GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2016).- La ley no se negocia” dice Miguel Ángel Osorio Chong con especial vitalidad. Son esas frases armadas, puntos comunes que escuchamos un día sí y el otro también. La muestra de un supuesto Estado enérgico, incorruptible y firme. Un Estado que es capaz de hacer respetar el marco normativo de nuestro país y que nunca pondría, bajo ninguna circunstancia, la ley a negociación de terceros. Ese discurso de la simulación, que mientras se muestra firme ante la opinión pública, en la oficina de atrás está negociando puntos concretos de la ley.Paradójicamente, esta visión del Estado en voz de sus principales portavoces, es todo lo contrario de la arraigada percepción social: un Estado débil, poroso y cooptado. Sabemos que tenemos un Gobierno doblegado por intereses particulares, y en donde la ley opera como un mecanismo de intercambio político y como producto de una negociación. La justicia selectiva es uno de los cimientos del régimen político mexicano. La ley como instrumento político; la ley como el garrote que se ensaña con el disidente. Es lo paradójico del discurso de la innegociabilidad de la ley. La ley se negocia a diario como una mercancía política, los ejemplos sobran. Niegan lo que vemos a cada momento.Ahora los empresarios se sumaron a las voces que piden acabar con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca y, por lo tanto, reestablecer el estado de derecho en dicha Entidad. Le pedimos al Gobierno Federal que aplique la ley y defienda el Estado de Derecho, dijeron en conferencia de prensa. Y un hecho es innegable: los bloqueos han llegado a tal nivel de impacto sobre la ciudadanía en Oaxaca, que la propia CNTE ha perdido enorme credibilidad en las últimas semanas. Los bloqueos son efectivos para presionar a las autoridades, la historia lo demuestra, pero es un arma de doble filo, si pierden fecha de caducidad, sus efectos son regresivos. Y en medio de las presiones, las cúpulas empresariales elevaron el tono de su demanda: si el Gobierno no aplica la ley en Oaxaca, nosotros responderemos evadiendo la obligación de pagar impuestos. La amenaza nos pinta de cuerpo entero como país.¿Usted se imagina al empresariado alemán amenazando al Gobierno de Merkel con no pagar impuestos si no desaloja a los manifestantes críticos con la globalización en alguna cumbre mundial? ¿De verdad alguien le puede conceder alguna credibilidad a quien piden que se aplique la ley, pero utilizan como carta de presión la transgresión misma de las normas?El discurso de la ley tiene gran potencia, pero muy poco realismo. Primero, porque México es el país de los privilegios. Y los empresarios son corresponsables en esa cultura de la violación al estado de derecho a través del influyentismo. Siguiendo en los impuestos, México es en América Latina, uno de los países con las tasas de presión fiscal más bajas al empresariado. El acuerdo histórico entre el Estado mexicano y las cúpulas empresariales es simple: yo cierro los ojos ante tus evasiones permanentes, pero ustedes no se meten en política (por ello le dolió tanto al PRI en el Congreso que los empresarios presionaran por la Ley 3 de 3 con máxima publicidad). Un entendimiento tácito, autoritario, reproducido en países como Rusia. Privilegios de gremio a cambio de desmovilización y despolitización. El empresariado, las cúpulas en particular, entendieron su rol privilegiado durante la construcción de la dictadura perfecta. La relación entre el empresariado y el Gobierno dista mucho de conducirse bajo parámetros democráticos. ¿O no nos acordamos de la guerra fría de las cúpulas empresariales al Gobierno de Peña Nieto por la reforma fiscal? Una reforma muy tímida y que aun así desató la furia de los hombres de negocios.De la misma forma, como lo mencionaba anteriormente, la justicia es selectiva. La selectividad y el Estado de Derecho no pueden coexistir. La regla de oro de una democracia es que todos somos iguales ante la ley. Que la justicia es ciega. Y, sin embargo, en México la ley no toca a los poderosos. Por ello, sólo los enemigos del régimen están tras los barrotes de las prisiones. Pero lo mismo sucede con algunos empresarios que han hecho de la corrupción su modus operandi y sin embargo siguen en plena actividad y sin ninguna causa judicial abierta. La selectividad de la justicia sirve como una forma de castigar a los rivales políticos, estén en los partidos políticos o en la sociedad civil. ¿Por qué el Gobierno mexicano decidió meter a la cárcel a los