Guerrero un estado que falló

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2014).- La terminología de “estado fallido” está más que de moda. En México, el debate sobre “el fracaso del estado” llegó a las portadas de los periódicos durante el sexenio de Felipe Calderón, aunque con la victoria electoral de Enrique Peña Nieto y su poco énfasis en materia de seguridad, se fue enfriando de poco en poco. Sin embargo, el caso Guerrero ha planteado de nuevo interrogantes sobre la fortaleza de las instituciones a nivel local para enfrentar el problema del crimen organizado en México. Y aunque el país entero no cabe en ninguna definición de estado fallido, lo que sí podemos decir es que hay muchos estados o regiones que sí reúnen muchas características de países que han sido denominados como fallidos.

Según el Fondo para la Paz, organización global que elabora el índice anual sobre estados fallidos, la clasificación varía en torno a dos ejes: control territorial y eficacia gubernamental. De estos dos elementos se extraen 42 indicadores sociales, económicos y políticos y de respeto a los derechos humanos que determinan si un Estado ha logrado el “monopolio legítimo de la fuerza” —de acuerdo a la clásica definición de Estado de Max Webber— o si en cambio al interior de sus fronteras existen grupos terroristas, guerrilleros o criminales que limitan su capacidad para controlar el territorio nacional y proveer eficazmente los servicios a su población.

En este índice, México ocupa la posición 97 (2013). El país se encuentra situado en una posición intermedia; es decir,  no debe haber una alerta desmesurada, pero hay señales que los peligros de ingobernabilidad existen. A México le acompañan en el mismo escaño del Índice, países que solemos ver como más ingobernables que el nuestro: El Salvador, Cuba o Arabia Saudí. Así, la complejidad de un país tan grande como México, con distintos grados de institucionalidad, desarrollo económico, estabilidad política y cohesión social, constituye un mapa de asimetrías regionales muy marcadas. Mientras el Distrito Federal es considerada como una ciudad estable, segura y en desarrollo, estados como Guerrero se encuentran en un paso anterior: la lucha por el control político del territorio y su incapacidad para proveer el servicio más básico a su población, la seguridad. Pero, de acuerdo a la clasificación del Fondo para la Paz que publica la revista norteamericana Foreign Policy, ¿Podemos denominar a Guerrero como un estado fallido?

Pobreza, desigualdad y exclusión

Los indicadores estatales son realmente escalofriantes. Guerrero cumple con el prototipo de un Estado al borde de la ingobernabilidad y del fracaso: 69% de la población sufre de alguna condición de pobreza; es decir, dos millones 442 mil habitantes se encuentran en carencia, un porcentaje que supera por mucho la media nacional. Y la cosa se pone peor: uno de cada tres guerrerense se encuentra en pobreza extrema (Jalisco con un crecimiento constante del indicador desde 2008 sólo tiene 5.8% de personas en pobreza extrema). Así, Guerrero es después de Chiapas, el Estado con mayor pobreza extrema de toda la República mexicana.

En desigualdad, la realidad del Estado es aún más lastimosa. El 20% de los hogares en Guerrero concentra el 62% de todos los ingresos del Estado, mientras que el 20% más pobre solamente tiene acceso al 4% de la riqueza de todo el Estado. Para dejarlo en términos llanos: dos de cada tres personas en Guerrero sufren algún grado de pobreza y marginación, uno de ellos no le alcanza ni para comer tres veces al día, y las familias más ricas del Estado se llevan seis de cada 10 pesos que produce la economía. Y luego nos preguntamos por las razones del estallido social, las causas están ahí a diario.

Sigamos con los indicadores en materia socioeconómica. El promedio de escolarización en el Estado es de siete años; es decir, hasta primer año de secundaria, y la tasa de analfabetismo es más del doble de la media nacional: 17% de los habitantes de Guerrero no sabe leer ni escribir, lo que provoca que la movilidad social sea una auténtica quimera en un Estado que tiene niveles educativos comparables con el África Subsahariana. En conclusión, si tomamos los 20 indicadores que sugiere el Fondo para la Paz como criterios cuantitativos para determinar si una entidad es fallida o no, Guerrero cumple cuando menos con dieciséis.

