Se ignoraron alertas para evitar caso Iguala: ONU

CIUDAD DE MÉXICO (23/ENE/2015).- La representación de la ONU en materia de derechos humanos y de desaparición forzada aseguró ante senadores que el Estado mexicano por muchos años no actuó y dejó pasar para ''oportunidades posteriores'' las recomendaciones que el sistema internacional les hizo en estos casos, lo cual que derivó en la tragedia de Iguala.

Al participar en el último día de audiencias públicas organizadas en el Senado para discutir el contenido de la iniciativa constitucional propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública y justicia, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, dijo que se llegó hasta la tragedia porque no se actuó con prontitud y no hubo continuidad en las recomendaciones que se emitían desde hace años.

''Llegamos hasta aquí desde que en cada desaparición forzada, en cada acto de ejecución extrajudicial, en cada acto de tortura, en cada acto de mayores violaciones a los derechos humanos, no actuamos con prontitud y no detectamos que la continuidad de nuestra inacción, la inhabilidad que tuvimos para ponernos de acuerdo, la carencia de identificación de las casusas de los problemas que nos aquejan, simplemente fueron pasadas a una oportunidad posterior'', dijo.

Sin embargo, el funcionario agregó que la iniciativa presidencial es una oportunidad para poder sintetizar todos los esfuerzos que se han venido haciendo para tener las herramientas legales que México necesita para enfrentar este flagelo.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez está de acuerdo en la creación de una Policía de Mando Único, porque consideró que con ello se impedirá la penetración de la delincuencia organizada en las distintas esferas de gobierno. ''El compromiso de los chihuahuenses es con la legalidad'', dijo Duarte.

Propuesta presidencial

El Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, dijeron que busca ordenar el sistema de competencias penales.

Castillejos dijo que éste ha estado ''desordenado'', lo que debilita la ejecución de la justicia.

Benítez agregó que el sistema vigente, tanto para la legislación de delitos como para investigación y persecución, no es suficiente para combatir la delincuencia, y destacó que buscan ''un federalismo corporativo'' para establecer competencias específicas.