líderes de la sección 22 hasta que se agudizó el conflicto político por la reforma educativa? Si había pruebas contundentes para actuar contra ellos, ¿Por qué no se tomó la decisión con anterioridad? No puede haber democracia e igualdad jurídica si la ley sigue siendo un instrumento político del Gobierno en turno. Sin embargo, mientras la Procuraduría siga atada a los intereses del Ejecutivo, poco podremos hacer en la materia.Tampoco nos debe asustar que la ley se negocie. Muchas veces, el interés público está mejor protegido con dicha negociación que cerrando las puertas al diálogo. Detrás de la polarización entre la CNTE y el Gobierno Federal, existe un objetivo anhelable: llegar a un consenso sobre una reforma educativa de futuro. Las reformas educativas, si quieren perdurar algunos años, deben cimentarse sobre la base de los acuerdos políticos. Son necesarios los consensos entre partidos, pero también entre las instituciones y los movimientos sociales. Y debemos admitirlo, para llegar a dicho consenso, es fundamental que se negocie la ley. Abrir “la caja de pandora” de la reforma como un vehículo para construir una reforma que incluya y no que excluya. Y es que algo que se olvida continuamente en el debate es que la ley es en sí misma una negociación. Cualquier constitución lo es. Los marcos normativos surgen de pactos políticos y su aplicación, por supuesto, también es susceptible de entrar en negociaciones entre el Estado y los distintos grupos políticos que presionan. ¿O vamos a negar que el Gobierno negocia con los empresarios la aplicación de ciertas leyes? ¿Qué significa conceder plazos para su aplicación? Es la única forma de encontrar acuerdos en sociedades complejas.Y, por último, pero no por eso menos importante, el derecho a la manifestación no significa ninguna concesión extralegal del Gobierno. El derecho a protestar, como un eje fundamental de la libertad de expresión, es cimiento básico de la democracia. Por lo tanto, pedirle al Gobierno que intervenga y que evite las manifestaciones de la CNTE, es autoritario y viola las libertades mínimas de un sistema democrático. Es la petición de amordazar a la disidencia. Otra cosa es pedirle al Estado que castigue con todo el rigor de la ley, los delitos que se cometen bajo la justificación de la oposición a la reforma educativa. No es serio confundir ambas cosas. Delincuentes hay en todos lados pero eso no tiene nada que ver con la definición del sistema educativo de cara al futuro. La actuación de dos o tres desadaptados no invalida las legítimas posiciones educativas de la CNTE.No estamos en los sesenta como para seguir alimentando un conflicto entre empresarios y trabajadores, entre los intereses de los empresarios y los de la sociedad civil. Sin embargo, es tiempo de que los hombres de negocios asuman su responsabilidad en un país con serias asimetrías, desigualdad y precariedad económica. La realidad es que una intervención de las instancias federales, o del Ejército, en Oaxaca, sólo dejaría muertos como los 11 que fallecieron en junio de este mismo año en Nochixtlán. El diálogo es largo y tedioso, pero es la única salida democrática al conflicto magisterial. Y es que, en muchos sentidos la CNTE está totalmente fuera de foco, pero hay un elemento que ponen sobre la mesa y es innegable: México no es un país homogéneo y una reforma educativa integral debe tomar en cuenta las diferencias existentes en nuestro país. Ante esto, se ha abierto una comisión en el Senado que busca integrar los distintos puntos de vista y hacer enmiendas acorde con un proyecto educativo de consenso. Ésa es la salida al conflicto.Olvidémonos de ese sueño de la ley y su aplicabilidad homogénea. Somos un país que ha hecho de las leyes un instrumento o para obtener réditos políticos o para secuestrar rentas de los ciudadanos. Siempre hay una forma de negociar la ley, desde lealtad política al gobernante hasta la “mordida” al oficial de tránsito. Como principio general, la ley siempre debe ser negociable, porque siempre debe de haber posibilidad de reformar los marcos normativos vigentes. Y en su aplicación, no podemos cerrar los ojos ante la obviedad de que ley se negocia con una facilidad pasmosa. Entiendo la inconformidad de los empresarios, pero lo que es inentendible es que pidan observancia del estado de derecho con la desobediencia como salida. Consolidar el estado de derecho y el respeto a las leyes, es el gran reto de nuestro país. Pero, el magisterial es un conflicto político, del que se sale sólo con negociación.
