Jalisco
Directora jurídica del congreso presenta su renuncia
Mesa directiva del Legislativo local aún no tiene quien la sustituya
GUADALAJARA, JALISCO (26/MAR/2014).- Después de dos semanas que el secretario General del Congreso, Marco Antonio Daza le solicitó su renuncia a la abogada del
Poder Legislativo, este miércoles, Raquel Álvarez quien fungió como titular de la Dirección Jurídica durante 14 meses entregó su renuncia y su despacho.
La presidenta del Congreso, Norma Angélica Cordero confirmó que por la mañana se le notificó de manera oficial que la renuncia se hizo efectiva.
"Aún no tenemos nombre de quien la sustituiría. El representante legal (del Congreso) soy yo y me coordino con el equipo, con los abogados del jurídico y con el secretario general", explicó la presidenta del Congreso.
De acuerdo con versiones de diputados locales uno de los motivos por los que se demoró la entrega de su renuncia fue la negociación para que la funcionaria dejara el cargo, de acuerdo con algunas versiones la abogada recibió un finiquito de seis meses de sueldo que se traduce en un monto cercano a los 400 mil pesos.
La ex directora jurídica de ese poder, Raquel Álvarez Hernández aclaró que la petición de su renuncia no se dio por falta de capacidad, ni mucho menos por pérdida de confianza como diputados locales afirmaron, señaló que se da por motivos políticos.
"Niego categóricamente que salga de esta dirección porque he hecho mal mi trabajo, los diputados que afirman eso, dañan mi prestigio, me causan un agravio moral a mi persona y a mi trabajo", dijo la ex abogada del Congreso quien calificó la decisión de la Secretaría General como un acto político debido a la cercanía de la directora jurídica con el diputado, Víctor Manuel Sánchez Orozco quien forma parte del grupo disidente G9.
"Definitivamente, ese ha sido el motivo (político), y además quizá resulto un poco incómoda para algunos diputados", dijo.
La abogada afirmó que en los tres casos polémicos que tiene el Congreso en términos jurídicos: la defensa del Caso López Castro, el nombramiento de magistrados del Tribunal de Administrativo (TAE) y en los laudos, se ha actuado de manera adecuada y consideró que si siguen la línea de defensa ha llevado la actual Dirección podrán resolverse a favor del Poder Legislativo.
Espacio del PAN
La Dirección Jurídica del Congreso fue un espacio que logró obtener el Partido Acción Nacional ( PAN), luego del reparto que hicieron los diputados del PAN, MC y PRD en una alianza que conformaron en contra del PRI, al inicio de la actual Legislatura, la fracción parlamentaria del Acción Nacional aceptó dejarle ese espacio a un perfil cercano al diputado, Víctor Sánchez; luego de la conformación del llamado grupo G9, los diputados locales a propuesta del PAN decidieron que ese espacio ya no debería ser del legislador disidente.
El coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Guerrero señaló que aún no tienen designado un perfil para ocupar el cargo de abogado del Congreso.
El polémico nombramiento provisional de dos magistrados del TAE
En el Congreso existen dos posturas, quienes aseguran que el Congreso incumplió una resolución de un juez de distrito al nombrar a dos magistrados del TAE suplentes y con ello entró en desacato y otros que consideran que la interpretación de la resolución del juez da la facultad a los diputados de nombrar a magistrados provisionales hasta en tanto se resuelve de fondo la inconformidad de los magistrados salientes: Patricia Campos y León Figueroa.
El diputado del PAN, Víctor Sánchez y los integrantes del G9 consideran que el Congreso sí incurrió en desacato, la ex abogada del Legislativo se abstuvo de dar su punto de vista, aunque previo a la elección de dichos magistrados, comentó con coordinadores los posibles riesgos de los nombramientos.
"Hay dos cuestiones que aún se tienen que resolver, hay denuncias de violación a la suspensión y hay que esperar que se resuelva el principal, si se protege a los quejosos -los ex magistrados Patricia Campos y León Figueroa- o a los diputados", explicó la exfuncionaria.
Los laudos en el Congreso
Respecto a las denuncias en materia laboral que enfrenta el Congreso, la ex directora jurídica señaló que de manera histórica en las últimas legislaturas, los actuales abogados que laboran en el área jurídica "hemos logrado revertir los números que por casusas ajenas a esta dirección nos llevaban a perder, porque no se entregaban los documentos del área de Recursos Humanos, porque no había elementos para ganar laudos. Actualmente los últimos laudos son a favor del Congreso porque han sido defendidos profesionalmente por abogados del Congreso".
