¿Elecciones derrumba pacto?

GUADALAJARA, JALISCO (28/ABR/2013).- Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones”. Una sola frase, una intervención de 10 minutos sacudió severamente los cimientos de la arquitectura política que sostiene a la administración de Enrique Peña Nieto. El discurso de colaboración y concordia fue reemplazado por la narrativa de la acusación y del chantaje. El lenguaje de la “pactitis” sucumbió ante el retorno de las dudas y las calificaciones. De pronto, una grabación que presuntamente demostraba el uso político de los programas sociales nos colocaba en otro momento político. El Partido Acción Nacional (PAN) resucitaba de su letargo poselectoral, comenzando una ofensiva contra ese “ogro filantrópico” que en esencia nunca había cambiado. La izquierda acusaba a los poderes fácticos de encontrar en la crisis la coyuntura ideal para derrumbar la agenda legislativa que significa el Pacto por México. En sólo 10 minutos, todo volvía a la normalidad: el PRI regresaba a sus raíces corporativas y clientelares; el PAN se disfrazaba en el idealismo de la oposición constructiva, y el PRD denunciaba a aquellos que querían lucrar con la tragedia.

Más que un Pacto, el Pacto por México es en esencia una agenda legislativa. Compuesto por 95 acuerdos, es una hoja de ruta de transformaciones. No es nada cercano a los Pactos de la Moncloa que significaron el diseño del estado español posfranquista. Es una agenda de reformas, nada más que eso. Su redacción, trazado y organización reflejan la complejidad de la agenda política nacional. Mientras ejes como el educativo, el medioambiental e incluso el de política social están aterrizados con una especificidad digna de un proyecto de ley en ciernes, materias como la energética y la fiscal son abstracciones que no comprometen nada. La estrategia a seguir es clara: privilegiar áreas de consenso y arrancar con un paquete de reformas que recuperen la rectoría del Estado en distintos espacios de la vida pública nacional. Ya sea a través de una reforma educativa que profundiza la evaluación y el ascenso meritocrático al interior del magisterio, o la reforma de telecomunicaciones que fomenta la competencia y la apertura comercial, el corazón de las reformas es la gobernabilidad. Reconstruir al Estado como autoridad; democrática, pero autoridad al fin. La lógica detrás de la elección de las primeras reformas es de contexto. A través de privilegiar los acuerdos se contribuye a generar un ambiente de cooperación que incluso podría permear en espacios donde el disenso es más sensible.

La coyuntura política exigía un clima de colaboración. Un Presidente que arriba con niveles de aceptación menores que sus antecesores y que fundamenta su narrativa en la “eficacia”, en el “Gobierno de los resultados”; dudas sobre la vocación democrática de este “nuevo PRI”; una izquierda huérfana que ve cómo Andrés Manuel López Obrador concluye su rompimiento con la izquierda partidista, y un PAN sin brújula, con severas dudas y con una crisis muy profunda de liderazgo político. El Pacto hacía sentido. Todas las partes identificaban incentivos muy nítidos para cooperar. Es de esas ocasiones donde la política ofrece ese innatural escenario del ganar-ganar. El Gobierno y la oposición se necesitan. Para ello, el Gobierno de Peña Nieto tenía que dejar de ser en parte Gobierno y la oposición tendría también que renunciar a una parte de su papel de oposición. Una especie de co-gobierno, al estilo de los sistemas parlamentarios, pero sin la unificación del Ejecutivo. Sin embargo, Enrique Peña Nieto negoció más que con dos partidos, con dos facciones de los partidos. El PAN post-2012 no es el espejo del maderismo. A pesar de que Gustavo Madero ha sido inteligente para tejer acuerdos al interior del partido y reforzar su liderazgo ante los coordinadores parlamentarios, la diversidad en el PAN es notable. Desde el todavía vivo y coleando calderonismo impulsado por panistas de la talla de Ernesto Cordero, Germán Martínez o Juan Ignacio Zavala, pasando por el renovado aparato del Yunque o incluso algunas células ligadas a liderazgos como el de Javier Corral o Santiago Creel, el blanquiazul dista mucho de ser homogéneo. Tal vez no habrá un genuino y auténtico debate sobre esta nueva etapa de oposición que le toca vivir al PAN, pero sí existen divergencias y disensos. El calderonismo se ha encargado de recordarle un día sí y otro también a Gustavo Madero que el PAN ha renunciado a su papel de oposición.

