Accidentes viales

Los accidentes fatales en los que se ven involucradas unidades del transporte público han cobrado ya, en lo que va del año, 36 vidas, cifra que rebasa el número de decesos del año pasado, que fueron 33 en total. Preocupante sin duda esta situación, más aún cuando desde el mes de mayo se anunciaron una serie de medidas tendientes a disminuir esta estadística, medidas que no se han aplicado a cabalidad, a juzgar por los resultados negativos. La Secretaría de Vialidad se ha dado a la tarea de realizar operativos de revisión a las unidades, pero no ha sido suficiente.

El miércoles se registró un accidente más, en el que perdieron la vida seis personas, y ello llevó a que el gobernador del Estado, Emilio González Márquez, anunciara que en breve presentará una iniciativa ante el Congreso del Estado, para modificar el marco legal y tipificar sanciones no sólo para los operadores de unidades del transporte público involucradas en este tipo de percances, sino para los dueños; con anterioridad se había dicho que les serían revocadas las concesiones, lo cual, hasta ahora, no se ha dado, y sólo se ha dicho que están en estudio algunos casos.

Sin embargo, medidas de esta naturaleza, por sí solas, no son una solución de fondo al problema, ya que deben ir acompañadas de otras que vayan más allá de lo punitivo, y se enfoquen a la prevención. Se requiere, en concreto, de una reestructuración total del transporte público, que contemple unidades en perfecto estado, personal debidamente capacitado, e implementar un sistema de prepago, de manera que el operador no se distraiga al cobrar, entre otras acciones que corresponderían a los transportistas.

Pero hay mucho más por hacer, cuya responsabilidad es de las autoridades, como el mantener calles y avenidas en buen estado, una señalización adecuada y suficiente, reestructurar rutas en aquellos puntos en que son más frecuentes los accidentes, una vigilancia estricta del comportamiento de los choferes y, sobre todo, otorgar licencias de manejo a quienes verdaderamente acrediten estar capacitados para prestar el servicio —el accidente del miércoles en Tonalá reveló que el conductor del midibús apenas si tenía 20 años de edad—.

Por las calles de la Zona Metropolitana circulan poco más de cinco mil unidades autorizadas a prestar el servicio, mismas que transportan a 47% del total de la población y que a diario realizan poco más de siete millones de viaje-persona. Estas cifras dan una idea de lo complejo que es el problema, al cual debe sumarse la falta de cultura vial, tanto en trabajadores del transporte público como en choferes particulares y hasta en los mismos peatones; de ahí la importancia de que se apliquen medidas concretas, y a la mayor brevedad, para evitar que la cifra de pérdida de vidas vaya en aumento.