Jalisco
Ley de Control de Confianza detenida, PRI responsabiliza al PAN
El diputado Sergio Armando Chávez lamentó que esta propuesta se esté politizando
GUADALAJARA, JALISCO (06/DIC/2011).- La iniciativa de Ley de Control de Confianza está “atorada” por la irresponsabilidad de los legisladores de la Fracción del PAN, consideró el diputado del PRI, Sergio Armando Chávez Dávalos quien lamentó que esta propuesta se esté politizando de forma irresponsable por los legisladores panistas.
“Desgraciadamente está atorada en primera lectura, por la propuesta del PAN, de que se cree en los exámenes de control de confianza los aplique un nuevo organismo ciudadano, en lugar del Centro de Control de Confianza. Nosotros no lo aceptamos, porque eso implicaría engordar la nómina del Estado y meternos a cosas de política, es decir que politizaría este tema, ya que los ciudadanos tendrían que surgir con el apoyo de los partidos políticos. Además, se quedó atorado a raíz del cambio de coordinador de la Fracción del PAN, yo he estado insistiendo desde hace más de 20 días con uno y con otro, darle un seguimiento, yo ya estoy poniendo un plazo de que antes de que termine este año debemos aprobarlo, si no es así yo no me haré responsable de que no salga esta ley”.
Agregó que el hecho que estén detenidas estas propuestas afecta la imagen de los legisladores locales.
“Nos estamos viendo mal como Congreso del Estado. Sí es lastimoso de que Jalisco, estando en una etapa crítica de seguridad, estemos todavía en ocurrencias y no apliquemos esta Ley de Control de Confianza”, expuso.
Esta propuesta de Ley forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad y justicia enviadas desde marzo de 2009 por el gobernador estatal y entre otras cosas incluye la obligatoriedad para que todos los servidores públicos que tengan que ver con la impartición de justicia se sometan periódicamente a pruebas toxicológicas, patrimoniales y de polígrafo, entre otras.
Los procesos de evaluación tienen por objeto comprobar que los servidores públicos cumplan con el perfil y los requisitos de ingreso y permanencia en la institución donde estén adscritos.
La Ley podrá ser aplicada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los Municipios, previo acuerdo con el Centro Estatal de Control de Confianza, que a su vez seguirá los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta iniciativa se aprobó por las comisiones legislativas de Justicia; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; y Seguridad Pública y Protección Civil el pasado mes de julio.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
“Desgraciadamente está atorada en primera lectura, por la propuesta del PAN, de que se cree en los exámenes de control de confianza los aplique un nuevo organismo ciudadano, en lugar del Centro de Control de Confianza. Nosotros no lo aceptamos, porque eso implicaría engordar la nómina del Estado y meternos a cosas de política, es decir que politizaría este tema, ya que los ciudadanos tendrían que surgir con el apoyo de los partidos políticos. Además, se quedó atorado a raíz del cambio de coordinador de la Fracción del PAN, yo he estado insistiendo desde hace más de 20 días con uno y con otro, darle un seguimiento, yo ya estoy poniendo un plazo de que antes de que termine este año debemos aprobarlo, si no es así yo no me haré responsable de que no salga esta ley”.
Agregó que el hecho que estén detenidas estas propuestas afecta la imagen de los legisladores locales.
“Nos estamos viendo mal como Congreso del Estado. Sí es lastimoso de que Jalisco, estando en una etapa crítica de seguridad, estemos todavía en ocurrencias y no apliquemos esta Ley de Control de Confianza”, expuso.
Esta propuesta de Ley forma parte del paquete de reformas en materia de seguridad y justicia enviadas desde marzo de 2009 por el gobernador estatal y entre otras cosas incluye la obligatoriedad para que todos los servidores públicos que tengan que ver con la impartición de justicia se sometan periódicamente a pruebas toxicológicas, patrimoniales y de polígrafo, entre otras.
Los procesos de evaluación tienen por objeto comprobar que los servidores públicos cumplan con el perfil y los requisitos de ingreso y permanencia en la institución donde estén adscritos.
La Ley podrá ser aplicada por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los Municipios, previo acuerdo con el Centro Estatal de Control de Confianza, que a su vez seguirá los lineamientos del Centro Nacional de Certificación y Acreditación y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta iniciativa se aprobó por las comisiones legislativas de Justicia; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos; y Seguridad Pública y Protección Civil el pasado mes de julio.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