GUADALAJARA, JALISCO (30/JUL/2017).- No seamos ilusos: las decisiones del agua se politizan, porque la distribución del vital líquido es un asunto político. Por el agua, hay disputas políticas en todo el mundo. No es casualidad que “el oro azul”, libro escrito por Maude Barlow, se haya convertido en un best seller a nivel mundial. En su influyente publicación, la autora canadiense sostiene que las guerras en el siglo XXI ya no serán por petróleo -como lo fueron en la pasada centuria-, sino por el control de las reservas mundiales de agua. Desde el nacimiento de la geopolítica, el agua -mares, ríos, lagos- ha sido un bien estratégico que se encuentra en el centro de la batalla política. Por lo tanto, pedir que no se politice su debate, es como pedirle a la teoría de la gravedad que los objetos no caigan por su propio peso.Jalisco no es la excepción. La disputa política por el agua se remonta décadas atrás. Y, en especial, al último cuarto de siglo en donde una conjunción entre excesiva partidización, intereses privados e insolvencia técnica, han evaporado cualquier aproximación medianamente factible para resolver los problemas del agua en la metrópoli y en otras regiones como Los Altos. El Zapotillo suponía una solución para algunos, sin embargo, tras batallas jurídicas, suspensiones, y movilizaciones sociales, la presa se encuentra congelada en 80 metros. Detrás de la construcción del vaso, hay tres debates fundamentales.El primero, El Zapotillo supone el desalojo involuntario de toda una comunidad. De tres poblaciones históricas con identidades, tradiciones e historia. De acuerdo con la Cumbre de Río de 1992, donde se delinearon los derechos colectivos o derechos humanos de tercera generación, y la Declaración del Medio Ambiente y el Desarrollo, son derechos humanos la autodeterminación de los pueblos; el derecho a la identidad y la historia; los derechos de los pueblos indígenas; el medio ambiente sustentable; el derecho al patrimonio histórico y cultural.Todos, sin excepción, son entendidos como derechos humanos de tercera generación o derechos de los pueblos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo ha reconocido en distintos debates e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto decía el ministro Arturo Zaldívar: “Se trata de lograr que el Estado mexicano sea eficaz, transparente, respetuoso, rinda cuentas y que al mismo tiempo respete indeclinablemente los derechos humanos, porque sin ello, no hay democracia posible”. Sólo es democrático un proyecto de estas características, si los habitantes de la comunidad, voluntariamente, aceptan la reubicación. Es el enfrentamiento entre dos derechos, en donde el único insustituible si se decide inundar, es el de los pobladores de Temacapulín, Acasijo y Palmarejo.El segundo, la negociación con Guanajuato, En este punto, tanto el PRI como MC, están de acuerdo: los gobernadores anteriores, emanados de Acción Nacional (PAN) no negociaron convenios favorables para Jalisco. Por el contrario, la distribución del agua, e incluso la certidumbre jurídica, se inclinan hacia Guanajuato. Sin caer en el chauvinismo regionalista, Jalisco pone el conflicto social y ambiental, mientras Guanajuato disfruta de un convenio ventajoso. La renegociación es obligada. Sin embargo, las aguas son federales. Al ser los ríos, mares, lagos, cuerpos acuáticos que no respetan los límites de las entidades, la distribución del agua tiene que ser equitativa y obedecer a criterios de necesidades humanas y no de fronteras entre estados. El regionalismo trasnochado no resuelve nada, sino extravía el fondo de la cuestión.Y tercero, el riesgo que corren los pobladores de Temacapulín, en específico, en caso de que la cortina se quede, finalmente, a los 80 metros. Lo interesante de este dilema es que MC y el PRI llegan a conclusiones distintas, pero con la misma información. Ambos se respaldan en el estudio elaborado por Naciones Unidas y que presentó el gobernador hace algunas semanas. Para los primeros, a 80 metros -que serían 70 metros a lo sumo de altura del agua- el pueblo no corre ningún riesgo. Y plantean la construcción de dos diques para evitar la inundación. Para los segundos, invariablemente, a 105 u 80 metros, el poblado corre riesgo de ser arrastrado por las aguas. En este punto, en específico, se enfrascarán los debates en las siguientes semanas: ¿quién tiene razón? Porque el estudio lo que hace es analizar los escenarios, pero no sugiere soluciones; simplemente coloca todos los datos para que sean los responsables políticos quienes tengan la última palabra.No podemos evitar que el agua, como agenda, se politice. Sin embargo, lo que sí resulta fundamental es exigir que las decisiones se tomen con diagnósticos claros y no haciendo “castillos en el aire”. Inundar una comunidad debería ser la medida más extrema cuando hablamos de abastecer de agua a una ciudad. Es un fracaso por donde se quiera ver: el despojo como solución. Si hay margen de acuerdo, los dos principales partidos políticos de la Entidad lo deben explorar.
