Permanente pide informe sobre rescate de banda 2.5

CIUDAD DE MÉXICO (22/AGO/2012).- El pleno de la Comisión Permanente solicitó al Ejecutivo federal un informe detallado sobre las razones para el rescate de las concesiones de la banda ancha de 2.5 Gigahertz, actualmente en manos del empresario Joaquín Vargas.

En el punto de acuerdo se menciona que el pasado 8 de agosto el titular de la SCT dio a conocer la decisión del gobierno federal de rescatar las concesiones de Multivisión (MVS) correspondientes a la banda 2.5 Gigahertz.

Al presentar la propuesta de urgente resolución, el diputado José Luis Jaime Correa dijo que los desencuentros entre el dueño de la concesionaria MVS y funcionarios de este gobierno generaron dudas sobre un probable ''ataque al derecho a la información, a la libertad de expresión y a la pluralidad que debe existir en los medios de comunicación''.

''En esas condiciones -enfatizó el legislador del PRD- se podría calificar esta acción como un acto autoritario, motivado en razones ajenas al interés público'', pues no se aprecia que tenga sustento de orden técnico.

En el documento, se expone que dicha dependencia sustentó su determinación en la falta de acuerdo sobre el monto de la contraprestación que debería pagarse para prorrogar los títulos asignados a MVS, así como la necesidad de hacer un uso más eficiente de la banda ancha, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

Para Jaime Correa esta medida ''tiene visos de ser un acto de venganza que busca favorecer los intereses de los monopolios televisivos, tal como lo han adelantado muchos analistas y especialistas''.

En opinión del diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, no sólo debe explicar los motivos económicos del rescate, sino el ''posible chantaje o presión'' a la empresa para que saliera del aire la periodista Carmen Aristegui.

Además, afirmó que este hecho ''es un atentado muy grave a la Constitución y a los derechos humanos'' que debe investigar de oficio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de determinar si hubo o no violación a la libertad de expresión.