Vivir mejor

Como lo han hecho otros gobiernos en épocas anteriores, el actual que encabeza el Presidente Felipe Calderón Hinojosa acaba de anunciar la puesta en marcha de un programa articulador de políticas públicas, para atender a los grandes sectores que viven en condiciones de pobreza. Ha sido presentado por el propio Mandatario como el eje rector de su administración en materia de política social, con el nombre de Vivir Mejor.

En el anuncio del plan, el Jefe del Ejecutivo expuso que con él se busca erradicar la extrema pobreza, atender los problemas de la alimentación, la educación, la salud y la capacitación para el trabajo a través de cuatro puntos de apoyo a la ciudadanía, y enfatizó que “Vivir mejor busca atacar las verdaderas causas, no sólo sus efectos”.

Por ello, la definió como una política social “que va más allá del mero asistencialismo, a diferencia de políticas públicas populistas o paternalistas que intentan coacción, y en ocasiones terminan por exacerbar los efectos de la pobreza”.

Es indudable que, desde el punto de vista de la aplicación de políticas públicas, los grandes programas presupuestales deben mirar hacia quienes menos tienen y diseñar estrategias de atención, para que nadie esté al margen de recibir los servicios más indispensables. En ese sentido, es plausible que el Gobierno Federal defina y ejecute un amplio programa de política social encaminado precisamente a cubrir ese flanco.

Sin embargo, también es muy importante que la asignación de estos recursos, que se ejercen a través de dependencias gubernamentales, se haga con la más absoluta transparencia, con plena justificación de hacia dónde van dirigidos, y con mecanismos de control que permitan conocer con exactitud quiénes son los beneficiarios de este tipo de programas.

Unos miles de pesos invertidos en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, puede llegar a ser fundamental para cambiar la vida de familias que han vivido durante largos años al margen de los servicios básicos.

Desde la oposición, que ya ha sido Gobierno y que ya ha ejecutado sus propios programas de política social, ahora se alzan voces que alertan sobre la posibilidad de que se perviertan los fines loables que tiene la inversión a favor de los más necesitados. Sin duda ha habido experiencias que indican lo pernicioso que puede llegar a ser destinar dinero para comprar clientelas políticas; esas prácticas deben quedar en el pasado y no repetirse jamás, al margen del signo del partido que ejerce el poder.

Es obligación de los gobernantes comprometerse a destinar correctamente y sin condicionamientos cada peso que se asigne a los programas de esta naturaleza, como debe hacerse con cualquier gasto que haga la autoridad, habida cuenta de que se trata de recursos públicos.

Los ciudadanos también podemos hacer nuestra parte, vigilando que los presupuestos gubernamentales sean escrupulosamente ejercidos y que nada de lo que se haga con ellos se salga de los fines para los que fueron asignados.