Internacional
Presuntos asesinos de Berta Cáceres irán a juicio esta semana
Los cuatro sospechosos de matar a la líder indígena se encuentran en detención preventiva por ahora
TEGUCIGALPA, HONDURAS (03/MAY/2016).- Un juez de Honduras ordenó este martes la detención preventiva de cuatro sospechosos del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, ocurrido en marzo pasado, antes de ir a juicio esta semana por el crimen, informó la justicia.
Los detenidos, que incluyen dos militares retirados, un policía y un funcionario de una empresa eléctrica, irán a juicio por el homicidio a partir del viernes, dijo la portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo.
Indicó que los acusados permanecen detenidos en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería, en las afueras de la capital.
Los aprehendidos por el asesinato de la dirigente ambientalista son Sergio Ramón Rodríguez, gerente Ambiental y de Comunicaciones de la Empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA); el mayor e instructor de la policía militar, Mariano Díaz Chávez; el teniente retirado Douglas Bustillo y Edilson Duarte, capitán retirado del ejército.
Cáceres ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de DESA en territorio de los indígenas lencas, y su militancia le generó amenazas de muerte.
"Existen pruebas científicas que acreditan la participación de los detenidos en el crimen (de Cáceres)", afirmó el Ministerio Público en un comunicado.
Roberto Cáceres, hermano de la fallecida, aseguró a periodistas que "en la muerte de Berta hay toda una peligrosa red de gente pudiente del país, que la persiguió constantemente".
Informó que Cáceres recibió al menos 33 amenazas de muerte antes de ser asesinada.
Estaba en la mira de una empresa
El 3 de marzo, individuos armados ingresaron por la fuerza a la casa de Cáceres durante la noche, le dispararon cuatro veces y también hirieron a un activista mexicano que se hizo pasar por muerto. El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.
Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto. En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de "usurpación, coacción y daños continuados", e incluso de socavar el orden democrático.
Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.
DESA no respondió a múltiples llamadas telefónicas ni a preguntas enviadas a sus oficinas de Tegucigalpa. Los encargados de relaciones públicas de Agua Zarca difundieron un comunicado vía correo electrónico en el que niegan toda responsabilidad por la muerte de Cáceres, pero no respondieron a preguntas sobre los documentos. El Ministerio Público, que figura como demandante, también se abstuvo de responder a varios pedidos de comentarios sobre los documentos.
Honduras es uno de los países más violentos del planeta según las estadísticas de homicidios. Es también uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente, per cápita, con 109 asesinatos entre 2010 y 2015, de acuerdo con un recuento de Global Witness.
La violencia contra esos activistas, no obstante, es común en toda América Latina, donde hubo unos 450 asesinatos entre 2010 y 2014, de acuerdo con esa organización. Entre los sitios conflictivos figuran proyectos mineros en Perú, actividades ganaderas en la Amazonia brasileña, la guerra civil de Colombia y proyectos hidroeléctricos en Guatemala y Honduras.
Dos semanas después de la muerte de Cáceres, individuos no identificados mataron a un colega suyo de COPINH, Nelson García, cuando regresaba a su casa luego de ayudar a unos indígenas a mudarse tras ser desalojados de las tierras que habían ocupado.
"Vivimos una guerra declarada contra el pueblo lenca", dijo el dirigente de COPINH Tomás Gómez, quien es uno de los acusados, junto con Cáceres, en la demanda de DESA.
La madre de Cáceres, Austra Flores, acusó al gobierno de no ofrecerle protección a su hija, como había planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de seguridad de Honduras, sin embargo, había dicho que se le había asignado una guardia a Cáceres y que ella pidió que se la retirasen porque la molestaban.
"El principal responsable de este crimen es el Estado de Honduras, que debió asumir la responsabilidad de garantizar la vida de mi hija... y no cumplió con ese compromiso internacional", se quejó Flores. "DESA tiene muchos sicarios y ellos, algunos políticos, empresarios y gente del gobierno son los responsables del asesinato de Berta... No me cabe la menor duda".
Con información de AP
Los detenidos, que incluyen dos militares retirados, un policía y un funcionario de una empresa eléctrica, irán a juicio por el homicidio a partir del viernes, dijo la portavoz de los juzgados de Tegucigalpa, Bárbara Castillo.
Indicó que los acusados permanecen detenidos en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería, en las afueras de la capital.
Los aprehendidos por el asesinato de la dirigente ambientalista son Sergio Ramón Rodríguez, gerente Ambiental y de Comunicaciones de la Empresa Desarrollos Energéticos, S. A. (DESA); el mayor e instructor de la policía militar, Mariano Díaz Chávez; el teniente retirado Douglas Bustillo y Edilson Duarte, capitán retirado del ejército.
Cáceres ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de DESA en territorio de los indígenas lencas, y su militancia le generó amenazas de muerte.
"Existen pruebas científicas que acreditan la participación de los detenidos en el crimen (de Cáceres)", afirmó el Ministerio Público en un comunicado.
Roberto Cáceres, hermano de la fallecida, aseguró a periodistas que "en la muerte de Berta hay toda una peligrosa red de gente pudiente del país, que la persiguió constantemente".
Informó que Cáceres recibió al menos 33 amenazas de muerte antes de ser asesinada.
Estaba en la mira de una empresa
El 3 de marzo, individuos armados ingresaron por la fuerza a la casa de Cáceres durante la noche, le dispararon cuatro veces y también hirieron a un activista mexicano que se hizo pasar por muerto. El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.
Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto. En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de "usurpación, coacción y daños continuados", e incluso de socavar el orden democrático.
Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.
DESA no respondió a múltiples llamadas telefónicas ni a preguntas enviadas a sus oficinas de Tegucigalpa. Los encargados de relaciones públicas de Agua Zarca difundieron un comunicado vía correo electrónico en el que niegan toda responsabilidad por la muerte de Cáceres, pero no respondieron a preguntas sobre los documentos. El Ministerio Público, que figura como demandante, también se abstuvo de responder a varios pedidos de comentarios sobre los documentos.
Honduras es uno de los países más violentos del planeta según las estadísticas de homicidios. Es también uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente, per cápita, con 109 asesinatos entre 2010 y 2015, de acuerdo con un recuento de Global Witness.
La violencia contra esos activistas, no obstante, es común en toda América Latina, donde hubo unos 450 asesinatos entre 2010 y 2014, de acuerdo con esa organización. Entre los sitios conflictivos figuran proyectos mineros en Perú, actividades ganaderas en la Amazonia brasileña, la guerra civil de Colombia y proyectos hidroeléctricos en Guatemala y Honduras.
Dos semanas después de la muerte de Cáceres, individuos no identificados mataron a un colega suyo de COPINH, Nelson García, cuando regresaba a su casa luego de ayudar a unos indígenas a mudarse tras ser desalojados de las tierras que habían ocupado.
"Vivimos una guerra declarada contra el pueblo lenca", dijo el dirigente de COPINH Tomás Gómez, quien es uno de los acusados, junto con Cáceres, en la demanda de DESA.
La madre de Cáceres, Austra Flores, acusó al gobierno de no ofrecerle protección a su hija, como había planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de seguridad de Honduras, sin embargo, había dicho que se le había asignado una guardia a Cáceres y que ella pidió que se la retirasen porque la molestaban.
"El principal responsable de este crimen es el Estado de Honduras, que debió asumir la responsabilidad de garantizar la vida de mi hija... y no cumplió con ese compromiso internacional", se quejó Flores. "DESA tiene muchos sicarios y ellos, algunos políticos, empresarios y gente del gobierno son los responsables del asesinato de Berta... No me cabe la menor duda".
Con información de AP