Internacional
Corte de EU, dividida sobre la reforma de salud de Obama
En el segundo de tres días de debates, los jueces conservadores parecen alinearse en la opinión de que el Estado está forzando el comercio al solicitar que todos los individuos compren un seguro médico
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/MAR/2012).- La Suprema Corte de Estados Unidos apareció dividida este martes sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de Barack Obama cuando uno de los jueces cuyo voto será decisivo se mostró escéptico en varias ocasiones sobre el futuro de la ley.
El juez Anthony Kennedy, que vota tanto a derecha como a izquierda, podría de nuevo ser clave en un debate que desencadena pasiones en Estados Unidos.
Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente republicano y cuatro por uno demócrata, deben decidir si la medida más controvertida de la reforma de salud impulsada por el Presidente Barack Obama, llamada "mandato individual" y que consiste en la obligación de suscribir un seguro de salud antes de 2014 o afrontar sanciones económicas, es constitucional.
La Corte examinaba una demanda contra el mandato individual presentada por 26 estados, todos republicanos, una asociación de pequeños empresarios y cuatro particulares.
Paul Clement, el abogado de los estados demandantes, alega que la "ley amplía de manera espectacular la autoridad federal" e "impone nuevas obligaciones a todo el mundo, desde los estados hasta las compañías aseguradoras, desde empleadores privados hasta los individuos".
En nombre del gobierno de Obama, el fiscal general adjunto, Donald Verrilli, argumenta que esta disposición "para una cobertura mínima, entra perfectamente dentro de los poderes del Congreso" para regular el comercio interestatal.
El juez Kennedy, nombrado por el republicano Ronald Reagan, se mostró escéptico en varias ocasiones. Si bien los jueces han de presumir que las leyes son constitucionales, advirtió a Verrilli que tendría que argumentar muy bien su justificación para defender la constitucionalidad de esta norma.
Kennedy señaló que este caso era diferente a otros que suponen regulación de comercio interestatal. Con esta reforma "el gobierno dice que el individuo tiene una obligación y debe actuar, eso es diferente", afirmó Kennedy, ante los demandantes que ven en esta medida una violación de sus libertades individuales.
Con la excepción del presidente del tribunal, John Roberts, que parecía más ambivalente, los jueces conservadores de la Corte parecieron alinearse detrás de la opinión de que el Estado federal está forzando el comercio al solicitar que todos los individuos compren un seguro sanitario.
La discusión se produjo el segundo de tres día de audiencias en lo que es quizá el mayor caso que trata la Corte desde que tuvo que decidir sobre las elecciones de 2000 que enfrentaron a George W. Bush con Al Gore.
Una enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que las personas se vean forzadas a comprar productos, pero los jueces más liberales del tribunal insistieron en que el mercado de la salud era diferente al mercado automotor o de la alimentación.
"Todos sufrimos del costo de estar enfermo", sostuvo en ese sentido el juez Steven Breyer.
Los jueces deliberaban en una sesión en una sala colmada, mientras afuera varios cientos de personas a favor y en contra de la reforma manifestaban entonando eslóganes, canciones y plegarias, reflejando los cruces apasionados que suscita esta ley, ocho meses antes de las elecciones presidenciales.
Abby Hoffman, de 23 años, procedente de Carolina del Norte, espera que la Corte juzgue la ley de acuerdo con la Constitución, porque según ella "la salud es un derecho humano".
Por el contrario, Diana Reimer, integrante del ultra conservador Tea Party, de 65 años y oriunda de Pensilvania, afirma haber sido "criada para resolver (sus) propios problemas": "No pido al gobierno que lo haga por mí".
El objetivo del gobierno de Obama es que 32 millones de estadounidenses hasta ahora sin seguro de salud empiecen a tener uno, y colmar un agujero presupuestario de 43 mil millones de dólares generado por las personas que no cuentan con cobertura médica.
La decisión de la Corte Suprema deberá producirse a finales de junio, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en las que el presidente demócrata intentará conseguir un segundo mandato.
Por esta razón, el equipo demócrata envió a sus donantes potenciales un correo de tono solemne, firmado por el Presidente.
"Siempre supimos que en estas elecciones pondrían a competir dos modelos económicos: uno que capitalizará nuestros progresos, otro que los hará desaparecer", asegura el comunicado.
"Pero no dudamos que tendremos que combatir también un programa de sociedad que anularía décadas de progresos, en particular en lo referente a la salud de las mujeres", agrega la carta, en alusión a la cuestión del acceso a la anticoncepción prevista por la reforma del sistema de salud, un asunto que está en el centro de debate desde las últimas semanas.
