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Viernes, 14 de Diciembre 2018
México | Téllez reiteró que hasta el momento no hay evidencia de atentado

SCT presenta denuncia de accidente de LearJet ante SFP

Las irregularidades que denuncia la Secretaría están relacionadas con la licencia de operación del taller que daba mantenimiento a la aeronave

Por: SUN

MÉXICO, DF.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque en la investigación sobre la caída del avión en el que viajaba el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se detectaron elementos que pueden configurar responsabilidades de servidores públicos al avalar posibles conductas irregulares de terceros.

Estas presuntas irregularidades están relacionadas con la licencia de operación del taller que daría mantenimiento a la aeronave, un Learjet 45, matrícula XC-VMC, así como la revalidación de la licencia de los pilotos, afirmó el rueda de prensa el titular de la SCT, Luis Téllez.


Indicó que corresponderá a la SFP el análisis detallado de los hechos que hasta el momento se han podido establecer en la investigación y señaló que por lo pronto la SCT inició un proceso de revocación de la licencia del centro de capacitación aeronáutico en el Aeropuerto de Toluca, estado de México, involucrado en esta operación.

Téllez recordó que el 14 de noviembre presentó un reporte preliminar de la investigación sobre la caída de la aeronave, una vez terminada la fase de campo e insistió en que hasta el momento la investigación no ha producido evidencia alguna de sabotaje o atentado.

Reiteró que la hipótesis más sólida hasta ahora es la de un accidente que se registró luego que el Learjet 45 se acercó a un avión pesado más de lo que señala la norma al respecto, que la tripulación reconoció la presencia de una turbulencia de estela y que inmediatamente después cayó a tierra. La Secretaría de Gobernación otorgó a una empresa, a través de una licitación pública, un contrato de prestación de servicios aéreos para la operación del avión mencionado y la SCT investigaba los aspectos aeronáuticos de dicha licitación, así como la capacidad de la empresa para proporcionar los servicios requeridos, entre ellos las licencias de vuelo y los certificados de capacidad de los pilotos para volar el Learjet 45.

Téllez dijo que en los últimos días, al analizarse con más profundidad estos temas, se han encontrado indicios de irregularidades que podrían constituir responsabilidades por parte de la empresa contratada, así como del centro de capacitación aeronáutico vinculado con los trámites de licencias. Derivado de ello, pudieran también constituirse responsabilidades de servidores públicos de la Comandancia del Aeropuerto de Toluca, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil, agregó. Por lo tanto, indicó, este viernes por la mañana funcionarios de la SCT presentaron ante la SFP la denuncia correspondiente y entregaron el expediente completo de estos hechos. Sobre la licitación pública que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación para la contratación de servicios aéreos, dijo que se firmó el contrato el pasado 31 de diciembre, y que contemplaba los servicios de mantenimiento del avión Learjet 45, de pilotos, sobrecargo, despacho, limpieza y comisariato.

"En dicha licitación no se exigió específicamente la licencia de operación del taller que daría mantenimiento a la aeronave; no se pidió específicamente un mínimo de horas de vuelo del personal de pilotos que podría operar el avión", afirmó el titular de la SCT.

Indicó que hasta este momento el Comité investigador no tiene evidencia de la disponibilidad de dos equipos que pudieran sustituir al Learjet 45 XC-VMC en los casos en que éste no pudiera ser usado, por encontrarse en mantenimiento, conforme a uno de los compromisos asumidos por la empresa. También señaló que los pilotos aviadores requieren tanto de licencia vigente para volar, como de certificación de sus capacidades para operar series específicas de aeronaves. En la obtención y el otorgamiento de licencias y certificación de capacidades intervienen siempre un centro de capacitación privados y una autoridad. "Los hechos revelados en la transcripción de la grabación de voz (durante el percance aéreo), mostraron la falta de familiaridad de la tripulación con los instrumentos en cabina, por lo que en la investigación se puso especial atención en revisar las licencias y certificados de los pilotos", señaló. Los pilotos que tripularon el Learjet 45 XC-VMC, contaban con la documentación que en principio comprobaba sus respectivas licencias y certificados de capacidad.

Sin embargo, el análisis detallado de estos procesos revela que la revalidación de la licencia se obtuvo mediante procedimientos presuntamente irregulares, realizados por un centro de capacitación aeronáutico en el Aeropuerto de Toluca y que podrían haber sido avalados por algún servidor público adscrito a la Comandancia que en ese momento se encontraba a cargo del mismo Aeropuerto. Las irregularidades observadas, ocurridas entre octubre de 2007 y marzo de 2008, consisten en simulación de cumplimiento de horas de vuelo, carencia de autorización de un instructor calificado y omisiones de supervisión, entre otros. Además de otros elementos probatorios, el centro de capacitación que certificó la experiencia de dicho piloto, reconoció en una carta del pasado 18 de noviembre que, en efecto, se presentaron conductas fuera de la norma. La misiva fue escrita en respuesta a un requerimiento oficial de información por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En cuanto al proceso de certificación de capacidades para volar el Learjet 45, también se han detectado anomalías.

Una de ellas es que uno de los pilotos fue incorporado al sistema de licencias, sin tener la certificación obligatoria para ello. La revisión de los expedientes de certificación revela que no están completos, pues les falta documentación, por lo que deberá revisarse que las autorizaciones correspondientes hayan sido expedidas conforme a las normas vigentes.

El secretario de Comunicaciones y Transportes indicó que para referirse a posibles responsabilidades administrativas en las que pudieron incurrir servidores públicos por la convalidación de actos indebidos de terceros, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública el análisis detallado de los hechos que hasta el momento se han podido establecer en la investigación, como los aquí he mencionado. 

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