Buró depurado

Con las reformas que se acaban de anunciar a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, podrán ser eliminadas de los registros del Buró de Crédito más de dos millones y medio de personas físicas y 831 mil empresas, todas ellas con más de seis años de antigüedad en la lista crediticia.

Este hecho es relevante, ya que ante la creciente bancarización de la economía, quienes habían tenido alguna falla circunstancial y menor, pero habían sido dados de alta en el registro, con frecuencia tenían problemas para tramitar créditos o referencias bancarias.

Este tipo de cambios en la legislación, que no trascienden como sucede con reformas de perfil más protagónico, permitirá abrir oportunidades de solicitar créditos a muchas personas o empresas que por cuestiones menores estaban impedidos, pero además, obligará a los bancos a dar a conocer a todos los usuarios de tarjetas de crédito su Costo Anual Total (CAT), para que éstos puedan comparar el costo de sus diferentes créditos y acaben por elegir sólo los más competitivos.

Ante estos cambios, es previsible que se aplicará cierta discrecionalidad y ello trae consigo algunos riesgos, pues si sólo se eliminan los registros por antigüedad, se corre el riesgo de que se eliminen a deudores con malas prácticas.

Si éste es el caso, puede llegar a afectarse a los acreedores que evalúen de manera positiva a malos deudores, sólo por el hecho de que ya no aparecen en el registro crediticio, cuando la realidad es que fueron borrados por antigüedad y no por sus buenas prácticas en el manejo de créditos.

Por contraparte, en los casos en que los deudores con buenas prácticas, pero que en menos de seis años hayan cometido algún descuido en su historial de pagos, los registros no serán eliminados y seguirá limitándose su acceso a créditos, a pesar de ser poco riesgosos para los posibles acreedores.

Habrá que cuidar los criterios con que la Ley permita hacer las remociones de la lista, para que no suceda que en ella ni están todos los que deben estar, ni faltan quienes merecen una mención.

En cualquier caso, el esfuerzo por depurar un registro que por rígido había dejado de ser exacto, restándole con ello credibilidad y utilidad, es bienvenido. No olvidemos que muchas veces, por no tener acceso a créditos ya fuesen bancarios, de empresas comerciales o de vivienda que se apoyan en el Buró de Crédito, la gente acaba por recurrir a otro tipo de prestamistas que resultan más caros y riesgosos por operar fuera de la ley.

Queda pendiente la tarea de dar a la población una mayor cultura financiera que le permita tener acceso a las mejores oportunidades que se ofrecen en el mercado. Esta tarea no la resolverá ley alguna, debe ser iniciativa de las autoridades, pues ellas tienen acceso a espacios en los medios, así como el aparato que puede ponerla en práctica.