Internacional
Se calienta la batalla por reforma migratoria
La nueva ofensiva contra los indocumentados amenaza con convulsionar este fenómeno, en un país con 12 millones de ilegales
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La nueva ley que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en Arizona prefigura una pelea legal con la Casa Blanca y provocará la reactivación del debate nacional sobre migración, coincidió la prensa estadounidense.
En Estados Unidos hay 12 millones de personas sin papales, y de ellos 400 mil viven en Arizona.
“The Washington Post” y “The New York Times” coincidieron que la promulgación de la legislación, la más restrictiva en el país, por la gobernadora republicana Jan Brewer, está inmersa en la política electoral estatal, ya que ella enfrenta una dura elección primaria.
“Brewer sentó las bases para una confrontación con la administración Obama y reactivó el debate nacional (sobre reforma migratoria) siete meses antes de las elecciones legislativas de medio mandato”, señaló el “Post”.
Hizo notar que la reacción de los demócratas fue de crítica a la legislación, en tanto que la de los republicanos fue más moderada “reflejando una división sobre si buscar leyes migratorias más estrictas o cortejar al creciente número de votantes inmigrantes”.
“The New York Times” coincidió en que la promulgación de la ley, que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona, no sólo desencadenó protestas inmediatas, sino recalentó la batalla por la reforma migratoria a escala nacional.
“El debate político que condujo a la decisión de la señora Brewer y la crítica del presidente Obama” subrayó el poder del debate migratorio en estados fronterizos con México”, señaló el diario neoyorquino.
“Presagió los contrastantes argumentos que le esperan al presidente y al Congreso conforme lidian con el tema (de la reforma migratoria) a nivel nacional”.
Abogados del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca analizaron de inmediato la ley de Arizona, que entra en vigor en 90 días, para determinar si amerita una intervención del Gobierno federal ante una posible violación de los derechos civiles.
La legislación fue promulgada en coincidencia con la decisión del líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, de acelerar la consideración de una iniciativa de reforma migratoria, con vistas a su posible voto en 2010, incluso antes de las elecciones de noviembre.
Señales de alerta
“Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo”, advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios.
La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de “dudas razonables” de que puedan ser ilegales. Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del Estado.
Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y registros personales ilegales, simplemente debido a la apariencia de las personas.
La disposición legal requiere que los extranjeros en Arizona porten siempre sus documentos de inmigración y la Policía probablemente va a detener e interrogar más a las personas de aspecto “hispano” que a las demás. NTX/EFE
Arizona
Población: Seis millones 595 mil 778 (2009). Sexto Estado más grande de Estados Unidos.
Capital: Phoenix.
Admisión a la Unión: 14 de febrero 1912. Fue en ese entonces el Estado 48.
Extensión: 295 mil kilómetros cuadrados.
Idiomas: Inglés 74%, español 20 por ciento.
Gobernadora: Jan Brewer, republicana.
CLAVES
Para saber
Los adversarios de la norma opinan que, en un Estado donde hay más de 1.8 millones de hispanos (29% de la población de Arizona), entre ellos unos 420 mil inmigrantes indocumentados, es muy difícil que pueda aplicarse sin que la Policía se enfoque en los latinos.
Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la Policía use “solamente” la “raza”, es decir los rasgos físicos, la apariencia, para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero la ley no prohíbe que ése sea uno de los factores.
Más de 50% de los ilegales que han muerto en su intento por cruzar hacia Estados Unidos desde 2004 a la fecha —identificados como mexicanos o que se presume que lo eran—, han perdido la vida en el estado de Arizona, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación anunció que iniciará una querella contra la nueva ley de Arizona. La Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal (que agrupa a unas 30 mil iglesias evangélicas en todo Estados Unidos), señaló que también su grupo prepara una demanda.
John McCain opta por atacar la inmigración indocumentada
El republicano John McCain, candidato presidencial perdedor ante Barack Obama, se ha convertido en un ferviente antiinmigrante, y lo ratifica ahora que en el Estado de Arizona la gobernadora Jan Brewer firmó una ley que considera delincuente a los indocumentados.
Paradójicamente, McCain estuvo ayer en Tucson y Casa Grande, Arizona, en campaña hacia un quinto periodo en el Senado de Estados Unidos.
Para un nutrido grupo de líderes políticos y religiosos vinculados a la lucha de los inmigrantes, su respaldo a la ley SB1070, ha convertido a McCain en compañero de viaje del sector más radical del Partido Republicano, particularmente en el espinoso capítulo de la inmigración indocumentada, y ha confirmado su apuesta por una arriesgada estrategia de supervivencia política.
