) con el presidente Trump, fue amistoso y me respeta, ergo: respeta a México. Hemos triunfado.