''Como aiga sido''

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2012).- El ambiente postelectoral en México difícilmente podría ser más confuso y turbulento. Después de la contienda celebrada el 1 de julio el candidato de la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, y su equipo festejaron el tan anhelado regreso a Los Pinos tras 12 años de gobierno panista.

Y aunque el PRI ganó la elección en las urnas con un cómodo margen, una buena parte de la sociedad cuestiona cómo lo hizo, pues el presunto financiamiento ilegal de la campaña del priista pone en tela de juicio la legitimidad de su triunfo.

El caso Monex, también referido como "Monexgate", es un ejemplo de los “cómos”. Es muy poco probable que en septiembre el país esté en el escenario de un Presidente interino, y casi seguro que  Peña Nieto sea declarado formalmente electo como titular del Ejecutivo. Sin embargo, siguiendo la pista al dinero, como dice el viejo adagio, se ha echado luz sobre las formas en que se financió la campaña presidencial del tricolor y que legal, ilegal o moralmente reprobable, está a punto de regresarle a la la silla presidencial.

El caso del dinero utilizado a través de monederos electrónicos comprados a Monex, no sólo podría haberse rebasado el tope del gasto de la campaña priista, sino que de comprobarse lo que ha sido publicado por algunos medios, como MVS Radio, se involucran presuntas aportaciones ilegales de sociedades mercantiles, contribuciones privadas no reportadas e indicios de lavado de dinero en transferencias monetarias a empresas inexistes o de dudoso origen.

El escándalo se destapó el pasado 25 de junio, cuando cuando el Partido Acción Nacional (PAN) acusó al partido tricolor de realizar una presunta operación financiera por un monto de 700 millones de pesos, mismos que, señalaron, se destinarían a la compra y coacción del voto durante la jornada del 1 de julio. El asunto era de enorme gravedad, pues de comprobarse el movimiento, el PRI rebasaría el tope de gastos de campaña, que era de apenas 336 millones de pesos.

Ante esta situación, el partido blanquiazul propuso ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una serie de medidas cautelares, que aunque no imputaban responsabilidad a los denunciados, sí servían como mecanismos de prevención. Entre éstas se incluía el congelamiento de las cuentas de Monex, empresa que expidió los monederos que supuestamente serían utilizados para el pago de operadores electorales.

La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que no existían los elementos suficientes para probar la jugada; sin embargo, tres días antes de las elecciones el IFE reconoció que había casi 10 mil tarjetas en circulación con un valor mayor a los 70 millones de pesos. Asimismo, el PAN presentó un expediente con testimonios rendidos ante notario público que denunciaban que los monederos se repartirían a representantes de casillas y potenciales votantes.

Rogelio Carbajal, representante de Acción Nacional ante el IFE, abogó para que la investigación se acelerara dada la cercanía de los comicios, pues en caso de que los 70 millones de pesos fueran parte del financiamiento privado, el monto duplicaba el límite de aportaciones permitido por el IFE. Sin embargo, las medidas cautelares se declararon improcedentes y no se congelaron los fondos.

Empresas fantasma

La jornada electoral transcurrió. Sin embargo, al día siguiente estallaron los escándalos relacionados con tarjetas emitidas por Soriana y Monex. Entonces, los consejeros electorales canalizaron el caso a la Comisión Bancaria, al Sistema de Administración Tributaria y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.  

La punta del iceberg apenas alcanzaba a vislumbrarse. El Movimiento Progresista puso en la mira del entramado financiero a la Importadora y Comercializadora Efra, así como al Grupo Comercial Inizzio, como las empresas a través de las cuales la coalición Compromiso por México compró las tarjetas. De acuerdo con la información revelada, las compañías mencionadas pagaron al Grupo Financiero Monex 68 millones 316 mil 158 pesos y 91 millones 212 mil 30 pesos, respectivamente.

Según la investigación realizada por el Instituto Federal Electoral, el contrato de las tarjetas abarcaba un periodo de abril a octubre del año en curso.

Los documentos presentados por los coordinadores de campaña del PAN y del Movimiento Progresista para demostrar la presunta compra y coacción del voto a favor del PRI tenían varios elementos de coincidencia, pues tanto las cuentas denunciadas por Roberto Gil (PAN) como las facturas que presentó Ricardo Monreal tenían las mismas fechas y procedían de la misma institución bancaria. Estas similitudes fortalecieron el argumento de que el partido tricolor utilizó una red de financiamiento paralela a su campaña.

Bajo la dirección de la reconocida periodista Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Sheila Amador, Olga Carranco y Juan Carlos Alarcón se dieron a la tarea de reunir pistas que sirvieran para aclarar un poco el caso.  Tras un intenso trabajo de investigación, en el cual el equipo visitó los domicilios en los que las empresas supuestamente operaban, los periodistas llegaron a la conclusión que el caso giraba en torno a dos empresas irregulares de las que no había certeza de su existencia.