En Estados Unidos hay 12 millones de personas sin papales, y de ellos 400 mil viven en Arizona.
“The Washington Post” y “The New York Times” coincidieron que la promulgación de la legislación, la más restrictiva en el país, por la gobernadora republicana Jan Brewer, está inmersa en la política electoral estatal, ya que ella enfrenta una dura elección primaria.
“Brewer sentó las bases para una confrontación con la administración Obama y reactivó el debate nacional (sobre reforma migratoria) siete meses antes de las elecciones legislativas de medio mandato”, señaló el “Post”.
Hizo notar que la reacción de los demócratas fue de crítica a la legislación, en tanto que la de los republicanos fue más moderada “reflejando una división sobre si buscar leyes migratorias más estrictas o cortejar al creciente número de votantes inmigrantes”.
“The New York Times” coincidió en que la promulgación de la ley, que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona, no sólo desencadenó protestas inmediatas, sino recalentó la batalla por la reforma migratoria a escala nacional.
“El debate político que condujo a la decisión de la señora Brewer y la crítica del presidente Obama” subrayó el poder del debate migratorio en estados fronterizos con México”, señaló el diario neoyorquino.
“Presagió los contrastantes argumentos que le esperan al presidente y al Congreso conforme lidian con el tema (de la reforma migratoria) a nivel nacional”.
Abogados del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca analizaron de inmediato la ley de Arizona, que entra en vigor en 90 días, para determinar si amerita una intervención del Gobierno federal ante una posible violación de los derechos civiles.
La legislación fue promulgada en coincidencia con la decisión del líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, de acelerar la consideración de una iniciativa de reforma migratoria, con vistas a su posible voto en 2010, incluso antes de las elecciones de noviembre.
Señales de alerta
“Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo”, advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios.
La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de “dudas razonables” de que puedan ser ilegales. Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del Estado.
Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y registros personales ilegales, simplemente debido a la apariencia de las personas.
La disposición legal requiere que los extranjeros en Arizona porten siempre sus documentos de inmigración y la Policía probablemente va a detener e interrogar más a las personas de aspecto “hispano” que a las demás. NTX/EFE
Arizona
Población: Seis millones 595 mil 778 (2009). Sexto Estado más grande de Estados Unidos.
Capital: Phoenix.
Admisión a la Unión: 14 de febrero 1912. Fue en ese entonces el Estado 48.
Extensión: 295 mil kilómetros cuadrados.
Idiomas: Inglés 74%, español 20 por ciento.
Gobernadora: Jan Brewer, republicana.
CLAVES
Para saber
Los adversarios de la norma opinan que, en un Estado donde hay más de 1.8 millones de hispanos (29% de la población de Arizona), entre ellos unos 420 mil inmigrantes indocumentados, es muy difícil que pueda aplicarse sin que la Policía se enfoque en los latinos.
Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la Policía use “solamente” la “raza”, es decir los rasgos físicos, la apariencia, para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero la ley no prohíbe que ése sea uno de los factores.
Más de 50% de los ilegales que han muerto en su intento por cruzar hacia Estados Unidos desde 2004 a la fecha —identificados como mexicanos o que se presume que lo eran—, han perdido la vida en el estado de Arizona, según la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación anunció que iniciará una querella contra la nueva ley de Arizona. La Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal (que agrupa a unas 30 mil iglesias evangélicas en todo Estados Unidos), señaló que también su grupo prepara una demanda.
John McCain opta por atacar la inmigración indocumentada
El republicano John McCain, candidato presidencial perdedor ante Barack Obama, se ha convertido en un ferviente antiinmigrante, y lo ratifica ahora que en el Estado de Arizona la gobernadora Jan Brewer firmó una ley que considera delincuente a los indocumentados.
Paradójicamente, McCain estuvo ayer en Tucson y Casa Grande, Arizona, en campaña hacia un quinto periodo en el Senado de Estados Unidos.
Para un nutrido grupo de líderes políticos y religiosos vinculados a la lucha de los inmigrantes, su respaldo a la ley SB1070, ha convertido a McCain en compañero de viaje del sector más radical del Partido Republicano, particularmente en el espinoso capítulo de la inmigración indocumentada, y ha confirmado su apuesta por una arriesgada estrategia de supervivencia política.