Una libertad vulnerable

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAR/2015).- La democracia es impensable sin libre expresión. Democracia es aquella que otorga las mismas garantías constitucionales y políticas al disenso que al consenso. Por ello, alguna vez dijo el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson: “Prefiero periódicos sin Gobierno, que Gobierno sin periódicos”. La libertad de expresión, la posibilidad de disentir públicamente, es una garantía tan importante que su ausencia es simplemente la negación de la democracia.

El debate sobre la libertad de expresión en México ha vuelto a las portadas de los periódicos. Ya sea por la salida de periodistas críticos de espacios de alta audiencia o por la violencia que afecta el trabajo de decenas de reporteros a nivel nacional, pero vivimos un momento donde parece que la libertad de expresión se encuentra vulnerable por distintos frentes. Sin embargo, creo que la pregunta que nos debemos hacer en el contexto del despido de Carmen Aristegui de MVS, es: ¿En México existe libertad de expresión? ¿En México se puede disentir públicamente? ¿En México se puede manifestar sin temor a persecución, hostigamiento policial o político?

Todas estas preguntas requieren abrazar los matices. No falta quienes consideran que en México estamos ante una plena restauración autoritaria, en donde las libertades ganadas en las últimas décadas se han ido evaporando con el retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos. Tampoco faltan aquellos que creen que la regla en México es la libertad de expresión, y que los casos de censura son excepciones que se cuentan con los dedos de una mano. Entre estos dos argumentos, diría que hay un tercero que bien podría servir: vivimos en un país donde existen espacios de libertad de expresión ganados durante décadas de presión ciudadana, pero que es innegable que hay distintos frentes que amenazan y vulneran cotidianamente estos espacios ganados para disentir públicamente. Existen niveles de libertad de expresión, se puede disentir desde muchos espacios y hay posibilidad de tomar las calles para manifestarse por los errores del Gobierno, pero existen distintos elementos estructurales que provocan que este derecho básico para la democracia se encuentre en riesgo.

Concentración del mercado

El mercado de medios informativos en México sigue estando en pocas manos. La mayoría de los mexicanos se informa por una o dos fuentes, que son en la práctica las predominantes. Y aunque la reforma en materia de telecomunicaciones promete la inclusión de nuevos actores en el mercado, la transformación del mercado durará por lo menos una década. De acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económica en un estudio realizado para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): 95% de las concesiones de televisión abierta las concentran el duopolio, Televisa y Tv Azteca; 98% de la audiencia si tomamos horarios completos, de inicio a cierre de transmisión. En publicidad hay un sesgo parecido: 99.3% aparece en las dos cadenas antes citadas.

La concentración de mercado, se ha dicho hasta el cansancio, es el golpe más estructural a la libertad de expresión. La competencia genera más opciones y, por lo tanto, incentivos a que exista una diversidad de medios de comunicación que buscan un nicho de mercado determinado. En las democracias avanzadas hay medios para todo tipo de gusto: los oficialistas que defienden al Gobierno por encima de todo; los críticos acérrimos que no le dan una buena a las autoridades; los de izquierda, los de derecha, los conservadores o los liberales. Igual que la democracia, los medios de comunicación cumplen mejor su labor en un entorno de pluralidad, competencia y contrapesos. Mientras el mercado se reparta entre unos pocos, difícilmente alcanzaremos los niveles de libertad de expresión que queremos. Recordando a Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

La presión política al periodismo

Si tomamos los datos de 2014, elaborados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 99 de las 168 denunciadas por periodistas durante el año pasado, tuvieron que ver con amenazas o con abusos de autoridad. Y aunque en algunos estados del país, este incremento de denuncias se explica a partir de las presiones que ejercen los narcotraficantes y el crimen organizado, no podemos negar que en muchos estados las denuncias se originan por presiones que se dan desde los gobiernos y la clase política. En todos los países existe dicha tensión: los periodistas que quieren revelar sus historias y los políticos que quieren evitarlas. Esa tensión es fundamental para la democracia.

Sin embargo, ¿qué hace que en otros países los periodistas resistan la presión de los políticos y en países como México, los reporteros caigan a la primera de cambio? Cito un párrafo de Leo Zuckermann, analista político, que bien puede aclarar esta diferencia: “Mientras que en el vecino del Norte llenaron de premios y fama a los periodistas y editores que desnudaron al poder, aquí en México esos personajes están hoy en la calle buscando chamba. Qué vergüenza…”. Zuckermann comparaba el trato que se les dio a los periodistas del Washington Post que revelaron el escándalo del Watergate y el trato que reciben los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta que destaparon el posible conflicto de interés que se encuentra detrás de la llamada “Casa Blanca”. Mientras a los periodistas que destaparon la cloaca que culminó con la caída de Nixon, los llenaron de halagos y hasta ganaron el Premio Pulitzer, en México Lizárraga y Huerta están desempleados. Esta comparación ilustra claramente la diferencia entre el arraigo democrático de un país y del otro.

