Injusticia nacional a justicia internacional

La justicia tendrá que venir del exterior. No hay otra opción. Está tan viciada la investigación penal del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, que las posibilidades de que las investigaciones penales concluyan con sentencias justas es casi imposible. Los padres de las víctimas deberán de recurrir ya sea al Tribunal Penal Internacional, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que la muerte de sus hijos no quede impune.

La creación de la Corte Penal Internacional, como una jurisdicción internacional de carácter subsidiario, fue para actuar contra criminales, cuando el Estado no actúe o elabore una farsa para proteger a los responsables. El que México aceptara la jurisdicción de esta corte fue por demás un proceso tardado y acrobático, pues en el fondo implicaba el aumentar los estándares de la justicia penal en México, a efecto de que ningún caso mexicano pudiese llegar a esta Corte Penal Internacional.

La jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la instancia en donde individuos u organizaciones pueden recurrir ante violaciones del Estado.

En el caso de la tragedia de la Guardería ABC, podría haber jurisdicción de ambas cortes: la investigación penal parecería que se está llevando a cabo para asegurar la impunidad, o castigos irrelevantes. Además, ya se habla de que ya hay violaciones de las garantías individuales, por eso la Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga e investigue. Será difícil que la Corte tenga la capacidad operativa o la voluntad política de atraer este caso. ¿La alternativa para los Padres? La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los dimes y diretes del gobernador de Sonora y el secretario de Gobernación, la lentitud con que el Estado se movió para empezar a revisar las guarderías existentes, las públicas diferencias entre el manejo de las investigaciones de la Procuraduría de Sonora y la de la Procuraduría General de la República (PGR), el hecho de que ya se estaba hablando de fianzas para los inculpados mucho antes de  consignarlos, es absolutamente incomprensible porqué el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no ha divulgado la lista de los dueños de las guarderías subrogadas, a un mes de la tragedia. ¿A quiénes protegen, qué pruebas están escondiendo o destruyendo?

Ante esta realidad, la única opción de las familias va a ser buscar que presiones del exterior impongan orden en el interior.

Desafortunadamente con la forma en que se han manoseado políticamente estas investigaciones, a la mejor aunque se hiciera un juicio internacional y público no va a resultar en justicia para estos niños muertos y los que continúan en los hospitales, pero por lo menos se evidenciaría aún más la incapacidad y la corrupción del Estado mexicano para perseguir casos que tengan connotaciones políticas.

Si no hay justicia para estas familias, por lo menos habría presiones suficientes para que el Estado mexicano tome los pasos necesarios para asegurar que las guarderías en este país tengan normas mínimas para proteger la integridad de nuestros pequeños, y que nunca vuelva a suceder una tragedia como la del 5 de junio en Hermosillo, Sonora.

ANA MARÍA SALAZAR / Analista política.
Correo electrónico: anamaria@anamariasalazar.com