Royale, a un año de la tragedia que no se olvida

MONTERREY, NUEVO LEÓN (24/AGO/2012).- Mañana se cumple un año de la tragedia en el casino Royale, en Monterrey, provocada por ataque de una célula del cártel de los “Zetas”, que exigía el pago de derecho de piso.  Hoy, actores y funcionarios de primer nivel, que en mayor o menor medida estuvieron relacionados con el episodio, están prófugos, fueron exonerados, reinstalados en sus cargos o se acogieron a los beneficios de la jubilación.

El 25 de agosto de 2011 un grupo armado roció gasolina y prendió fuego al centro de apuestas, provocando la muerte de 52 personas, 42 varones y 10 mujeres, entre quienes se encontraban  clientes y trabajadores del lugar. El ataque también dejo una docena de heridos.

Los detenidos por el caso han confesado que querían dar una lección a los dueños del establecimiento, para que pagaran “derecho de piso”.

Raúl Rocha Cantú, identificado como el dueño del Casino Royale, hoy se encuentra prófugo luego de que un juez federal girara una orden de aprehensión en su contra, por la presunta violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pero que no tiene relación con el ataque en Monterrey.     

El entonces alcalde regiomontano, Fernando Larrazabal, rechazó la petición del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN de renunciar al cargo luego de la aparición de unos videos donde su hermano, Jonás, aparece recibiendo dinero en efectivo dentro de un casino. En otras imágenes, se ve al hermano del alcalde con un colaborador del edil en una entrevista con un personaje ligado a estos centros de apuestas. Larrazabal negó cualquier irregularidad y desafió a su Partido al negarse a dejar la administración por 30 días, para facilitar las investigaciones.

El gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, aprovechó el escándalo que generó el alcalde y su entorno, para que los reflectores no cayeran sobre él, y acusó al Gobierno federal de la violencia en su Estado. No obstante, el mandatario estatal no se libró de una serie de manifestaciones de víctimas y familiares de la tragedia, quienes pedían su renuncia.

Durante la administración de Larrazabal 11 centros de apuestas abrieron sus puertas en Monterrey. No obstante, el Casino Royale inició operaciones en septiembre de 2007, durante la administración del presidente municipal, también panista, Adalberto Madero, quien tiene tres primos que participan en el Consejo de Atracciones y Emociones Vallarta, permisionaria que operaba el centro de apuestas. Sin responsabilidad que se le impute, Adalberto Madero preside una asociación civil y fue relegado de cualquier postulación partidista en los comicios de julio pasado.

El Casino Royale abrió sus puertas con una superficie construida de cuatro mil metros, pero mediante obras de remodelación, cuya legalidad también fue cuestionada por entidades civiles porque supuestamente violaba los planes parciales de desarrollo, los propietarios crecieron el inmueble a 10 mil metros cuadrados.

El centro de apuesta había sido clausurado por Larrazabal, junto con otros 11 lugares de juego, el 4 de mayo de 2011, por no contar con permisos municipales, pero el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Alfonso Solís, otorgó  una suspensión que permitió al casino seguir operando.

El mandatario Medina y el entonces alcalde Fernando Larrazabal anunciaron en forma conjunta la renuncia del José Alfonso Solís como una consecuencia de la tragedia. Sin embargo, medios de comunicación afirman que el magistrado no dimitió ni fue separado del cargo, sino que se retiró jubilado.

Por su parte, la presidenta del mismo Tribunal, Juana María Treviño, defendió las resoluciones a favor de Royale. Y aunque el Congreso neoleonés rechazó ratificarla para continuar en el cargo, la jueza obtuvo una suspensión provisional con la que fue reinstalada como magistrada del ahora llamado Tribunal de Justicia Administrativa.

Luis  Jerezano Treviño, juez primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Coahuila, y cuyos fallos también beneficiaron al Casino Royale, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura, junto con su ex subordinado Gerardo Tiscareño Mercado. Ambos continúan bajo investigación, pero no han sido sancionados.

Jorge Camacho, hoy director de Protección Civil del Estado, fue quien otorgó en 2007 el aval que permitió al Casino Royale obtener el permiso municipal para abrir sus puertas.

La Procuraduría General de la República (PGR) exoneró a Camacho de toda responsabilidad. Y es que, el entonces subprocurador de la PGR, Cuitláhuac Salinas, quien presentara un peritaje conjunto del ataque con las autoridades estatales, exoneró a todos los funcionarios implicados.

Salinas fue ascendido a la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

El  procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, asumió la investigación de las 52 muertes. Sin revelar nombres, aseguró que hay funcionarios estatales y municipales involucrados en la  averiguación. El proceso legal, que tiene más de 400 evidencias pendientes por desahogar, podría durar por lo menos un par de años más.

Los autores materiales

Cuatro días después la masacre, el 29 de agosto de 2011, fueron presentados cinco miembros de “Los Zetas”, presuntos autores materiales del atentado.

El 11 de septiembre, la procuraduría anunció la detención de otro presunto responsable, Miguel Ángel Barraza Escamilla, quien desde hacía nueve años era policía del Estado de Nuevo León.

Barraza Escamilla está acusado de vigilar el atentado desde una camioneta que detuvo frente al casino mientras los sicarios realizaban el ataque.

El 6 de enero de 2012 la Policía detuvo a Baltazar Saucedo Estrada, alias “El Mataperros”, presunto líder zeta de “la plaza” de Monterrey, quien habría ordenado el ataque al casino, y por quien la Procuraduría de General de la República ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de pesos por su captura.

Las autoridades creen que un total de 12 personas, entre las que también habría dos mujeres, participaron en el ataque.

TELÓN DE FONDO
Dos minutos fatales

Alrededor de las 15:48 horas del 25 de agosto de 2011, miembros de “Los Zetas” comenzaron a llegar en cuatro automóviles —dos camionetas y dos coches compactos— hasta la puerta del Casino Royale, ubicado en avenida San Jerónimo, en Monterrey.

Tras estacionarse a la entrada del local, los sicarios bajaron de los vehículos. Portaban armas y bidones en los que llevaban la gasolina que usaron para provocar el incendio. La cámara de video que registró la irrupción de los criminales estaba en el exterior del local, por lo que no se pudo ver lo que pasó en el interior del mismo. Instantes después decenas de personas abandonaron el establecimiento, seguido de la huida de los criminales, que se produjo cuando el humo ya impedía la visibilidad. Todo eso duró menos de dos minutos y medio.

Según diversos testigos, los sicarios esparcieron gasolina dentro del casino, mientras gritaban: “Se los va a cargar la ch…”. En ese momento alrededor de 300 personas se encontraban en el local de apuestas de cuatro pisos. Durante los minutos trágicos la multitud de clientes se abalanzó  hacia la puerta principal, que quedó inaccesible por a causa del fuego. El incendio duró tres horas.

Los cuerpos de emergencia derribaron paredes para rescatar a los clientes atrapados. Dentro del negocio se encontraron con grupos de cuerpos sin vida, muertos intoxicados por el humo, con el teléfono en la mano. Otros grupos de cadáveres fueron encontrados en los baños.

De las 52 personas fallecidas, 42 eran mujeres, una de ellas estaba embarazada. La mayoría de las féminas eran mayores de edad. Siete de las víctimas fallecieron por quemaduras y el resto por asfixia. Ninguno de los cuerpos presentaba heridas por arma de fuego.

El Presidente Felipe Calderón decretó tres días de luto nacional y ofreció una recompensa de 30 millones de pesos por la captura de los asesinos.