De acuerdo con datos proporcionados por la ex abogada, el Poder Legislativo ha generado ahorros por cerca de seis millones de pesos, en proceso legales y ha logrado recuperar al menos 50 plazas que estaban en litigio.
Caso López Castro
La contratación que hizo el Congreso local a la Consultora López Castro y Compañía en 2009, "es claro que es un burdo fraude, perpetrado por personas a las que se les investiga algunas de ellas empleadas de la 58 Legislatura", afirmó la ex directora jurídica del Congreso local, Raquel Álvarez Hernández.
La ex funcionaria estimó que existen elementos para que la autoridad federal le dé la razón al Congreso local y de por anulado el convenio que signaron ese poder y la Consultora López Castro de manera presuntamente irregular.
"Sabemos que el contrato no fue firmado por quien dice que lo firmó, a uno de los involucrados se le preguntó si había firmado y ante el Ministerio Público reconoció que no es su firma, que no conoce a las personas de López Castro, que no ha tenido trato con el Poder Legislativo, dice que sus identificación fue sustraída para tomar sus datos y a simple vista, nos damos cuenta que el nombre aparece en los contratos entre el Congreso y López Castro a través de Sergio Juárez Rivera, la firma es notoriamente distinta, si es así, y es certificado por un perito, el contrato es nulo y no tiene validez y con ello el Congreso se libra de pagar el adeudo que tiene con la Consultora", señaló.
Esta afirmación, sustenta el reporte que entregó la Fiscalía General a los diputados en el que señala que la autoridad correspondiente suspendió el proceso pericial para analizar la veracidad de las firmas de Alfredo Argüelles -entonces secretario General del Poder Legislativo- y de Sergio Juárez -quien supuestamente representaba a la empresa López Castro- ambos signaron dicho convenio.
A los involucrados, se les preguntó si reconocían su firma, el segundo aseveró tajantemente que él no signó dicho documento; el proceso está detenido debido a que un tercero interpuso un amparo para suspender la investigación; se trata de Filiberto Ruiz Gómez quien a nombre de la Consultora López Castro pidió que la Fiscalía suspendiera el proceso.
De esta manera, la Fiscalía General informó a los diputados que esta investigación está detenida hasta que se resuelva el amparo promovido por la empresa contratada por el Congreso.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
La presidenta del Congreso, Norma Angélica Cordero confirmó que por la mañana se le notificó de manera oficial que la renuncia se hizo efectiva.
"Aún no tenemos nombre de quien la sustituiría. El representante legal (del Congreso) soy yo y me coordino con el equipo, con los abogados del jurídico y con el secretario general", explicó la presidenta del Congreso.
De acuerdo con versiones de diputados locales uno de los motivos por los que se demoró la entrega de su renuncia fue la negociación para que la funcionaria dejara el cargo, de acuerdo con algunas versiones la abogada recibió un finiquito de seis meses de sueldo que se traduce en un monto cercano a los 400 mil pesos.
La ex directora jurídica de ese poder, Raquel Álvarez Hernández aclaró que la petición de su renuncia no se dio por falta de capacidad, ni mucho menos por pérdida de confianza como diputados locales afirmaron, señaló que se da por motivos políticos.
"Niego categóricamente que salga de esta dirección porque he hecho mal mi trabajo, los diputados que afirman eso, dañan mi prestigio, me causan un agravio moral a mi persona y a mi trabajo", dijo la ex abogada del Congreso quien calificó la decisión de la Secretaría General como un acto político debido a la cercanía de la directora jurídica con el diputado, Víctor Manuel Sánchez Orozco quien forma parte del grupo disidente G9.
"Definitivamente, ese ha sido el motivo (político), y además quizá resulto un poco incómoda para algunos diputados", dijo.
La abogada afirmó que en los tres casos polémicos que tiene el Congreso en términos jurídicos: la defensa del Caso López Castro, el nombramiento de magistrados del Tribunal de Administrativo (TAE) y en los laudos, se ha actuado de manera adecuada y consideró que si siguen la línea de defensa ha llevado la actual Dirección podrán resolverse a favor del Poder Legislativo.
