El crimen de vivir con dignidad
La historia de Irma Hernández es una tragedia mexicana con todas las letras: una maestra jubilada, convertida en taxista para sobrevivir, asesinada por no pagar “cuota de plaza” a un grupo criminal. No es una historia de ficción ni un capítulo más del realismo trágico nacional: es la vida —y la muerte— de miles que hoy, en este país, caminan la delgada línea entre sobrevivir y caer en la estadística.
Irma educó a generaciones enteras. Fue pilar de una comunidad, sembradora de futuro. Pero cuando llegó su retiro, el sistema la premió con una pensión que no alcanzaba para comer, menos aún para sobrellevar una enfermedad o vivir con dignidad. Y es así como la maestra, que durante décadas trabajó para el Estado, terminó su vida buscando ingresos en un volante ajeno, en una ciudad tomada por intereses que no son los de la ley, ni del pueblo, ni de la justicia.
Detrás de esta historia hay una cadena de fracasos:
Primero, la precarización del trabajo y la miseria disfrazada de pensión. Jubilados que deben seguir trabajando no por gusto, sino por necesidad, son un símbolo de un país que castiga a quienes entregaron su vida al servicio público, a ser productivos. El jubilado no pide riqueza sino dignidad.
Segundo, la inseguridad que se ha vuelto paisaje. No la inseguridad abstracta de cifras y reportes vacíos, sino la concreta: la que se siente en cada esquina, la que decide quién vive y quién muere, la que cobra derecho de piso como si se tratara de una tarifa institucional.
Tercero, el monstruo de la extorsión, esa epidemia silenciosa que arruina comercios, desaparece oficios, y también se cobra vidas. Hoy es más común de pago la cuota de plaza que la del impuesto predial. Se paga por miedo, se paga por costumbre, se paga porque ya no hay autoridad que proteja a nadie que no tenga escoltas, y a veces ni con ellos ajusta.
Y finalmente, el más devastador de todos: la normalización. Hemos dejado de conmovernos. A veces, ni siquiera nos indignamos. Solo registramos el hecho, lo compartimos un par de veces, y seguimos. Como si no se tratara de una tragedia nacional, sino de una rutina ineludible.
Pero en el fondo, lo más alarmante es esto: el crimen organizado ha ocupado las funciones del Estado. Cobran impuestos —llámese derecho de piso—, brindan “seguridad” —a cambio de sumisión—, y regulan el trabajo —con amenazas y violencia. Son, de facto, autoridades paralelas. No solo porque actúan con impunidad, sino porque llenan el vacío que los gobiernos, en todos los niveles, han dejado crecer por cobardía, complicidad o simple ineptitud.
El Estado ya no manda en vastas regiones del país. No gobierna, no protege, no impone justicia. Delegó su deber en el crimen, y este lo ha asumido con eficacia perversa. Las calles ya no responden a las leyes escritas en papel, sino a las que dictan los cárteles con plomo, miedo y silencio.
Irma no fue víctima del azar. Fue víctima de un sistema fallido, de un país que castiga al que trabaja y premia al que amenaza. Su asesinato no es un hecho aislado. Es una muestra de que, en México, hay zonas donde ser honesto y valiente puede costarte la vida.
Hoy Irma es nombre propio, pero mañana puede ser cualquier otro. Porque mientras no se recupere el control del territorio, mientras el Estado no asuma su deber de proteger, mientras no haya justicia ni condiciones de vida dignas para los más vulnerables, este país seguirá siendo eso: un territorio compartido entre los que mandan sin ley… y los que mueren sin voz.