Aguantar la embestida de la clase política, o del narcotráfico, es una función en donde gobiernos y medios de comunicación son corresponsables. Un periodista solo difícilmente podrá hacerle frente al embate de poderosos intereses. Si por el contrario, el medio saca cara por el reportero, la libertad de expresión podría tener otras condiciones para germinar.

El dinero y la propaganda

Una máxima de nuestra cultura política es la ya legendaria: “No pago para que me peguen” de José López Portillo. La frase, enmarcada en un conflicto con la revista Proceso, evidenciaba con total claridad qué condiciones existen detrás de los millonarios recursos que van a publicidad oficial. Y aunque podríamos decir que ni siquiera en democracias avanzadas, el dinero gubernamental va a parar a las arcas de los medios más críticos del Gobierno, si podemos afirmar que hay una repartición más pareja de la publicidad oficial.

De 2001 a 2012, el dinero que destina el Gobierno Federal a publicidad oficial creció de forma paulatina e ininterrumpida. Según la Organización No Gubernamental Fundar, en un análisis sobre el gasto del Gobierno Federal en la materia, durante el sexenio de Felipe Calderón se gastaron 39 mil millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra equivale al presupuesto entero de estados como Coahuila, por ejemplo. De esta cifra, 53% fue para la televisión abierta, 9% para la radio, 8% para la televisión de paga y 7% para los periódicos. A estas cifras, hay que añadir los más de cinco mil millones que se gastaron en publicidad oficial en las entidades federativas durante 2012, según los cálculos de Fundar y Artículo 19.

Pero, ¿esto no pasa en todos los países? Sí, pero a distintos niveles. Vamos poniendo tres ejemplos: España, Francia y Argentina. En los tres casos, los gobiernos centrales gastan menos en publicidad que en México.  A pesar de que dos de ellos cuentan con un Producto Interno Bruto (PIB) mucho mayor que el mexicano. ¿No es dañino para la democracia y para la libertad de expresión que los gobiernos sean los “mecenas” de algunos medios de comunicación? ¿No se deberían transparentar los criterios que se toman en cuenta para  asignar los recursos de la publicidad oficial y comunicación social? Fue una propuesta de Peña Nieto que por cierto quedó en el “baúl de los recuerdos”.

Violencia e impunidad

Como decíamos, amenazas a periodistas existen en todo el mundo. Presiones económicas a los reporteros en Estados Unidos o clausura de medios críticos en Venezuela. Incluso, actos terroristas a diarios como el Charlie Hebdo en Francia. Tentaciones de vulnerar la libertad de expresión no han desaparecido y, tal vez, nunca desaparecerán. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros, es que existen países en los que se defiende la libertad de expresión no sólo desde la retórica sino desde la práctica diaria: los delitos contra la libertad de expresión no quedan en la impunidad. En México, es muy difícil sostener que el Estado tiene como máxima prioridad esclarecer los delitos que afectan a la libertad de expresión.

Según la propia Fiscalía encargada de combatir delitos contra la libertad de expresión, entre 2013 y 2014 sólo atrajo, de acuerdo a sus facultades, 30 casos de delitos vinculados a la libertad de expresión (ocho por abuso de autoridad y seis por amenaza). Menos de la décima parte de los casos reportados por la misma Fiscalía. De 2010 a 2015 se han tomado, desde los gobiernos de los estados y federales, 482 medidas cautelares para proteger a periodistas, la mayoría son “contactos de reacción policial” (199), “manual de prevención de delitos contra la libertad de expresión” (109) y “rondines en domicilio” (82). El rezago en casos es amplísimo y hay muy pocas personas pagando por delitos contra la libertad de expresión, lo que provoca que agredir a un periodista resulte sumamente “barato”. La impunidad reina.

La libertad de expresión representa una lucha cotidiana. De periodistas comprometidos que salen todos los días hacer su chamba en ambientes hostiles; manifestantes que protestan pacíficamente y que muchas veces se la tienen que ver con excesos policiales; directores de medios comprometidos con la verdad que se ven supeditados a la necesidad de buscar publicidad oficial, con todo lo que ello implica; reporteros que deben enfrentarse a riesgos innegables al tratar de documentar lo que sucede con el crimen organizado y el narcotráfico; funcionarios honestos que entienden el papel de la transparencia y la procuran como parte de su servicio público. La libertad de expresión se sostiene con la labor incansable de estos héroes anónimos que muchas veces no tienen, lamentablemente, el altavoz que tienen periodistas de la talla de Carmen Aristegui.