Jalisco
Llama MC a presentar denuncia por desfalco
La fracción considera que existen elementos suficientes para que la FGE investigue el presunto delito de desvío de recursos
GUADALAJARA, JALISCO (16/JUL/2013).- La presentación de una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por la contratación de dos empresas que suponen un desfalco por más de 50 millones de pesos al Congreso del Estado, durante la pasada Legislatura, no se debe posponer un día más, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Clemente Castañeda.
El legislador de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que existen elementos suficientes para solicitarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue por el presunto delito de desvío de recursos o desfalco al Congreso y lamentó el argumento que ha presentado el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, y que ha sido avalado por el líder de los legisladores perredistas, Enrique Velázquez, para posponer la presentación de una denuncia penal.
Ambos legisladores han solicitado en tres ocasiones que se posponga la discusión para presentar una denuncia penal por la contratación de dos empresas, Sistemas Administrativos Empresariales (SAE) y Ola Outsourcing, argumentando que, antes de determinar el grado de responsabilidad por el pago de los servicios a las empresas, es necesario saber si cumplieron con su cometido, que era llevar a cabo las gestiones necesarias para reintegrar recursos a las arcas del Congreso por concepto de pagos de impuestos.
Los líderes parlamentarios del PRI, Miguel Castro, y del PRD, Enrique Velázquez, pidieron que no se presentara denuncia alguna hasta en tanto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) respondiera si las empresas hicieron las gestiones ante Hacienda para condonar el pago de impuestos.
"La respuesta del SAT es irrelevante y las irregularidades cometidas en la firma de estos contratos son suficientes para suponer la comisión de un delito. No existe la determinación de parte del PRI, ni del PRD, ni del Verde para tomar decisiones serias. El argumento de que pidamos información al SAT es un argumento que para lo único que sirve es para patear el bote, no cambian los hechos", dijo el presidente de la Junta de Coordinación.
Clemente Castañeda señaló que lo más importante es que el Congreso como institución presente las denuncias correspondientes y no de manera aislada.
"Una vez más en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política se someterá a votación; estamos convencidos de que la respuesta del SAT es irrelevante para el tema que estamos tratando".
Hace aproximadamente un mes la fracción parlamentaria del PAN presentó una denuncia en contra quien resulte responsable por el presunto desfalco.
El líder de la bancada panista, Gildardo Guerrero, denunció hace casi dos meses el presunto delito y señaló como presuntos responsables a los ex secretarios generales del Congreso, Carlos Corona Martín del Campo y Manuel Correa Ceseña.
Los hechos
1. El Congreso local firmó con la empresa OLA Outsourcing un primer contrato el 2 de marzo de 2010, para verificar el correcto cumplimiento en el pago de contribuciones federales por concepto de ISR por los ejercicios fiscales de 2006 a 2009.
Un segundo contrato celebrado el 1 de septiembre del 2010 se hizo para que la misma empresa asesorara para el trámite de la devolución o compensación de saldos a favor del Congreso, en el pago de contribuciones federales en materia de ISR por los mismos ejercicios fiscales.
2. Un mes antes, en agosto de 2010, se contrató a la empresa Sistemas Administrativos Empresariales (SAE), para la eliminación de un crédito fiscal y/o su diferimiento. Según el contrato: "De acuerdo a los informes de auditorías externas contratadas por esta administración -con OLA Outsourcing- se estuvieron realizando saldos a favor inexistentes desde el mes de febrero del 2009, y que por lo tanto, se ha omitido el entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores desde esa fecha y hasta la firma del presente".
Irregularidades señaladas por MC y PAN
1. No se hizo el procedimiento adecuado para realizar el contrato con dichas empresas, ya que no se compararon las propuestas con base en su precio y servicio, y se rebasó por mucho el tope máximo de dos mil salarios mínimos estipulado para una adjudicación directa, y lo que es más grave, es que no se exhibió fianza que garantizara el cumplimiento del contrato.
2. La empresa OLA Outsourcing, en sus facturas, tiene el mismo número de teléfono que el de la empresa SAE, y el representante de la empresa OLA Outsourcing se exhibe como apoderado en el Acta Constitutiva de la empresa SAE. Estos hechos demuestran la complicidad existente entre ambas empresas, así como la comisión de un posible fraude por parte de los implicados.
3. Los pagos efectuados a la empresa OLA Outsourcing son por un monto de casi el doble de lo que se establecía en el contrato. Se acordó un monto de 12 millones 760 mil pesos y se pagaron 22 millones 310 mil. A la empresa SAE se le pagaron 16 millones de pesos por realizar gestiones ante el SAT, de las que ni siquiera se tiene constancia porque no contamos con el supuesto oficio de solicitud de adhesión ante el SAT.