Instituciones corrompidas e ilegitimas

En el plano político e institucional, el panorama es casi tan sombrío para Guerrero. Los retos para la gobernabilidad nacen de dos fuentes: la ilegitimidad y falta de operación efectiva de las instituciones gubernamentales, así como el crecimiento de los cárteles del narcotráfico. El primero está más que diagnosticado, pero los últimos datos muestran una tendencia acelerada al deterioro. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Guerrero es el Estado más corrupto del país de acuerdo a la percepción de sus ciudadanos. Nueve de cada 10 habitantes del Estado consideran que la corrupción en Guerrero es “muy frecuente”, lo que coloca a la Entidad del Pacífico como la más corrupta del país según sus habitantes.

Sin embargo, ahí no acaba el drama institucional. La corrupción gubernamental tiene en la falta de credibilidad, su otra cara. Dos de cada tres guerrerenses no confían en las instituciones del Gobierno del Estado, un porcentaje que supera por mucho el promedio nacional. La incredibilidad de la autoridad política es uno de los lastres más potentes para evitar los cambios institucionales necesarios para recuperar la eficacia de los gobiernos. En servicios, los habitantes de Guerrero creen que no hay nada rescatable de lo que hacen sus autoridades. Ni seguridad, ni servicios, ni economía, ni administración, un cóctel para la  conflictividad social.

El eje de seguridad es tal vez el desafío coyuntural más apremiante. Todos los indicadores son propios de un Estado ausente. El número de policías por cada mil habitantes (1.9) es uno de los más bajos en todo el país, y según la Organización de las Naciones Unidas —ONU— 37% de los municipios tienen su policía infiltrada por el narcotráfico. Las autoridades federales y estatales aceptan que hay por lo menos 11 policías municipales que se encuentran al día de hoy infiltradas. Esto ha provocado que las comunidades constituyan policías comunitarias que han logrado fortalecer a los municipios que se encontraban en el abandono estatal. Sin embargo, reportes de prensa ya registran la aparición de unidades de autodefensa, en donde siempre existe la sospecha del dinero del crimen organizado. Un caldo de cultivo difícil de combatir, incluso para estados como Michoacán.

Las cifras que se desprenden de esta baja institucionalidad, corrupción e ilegitimidad colocan a Guerrero como el Estado “más caliente” del país en materia de crimen organizado. Los homicidios dolosos (Inegi-SNSP), y las ejecuciones (Lantia Consultores), son los dos indicadores que más han crecido de 2011 a la fecha. Actualmente, Guerrero tiene la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes (29) y también lidera el apartado a ejecuciones (promedio de 70 mensuales); es decir, de asesinatos vinculados al crimen organizado.

La dispersión de cárteles es también un problema que dificulta la consecución de estabilidad a nivel local. Las últimas investigaciones en la materia revelan que en Guerrero operan 10 cárteles, algunos propios (Los Rojos y Guerreros Unidos) y otros que son células de los llamados cárteles nacionales. La dispersión y la operación de estos impactan en ciudades medias, en las regiones del interior y en la Zona Caliente, el punto más álgido del narcotráfico en Guerrero.

Guerrero se encuentra ante un reto coyuntural y un reto estructural. El primero es resolver el escándalo de la desaparición de los 43 normalistas de Atyozinapa, fincar responsabilidad y dar una explicación política y jurídica de lo que sucedió aquel día. El problema de Atyozinapa sólo se resuelve así: con un compromiso firme por expurgar hasta el último indicio de crimen en este acontecimiento. En todos los países existen autoridades corrompidas, la diferencia es que en los países institucionalmente sólidos, se castiga severamente la corrupción. El segundo reto es estructural e implica una transformación económica, social y política del Estado. La democracia en Guerrero se encuentra en riesgo, el sistema mismo de representación está ausente. ¿Cuánta pobreza y desigualdad aguanta la democracia? Se preguntó Lorenzo Córdova, presidente del INE, hace algunos días en Guadalajara. Sin modificar las instituciones del Estado, la distribución económica y fortalecer el tejido social, Guerrero se encuentra condenado a muchos años de atraso, inestabilidad e inseguridad.