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Sábado, 22 de Septiembre 2018

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Por: EL INFORMADOR

El viernes pasado se presentaron diversos informes relacionados con lo que se consideran avances en materia de seguridad a nivel nacional, a propósito de que se cumplieron 100 días de que en Palacio Nacional, autoridades federales y estatales, junto con organizaciones de la sociedad civil, suscribieron una serie de compromisos en ese renglón.

La cifra de secuestros que se siguen presentando en el país —se dijo hace dos días, otra vez en la sede del Poder Ejecutivo federal— es “alarmante, inaceptable e indignante”, y ello queda demostrado por el hecho de que en los últimos 100 días se han registrado un promedio de dos plagios por día.

El propio Presidente Felipe Calderón admitió que, aunque el Gobierno federal cumplió con todos los acuerdos pactados el 21 de agosto, “faltan resultados y falta mucho por hacer”. Es bueno que se reconozca, pero si algo le queda claro a la sociedad mexicana, es que cada policía de a pie, cada agente investigador, cada ministerio público, cada juez y cada funcionario, debe rendir cuentas todos los días de que ha cumplido con su trabajo y de que tiene las manos limpias.

¿Logros? Bueno, pues se nos ha dicho que la conjunción de esfuerzos entre autoridades federales y locales “ha permitido detener a 272 presuntos secuestradores y desarticulado a 53 peligrosas organizaciones de secuestradores. Con ello, en promedio, se ha capturado una banda de secuestradores cada dos días y se ha logrado la liberación de 184 víctimas secuestradas en estos 100 días”.

En la médula del problema se encuentra algo que se reveló en la víspera de la reunión en Palacio Nacional: Prácticamente la mitad de todos los policías que actúan en el país (es decir, de los distintos órdenes de Gobierno y de las diferentes corporaciones) no son aptos para desempeñar la tarea de brindar seguridad a la sociedad, por diferentes razones, que van desde la impericia, la falta de capacitación o la corrupción en que han caído.

Por eso, desde todos los frentes y rincones del país, quienes están convencidos de que la batalla contra el crimen organizado debe seguir tendrían que hacer suyas las palabras presidenciales: “No podemos ni vamos a claudicar”.

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