4. Se supone que la contratación de SAE versa sobre las resoluciones emitidas por OLA Outsourcing, por la omisión del pago de ISR del año 2009 al 2010 por parte del Congreso de Jalisco; sin embargo, la empresa OLA fue contratada para auditar solamente los ejercicios fiscales de 2006, 2007, 2008 y 2009. Por lo tanto, no existe ninguna justificación que avale la contratación de SAE a partir de las conclusiones de OLA.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
El legislador de Movimiento Ciudadano (MC) consideró que existen elementos suficientes para solicitarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue por el presunto delito de desvío de recursos o desfalco al Congreso y lamentó el argumento que ha presentado el coordinador de los diputados del PRI, Miguel Castro Reynoso, y que ha sido avalado por el líder de los legisladores perredistas, Enrique Velázquez, para posponer la presentación de una denuncia penal.
Ambos legisladores han solicitado en tres ocasiones que se posponga la discusión para presentar una denuncia penal por la contratación de dos empresas, Sistemas Administrativos Empresariales (SAE) y Ola Outsourcing, argumentando que, antes de determinar el grado de responsabilidad por el pago de los servicios a las empresas, es necesario saber si cumplieron con su cometido, que era llevar a cabo las gestiones necesarias para reintegrar recursos a las arcas del Congreso por concepto de pagos de impuestos.
Los líderes parlamentarios del PRI, Miguel Castro, y del PRD, Enrique Velázquez, pidieron que no se presentara denuncia alguna hasta en tanto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) respondiera si las empresas hicieron las gestiones ante Hacienda para condonar el pago de impuestos.
"La respuesta del SAT es irrelevante y las irregularidades cometidas en la firma de estos contratos son suficientes para suponer la comisión de un delito. No existe la determinación de parte del PRI, ni del PRD, ni del Verde para tomar decisiones serias. El argumento de que pidamos información al SAT es un argumento que para lo único que sirve es para patear el bote, no cambian los hechos", dijo el presidente de la Junta de Coordinación.
Clemente Castañeda señaló que lo más importante es que el Congreso como institución presente las denuncias correspondientes y no de manera aislada.
"Una vez más en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política se someterá a votación; estamos convencidos de que la respuesta del SAT es irrelevante para el tema que estamos tratando".
Hace aproximadamente un mes la fracción parlamentaria del PAN presentó una denuncia en contra quien resulte responsable por el presunto desfalco.
El líder de la bancada panista, Gildardo Guerrero, denunció hace casi dos meses el presunto delito y señaló como presuntos responsables a los ex secretarios generales del Congreso, Carlos Corona Martín del Campo y Manuel Correa Ceseña.
Los hechos
1. El Congreso local firmó con la empresa OLA Outsourcing un primer contrato el 2 de marzo de 2010, para verificar el correcto cumplimiento en el pago de contribuciones federales por concepto de ISR por los ejercicios fiscales de 2006 a 2009.
Un segundo contrato celebrado el 1 de septiembre del 2010 se hizo para que la misma empresa asesorara para el trámite de la devolución o compensación de saldos a favor del Congreso, en el pago de contribuciones federales en materia de ISR por los mismos ejercicios fiscales.
2. Un mes antes, en agosto de 2010, se contrató a la empresa Sistemas Administrativos Empresariales (SAE), para la eliminación de un crédito fiscal y/o su diferimiento. Según el contrato: "De acuerdo a los informes de auditorías externas contratadas por esta administración -con OLA Outsourcing- se estuvieron realizando saldos a favor inexistentes desde el mes de febrero del 2009, y que por lo tanto, se ha omitido el entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a los trabajadores desde esa fecha y hasta la firma del presente".
Irregularidades señaladas por MC y PAN
1. No se hizo el procedimiento adecuado para realizar el contrato con dichas empresas, ya que no se compararon las propuestas con base en su precio y servicio, y se rebasó por mucho el tope máximo de dos mil salarios mínimos estipulado para una adjudicación directa, y lo que es más grave, es que no se exhibió fianza que garantizara el cumplimiento del contrato.
2. La empresa OLA Outsourcing, en sus facturas, tiene el mismo número de teléfono que el de la empresa SAE, y el representante de la empresa OLA Outsourcing se exhibe como apoderado en el Acta Constitutiva de la empresa SAE. Estos hechos demuestran la complicidad existente entre ambas empresas, así como la comisión de un posible fraude por parte de los implicados.
3. Los pagos efectuados a la empresa OLA Outsourcing son por un monto de casi el doble de lo que se establecía en el contrato. Se acordó un monto de 12 millones 760 mil pesos y se pagaron 22 millones 310 mil. A la empresa SAE se le pagaron 16 millones de pesos por realizar gestiones ante el SAT, de las que ni siquiera se tiene constancia porque no contamos con el supuesto oficio de solicitud de adhesión ante el SAT.
4. Se supone que la contratación de SAE versa sobre las resoluciones emitidas por OLA Outsourcing, por la omisión del pago de ISR del año 2009 al 2010 por parte del Congreso de Jalisco; sin embargo, la empresa OLA fue contratada para auditar solamente los ejercicios fiscales de 2006, 2007, 2008 y 2009. Por lo tanto, no existe ninguna justificación que avale la contratación de SAE a partir de las conclusiones de OLA.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