Propondrán controversia constitucional en caso Banamex

CIUDAD DE MÉXICO.- La inconformidad contra la Secretaría de Hacienda, que dará tres años para resolver si se mexicanizan las acciones que tiene el gobierno de Estados Unidos en Banamex, a través del banco Citigroup, se extiende en la Cámara de Diputados, donde las bancadas del PRD y Convergencia han confirmado que analizan los fundamentos jurídicos para proponer al pleno entablar una controversia constitucional contra el Ejecutivo.

Que sea la Corte la instancia que resuelva quienes tienen la razón, por una parte el Congreso de la Unión, que defiende la soberanía nacional, o el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien como fijó un plazo de tres años para tomar una decisión, podría haber señalado un año, expresó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, José Manuel del Río Virgen, de Convergencia.

En San Lázaro, también se ha pronunciado por ir a una controversia diputados del PRD, encabezados por Juan Guerra, integrante de la Comisión de Hacienda, en tanto que en el Senado, el PRI se ha inconformado contra la resolución de Carstens de permitir al gobierno de Estados Unidos como accionista en Banamex.

La legislación mexicana establece un candado en la propiedad de bancos, al no permitir que gobiernos extranjeros sean dueños.

Esta semana, Convergencia en la Cámara de Diputados concluirá sus estudios jurídicos para sustentar una controversia, y en todo caso, revisarías las que tengan otros grupos parlamentarios, a fin de apoyar en conjunta al mejor proyecto.

De antemano, Del Río Virgen señaló que la permisión de que Citigroup continúe como propietario en Banamex viola la ley y la Constitución.

"No podemos permitir una decisión que involucra la soberanía nacional a un solo hombre, que dice una cosa y luego otra y que sale con una puntada, como es el dar tres años a la propiedad del gobierno de Estados Unidos en Banamex", dijo el legislador de Convergencia.

Criticó a Carstens:

Los funcionarios, "no son dueños ni de sus tiempos, menos de los tiempos del Estado ni de la legalidad y la constitucionalidad del país; el plazo de tres año no tiene validez", expresó.