La indagatoria realizada reveló que efectivamente existía un vínculo entre la empresa Efra y la campaña de Enrique Peña Nieto. El 19 de julio, el equipo Aristegui señaló que el domicilio de esta compañía, que aparecía en 22 contratos de banca Monex, coincidía con el del Grupo de Abogacía Profesional (GAP), dirigido por Gabino Fraga Mouret. El equipo calificó a esta empresa como “una fachada detrás de la cual está una familia priista de viejo cuño de apellido Fraga”.

Conexión tricolor

Como destacan los periodistas referidos, la historia de la familia Fraga y el PRI ha sobrevivido durante tres generaciones, remontándose a los años setenta. La relación ha trascendido a los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, hasta llegar a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Gabino Fraga Mouret, hijo de un ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerado una institución en el mundo del derecho y la administración pública, fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología durante el mandato de Miguel de la Madrid. Posteriormente fungió como director jurídico de Gobernación en el régimen de Ernesto Zedillo, cargo del que salió tras un escándalo de corrupción. La línea de investigación conducida por Aristegui destaca que el hijo de Fraga Mouret, Gabino Fraga Peña, también forma parte del despacho GAP y fungió como Coordinador Territorial de los Compromisos de Campaña del candidato de la coalición Compromiso Por México.

La averiguación también reveló que la empresa Inizzio operaba con prestanombres, domicilios falsos y esquemas similares al lavado de dinero. La información develada hace posible establecer una conexión directa entre el uso de tarjetas Monex por operadores del tircolor durante la campaña y las facturas millonarias por monederos adquiridos por empresas fantasmas en apenas una semanas entre abril y mayo de 2012, por cantidades increíbles para empresas del tamaño de las señaladas.

El PRI negó cualquier tipo de conexión con Monex desde las primeras acusaciones, no obstante, después admitió haber utilizado más de siete mil tarjetas de prepago con un valor superior a los 66 millones de pesos, las cuales habían sido compradas por la compañía Alkino Servicios y Calidad S.A de C.V.

En un expediente entregado a  la PGR, el partido justificó estos servicios al puntualizar que los recursos fueron empleados para cubrir gastos considerados como ordinarios en el instituto político y no dentro de la campaña de Peña Nieto, deslindándose así del vínculo con Monex. Sin embargo, después salió a la luz que Alkino subcontrató a Comercializadora Atama para tramitar la gestión con el banco implicado en el escándalo. Posteriormente, el IFE reconoció que esta compañía no tiene operaciones con el Banco Monex.

A pesar de que Jesús Murillo Karam, coordinador de Asuntos Jurídicos y defensor del triunfo electoral de Peña Nieto, reconoció que sí se utilizaron estas tarjetas, Pedro Joaquín Coldwell, presidente del partido, negó todas las incriminaciones de sus oponentes.  

Las líneas de investigación

Ante la crítica situación, la Unidad de Fiscalización del IFE abrió cinco líneas de investigación con respecto al caso. Éstas incluyen la fuente contractual, la determinación del monto y el origen de los recursos de éstas, la determinación de tenedores y usuarios, así como su nexo con el PRI y Enrique Peña Nieto.

El pasado jueves 26 de julio el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, presentó los avances de la investigación del caso e indicó que éste no se resolverá en la arena de la opinión pública. En la sesión ordinaria anunció que en principio se determinó el origen de las tarjetas, su fuente contractual, el total de tarjetas expedidas por el banco implicado, así como la identificación de las personas físicas y morales que contrataron los servicios. Asimismo, Valdés Zurita indicó que se ha determinado el monto contratado, se identificó a los distribuidores y usuarios de los monederos y para qué fueron usados los recursos. Finalmente se verificó la vinculación de las tarjetas con los partidos y el candidato implicado.

Mientras que la investigación continúa y se revelan más detalles con respecto al caso, el PRI asegura que los argumentos presentados en su contra para invalidar la elección son infundados. Por su parte, el PAN declaró que insistirá en que se aclaren, corrijan y castiguen las anomalías y el manejo ilegal de los recursos.  

Para conocer los resultados, la investigación conducida por el Consejo General del IFE debe concluir y se ha hecho dicho que quizás sea hasta el próximo año que eso suceda.

El 6 de septiembre  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) califica la elección. El caso se mantiene en suspenso, mientras que la credibilidad del triunfo electoral priista se tiñe de una incómoda suspicacia, que crece entre ciudadanos e instituciones, si bien otro sector parece querer apagar la comezón con el famoso dicho calderonista de “Aiga sido como 'aiga' sido”.

PARA SABER

No fiscalizables

El PRI  acusó a Andrés Manuel López Obrador de utilizar en su campaña presidencial “de manera ilegal” al menos mil 200 millones de pesos a través de organizaciones civiles  que no son fiscalizables por la autoridad electoral.

ACUSACIÓN

Investigan fondos del PRD

Respecto a la queja del PRI contra Andrés Manuel López Obrador por el supuesto financiamiento paralelo a su campaña presidencial,  la Unidad de Fiscalización del IFE suma 78 diligencias sobre diferentes asociaciones civiles, como “Morena”, “Sin Maíz no hay País”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación” y “No nos vamos a dejar”, que en conjunto presuntamente habrían rebasado el tope de gastos de campaña.