En el PRD, Enrique Peña Nieto encontró la mano conciliadora del ala negociadora del Sol Azteca, los “Chuchos”. Esta tribu perredista comandado por los “Jesús”, Zambrano (actual presidente) y Ortega (ex presidente), saben que su fuerza reside precisamente en su control de las estructuras del partido. Nueva Izquierda nunca se ha caracterizado por ser una corriente eficaz en la provisión de cuadros electorales. No ganan elecciones externas, pero dominan los procesos internos. Y ante la salida de Andrés Manuel López Obrador, y su clara alianza con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, los “Chuchos” vieron con buenos ojos el Pacto lanzado por la Presidencia. La competencia interna en el partido la representan perredistas como el ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, quien busca la dirección nacional del partido, o la dupla René Bejarano-Dolores Padierna que controlan buena parte de la estructura territorial de la izquierda en las delegaciones del DF. En el PRD no existió debate: cooperar o cooperar. Ante el papel rupturista de López Obrador, el PRD sabía que su destino eran los acuerdos y la negociación. En ese juego de deslealtad a las instituciones políticas, el tabasqueño no tiene rival. El Pacto es el producto de un maridaje entre la necesidad y la supervivencia.

Sin embargo, a pesar del contexto a favor que sigue impulsando los acuerdos en el seno del Pacto por México, las nubes aparecen en el horizonte. La Ciencia Política ha estudiado a fondo la lógica detrás de los periodos de colaboración y conflicto. La fórmula no es difícil de descifrar: las elecciones rompen los periodos de cooperación. A diferencia del sistema parlamentario que necesita mayoría para gobernar e impulsar una determinada agenda de reformas, el presidencial abre la posibilidad a gobernar en minoría y con calendarios electorales escalonados. El sistema político mexicano es, en ese caso, el monumento al conflicto. De entrada es multipartidista (dificulta la formación de mayorías); tiene procesos electorales anuales, ya sea locales, estatales o federales, por lo cual los periodos de cooperación no duran más de seis meses; las distintas tomas de posesión no coinciden (dificultan los inicios conjuntos entre poderes), y la potencia de los medios de comunicación nacionales “federalizan” los conflictos locales. Es el peor de los mundos.

¿Ganar-ganar?

El 7 de julio, 14 estados irán a las urnas para renovar alcaldías en más de mil 200 municipios. También estarán en juego una decena de congresos locales y la gubernatura de Baja California, Estado que gobierna el PAN desde hace más de dos décadas. Y es inevitable que a tres meses de la primera cita electoral tras los comicios presidenciales, más de un político comience a darle una revisada a las encuestas. No hay duda, de mantenerse las condiciones políticas actuales, será un triunfo holgado para el PRI. La realidad es que el Pacto por México ha beneficiado indudablemente al partido en el Gobierno. Según la encuesta publicada por la empresa Parametría, 61% de la opinión pública considera que el Pacto por México beneficiará principalmente al PRI. Y aunque solamente cerca de una tercera parte de la población conoce el Pacto, las tendencias indican que la rentabilidad electoral se orienta hacia las arcas priistas. Ante la posibilidad de que tanto PRD como PAN queden desdibujados ante la “eficacia” de la administración peñanietista, la recuperación de la narrativa de oposición es parte de la estrategia de izquierda y derecha rumbo a las elecciones de julio. Y si a esto le añadimos, que el Pacto ha perdido credibilidad en prácticamente todas las encuestas, parece que es hora de que la oposición aparezca tras meses de automática colaboración.

Asimismo, es un recorrido táctico. La “etapa suave” del Pacto quedó atrás. Viene la agenda que asegura polarización y desgaste político. Las reformas de los aplausos interminables y los discursos incluyentes ya pasaron por la angosta aduana de la opinión pública. En la reforma energética y en la reforma fiscal no hay enemigos perfectos como Elba Esther Gordillo o Televisa. Hay decisiones costosas y medidas impopulares. PAN y PRI comulgan en la mayoría de los postulados de ambas reformas: más apertura económica en PEMEX y extender la penetración de los impuestos indirectos. Por su parte, la posición del PRD va en otra vía: autonomía financiera a PEMEX y reforma fiscal basada en impuestos directos y desaparición de los esquemas de consolidación fiscal. Si la estrategia del Gobierno de la República, por lo menos hasta aquí, ha sido privilegiar los consensos por encima de las mayorías, ambas reformas implican un serio desafío a esta definición. ¿Se privilegiará el acuerdo de todas las fuerzas políticas, asumiendo que esto implica un debilitamiento de la potencia de las reformas? ¿Excluir al PRD no significaría propiciar un retorno a la unión de todas las izquierdas bajo una única bandera: la defensa del petróleo nacional?

El Pacto por México enfrenta su primera gran crisis a casi cinco meses de su firma. El Pacto no tiene comprada la inmortalidad, su perdurabilidad es proporcional al contexto político que lo vio nacer. En la política nada es eterno y la fecha de caducidad del Pacto por México definirá el alcance la agenda reformista de la Presidencia de la República.