Van contra la SEP por daño moral

CIUDAD DE MÉXICO (17/JUL/2013).- El consorcio de empresas al que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le rescindió el contrato de compra de 240 mil laptops para niños de primaria, anunció que alegará judicialmente la responsabilidad patrimonial del Estado para que se le reparen los daños económicos y morales que le causaron los comentarios de Emilio Chuayffet.

El abogado de Grupo Mercantil Te Prestamos, Integra Ingeniería y Grupo Arca, Alfonso Guati Rojo, dijo que estas empresas no son “patito”, y tienen la solvencia financiera para proveer los aparatos electrónicos. Dijo que en el proceso de licitación presentaron estados financieros, inmuebles y cartas de crédito.

Insistió en que el titular de la SEP no respetó el debido proceso. “Nos vamos a defender. No creemos que exista ninguna causal para que nos sancionen ni inhabiliten (…) Vamos a gestionar acciones en contra de la SEP,  porque estamos convencidos que quien ha llevado a cabo una acción irregular es la SEP, y no tenemos por qué soportarlo”.

Añadió que analiza interponer un recurso por responsabilidad patrimonial del Estado en este caso, y está evaluando el daño económico, e incluso moral, “porque la propia ley señala que podemos reclamar daño moral frente a todas las consecuencias perniciosas, porque se ha señalado que somos empresas “patito, que no tenemos herramientas ni instrumentos económicos y jurídicos, y lo cierto es que el fallo puso a competir a 18 empresas y estuvimos dentro de las solventes”.

Luego de la denuncia que presentó la SEP ante la Secretaría de la Función Pública, el abogado pidió a ambas instancias no actuar “políticamente” en su fallo.

Argumentó que debido al juicio mediático del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, las aseguradoras que contrató ese consorcio les negaron la fianza que les requirió la SEP como garantía del contrato que firmarían, pues les dijeron que el convenio estaba prácticamente anulado por los dichos del funcionario.

Guati aseguró que las empresas no recibieron de la SEP ningún anticipo, por lo que no entiende el alcance de la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública.

Afirmó que si la SEP entrega el contrato al segundo o tercer lugar, la Secretaría de la Función Pública podría declarar desierta la licitación debido al litigio, y por lo tanto se retrasaría aún más la entrega de los aparatos electrónicos a los alumnos de quinto y sexto de primaria de los estado de Colima, Sonora y Tabasco.

El Economista

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De regreso

Las empresas quieren:

La responsabilidad patrimonial del Estado sobre la licitación.

Nulificar la rescisión.

Estar a disposición para proporcionar laptops.