Espacio del PAN
La Dirección Jurídica del Congreso fue un espacio que logró obtener el Partido Acción Nacional ( PAN), luego del reparto que hicieron los diputados del PAN, MC y PRD en una alianza que conformaron en contra del PRI, al inicio de la actual Legislatura, la fracción parlamentaria del Acción Nacional aceptó dejarle ese espacio a un perfil cercano al diputado, Víctor Sánchez; luego de la conformación del llamado grupo G9, los diputados locales a propuesta del PAN decidieron que ese espacio ya no debería ser del legislador disidente.
El coordinador de los diputados del PAN, Gildardo Guerrero señaló que aún no tienen designado un perfil para ocupar el cargo de abogado del Congreso.
El polémico nombramiento provisional de dos magistrados del TAE
En el Congreso existen dos posturas, quienes aseguran que el Congreso incumplió una resolución de un juez de distrito al nombrar a dos magistrados del TAE suplentes y con ello entró en desacato y otros que consideran que la interpretación de la resolución del juez da la facultad a los diputados de nombrar a magistrados provisionales hasta en tanto se resuelve de fondo la inconformidad de los magistrados salientes: Patricia Campos y León Figueroa.
El diputado del PAN, Víctor Sánchez y los integrantes del G9 consideran que el Congreso sí incurrió en desacato, la ex abogada del Legislativo se abstuvo de dar su punto de vista, aunque previo a la elección de dichos magistrados, comentó con coordinadores los posibles riesgos de los nombramientos.
"Hay dos cuestiones que aún se tienen que resolver, hay denuncias de violación a la suspensión y hay que esperar que se resuelva el principal, si se protege a los quejosos -los ex magistrados Patricia Campos y León Figueroa- o a los diputados", explicó la exfuncionaria.
Los laudos en el Congreso
Respecto a las denuncias en materia laboral que enfrenta el Congreso, la ex directora jurídica señaló que de manera histórica en las últimas legislaturas, los actuales abogados que laboran en el área jurídica "hemos logrado revertir los números que por casusas ajenas a esta dirección nos llevaban a perder, porque no se entregaban los documentos del área de Recursos Humanos, porque no había elementos para ganar laudos. Actualmente los últimos laudos son a favor del Congreso porque han sido defendidos profesionalmente por abogados del Congreso".
De acuerdo con datos proporcionados por la ex abogada, el Poder Legislativo ha generado ahorros por cerca de seis millones de pesos, en proceso legales y ha logrado recuperar al menos 50 plazas que estaban en litigio.
Caso López Castro
La contratación que hizo el Congreso local a la Consultora López Castro y Compañía en 2009, "es claro que es un burdo fraude, perpetrado por personas a las que se les investiga algunas de ellas empleadas de la 58 Legislatura", afirmó la ex directora jurídica del Congreso local, Raquel Álvarez Hernández.
La ex funcionaria estimó que existen elementos para que la autoridad federal le dé la razón al Congreso local y de por anulado el convenio que signaron ese poder y la Consultora López Castro de manera presuntamente irregular.
"Sabemos que el contrato no fue firmado por quien dice que lo firmó, a uno de los involucrados se le preguntó si había firmado y ante el Ministerio Público reconoció que no es su firma, que no conoce a las personas de López Castro, que no ha tenido trato con el Poder Legislativo, dice que sus identificación fue sustraída para tomar sus datos y a simple vista, nos damos cuenta que el nombre aparece en los contratos entre el Congreso y López Castro a través de Sergio Juárez Rivera, la firma es notoriamente distinta, si es así, y es certificado por un perito, el contrato es nulo y no tiene validez y con ello el Congreso se libra de pagar el adeudo que tiene con la Consultora", señaló.
Esta afirmación, sustenta el reporte que entregó la Fiscalía General a los diputados en el que señala que la autoridad correspondiente suspendió el proceso pericial para analizar la veracidad de las firmas de Alfredo Argüelles -entonces secretario General del Poder Legislativo- y de Sergio Juárez -quien supuestamente representaba a la empresa López Castro- ambos signaron dicho convenio.
A los involucrados, se les preguntó si reconocían su firma, el segundo aseveró tajantemente que él no signó dicho documento; el proceso está detenido debido a que un tercero interpuso un amparo para suspender la investigación; se trata de Filiberto Ruiz Gómez quien a nombre de la Consultora López Castro pidió que la Fiscalía suspendiera el proceso.
De esta manera, la Fiscalía General informó a los diputados que esta investigación está detenida hasta que se resuelva el amparo promovido por la empresa contratada por el Congreso.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