Según un sondeo del New York Times/CBS News difundido este martes, dos tercios de los estadounidenses quieren que la Corte Suprema suspenda alguna parte de las disposiciones de la ley sobre la salud.
El juez Anthony Kennedy, que vota tanto a derecha como a izquierda, podría de nuevo ser clave en un debate que desencadena pasiones en Estados Unidos.
Los nueve jueces, cinco nombrados por un presidente republicano y cuatro por uno demócrata, deben decidir si la medida más controvertida de la reforma de salud impulsada por el Presidente Barack Obama, llamada "mandato individual" y que consiste en la obligación de suscribir un seguro de salud antes de 2014 o afrontar sanciones económicas, es constitucional.
La Corte examinaba una demanda contra el mandato individual presentada por 26 estados, todos republicanos, una asociación de pequeños empresarios y cuatro particulares.
Paul Clement, el abogado de los estados demandantes, alega que la "ley amplía de manera espectacular la autoridad federal" e "impone nuevas obligaciones a todo el mundo, desde los estados hasta las compañías aseguradoras, desde empleadores privados hasta los individuos".
En nombre del gobierno de Obama, el fiscal general adjunto, Donald Verrilli, argumenta que esta disposición "para una cobertura mínima, entra perfectamente dentro de los poderes del Congreso" para regular el comercio interestatal.
El juez Kennedy, nombrado por el republicano Ronald Reagan, se mostró escéptico en varias ocasiones. Si bien los jueces han de presumir que las leyes son constitucionales, advirtió a Verrilli que tendría que argumentar muy bien su justificación para defender la constitucionalidad de esta norma.
Kennedy señaló que este caso era diferente a otros que suponen regulación de comercio interestatal. Con esta reforma "el gobierno dice que el individuo tiene una obligación y debe actuar, eso es diferente", afirmó Kennedy, ante los demandantes que ven en esta medida una violación de sus libertades individuales.
Con la excepción del presidente del tribunal, John Roberts, que parecía más ambivalente, los jueces conservadores de la Corte parecieron alinearse detrás de la opinión de que el Estado federal está forzando el comercio al solicitar que todos los individuos compren un seguro sanitario.
La discusión se produjo el segundo de tres día de audiencias en lo que es quizá el mayor caso que trata la Corte desde que tuvo que decidir sobre las elecciones de 2000 que enfrentaron a George W. Bush con Al Gore.
Una enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe que las personas se vean forzadas a comprar productos, pero los jueces más liberales del tribunal insistieron en que el mercado de la salud era diferente al mercado automotor o de la alimentación.
"Todos sufrimos del costo de estar enfermo", sostuvo en ese sentido el juez Steven Breyer.
Los jueces deliberaban en una sesión en una sala colmada, mientras afuera varios cientos de personas a favor y en contra de la reforma manifestaban entonando eslóganes, canciones y plegarias, reflejando los cruces apasionados que suscita esta ley, ocho meses antes de las elecciones presidenciales.
Abby Hoffman, de 23 años, procedente de Carolina del Norte, espera que la Corte juzgue la ley de acuerdo con la Constitución, porque según ella "la salud es un derecho humano".
Por el contrario, Diana Reimer, integrante del ultra conservador Tea Party, de 65 años y oriunda de Pensilvania, afirma haber sido "criada para resolver (sus) propios problemas": "No pido al gobierno que lo haga por mí".
El objetivo del gobierno de Obama es que 32 millones de estadounidenses hasta ahora sin seguro de salud empiecen a tener uno, y colmar un agujero presupuestario de 43 mil millones de dólares generado por las personas que no cuentan con cobertura médica.
La decisión de la Corte Suprema deberá producirse a finales de junio, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en las que el presidente demócrata intentará conseguir un segundo mandato.
Por esta razón, el equipo demócrata envió a sus donantes potenciales un correo de tono solemne, firmado por el Presidente.
"Siempre supimos que en estas elecciones pondrían a competir dos modelos económicos: uno que capitalizará nuestros progresos, otro que los hará desaparecer", asegura el comunicado.
"Pero no dudamos que tendremos que combatir también un programa de sociedad que anularía décadas de progresos, en particular en lo referente a la salud de las mujeres", agrega la carta, en alusión a la cuestión del acceso a la anticoncepción prevista por la reforma del sistema de salud, un asunto que está en el centro de debate desde las últimas semanas.
Según un sondeo del New York Times/CBS News difundido este martes, dos tercios de los estadounidenses quieren que la Corte Suprema suspenda alguna parte de las disposiciones de la ley sobre la salud.