Operativo en Juárez dejó decenas de violaciones

CIUDAD JUÁREZ.- El pasado 8 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado inédito en el que anunciaba operaciones de un falso Ejército financiado por narcotraficantes, que consumaría crímenes sin importar la presencia de testigos. El propósito del grupo, citaba el documento, era desprestigiar a las fuerzas armadas que iniciaban entonces el Operativo Conjunto Chihuahua.

“Empleando uniformes semejantes a los de uso militar, el grupo pretende efectuar actos delictivos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del Ejército mexicano, y realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”, advertía la Sedena.

La estrategia, de acuerdo con el comunicado, era respaldada por la organización de los Carrillo Fuentes. A la fecha, oficialmente ninguna autoridad local ha referido la operación de un doble Ejército, pero a cambio existe registro de casos en los que esa metodología ha sido empleada por efectivos reales de las Fuerzas Armadas.

2008 terminó con una cifra sin precedentes de quejas por allanamiento de morada, aprehensiones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. Las denuncias formales que han conocido autoridades y organizaciones de derechos humanos señalan como autores de tales hechos a militares y agentes de la Policía Federal.

El miedo a los soldados
La oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Ciudad Juárez abrió 160 expedientes entre abril y diciembre de 2008. De ellos, refiere el visitador Gustavo de la Rosa Hickerson, únicamente dos fueron aceptados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al cierre del primer semestre de 2009, la misma visitaduría de la CEDH documentó otros 50 casos. La mayoría, dice el visitador De la Rosa, son por tortura, desaparición y homicidio. “De ello se han desprendido denuncias penales, pero en cada una la PGR ha debido declararse incompetente y ha transferido las investigaciones al Ministerio Público Militar y ahí, una vez que llegan estas investigaciones, desaparecen al menos de la transparencia de la investigación. Y no hablo de un caso, sino de cientos”.

El 16 de abril de este año, el Gobierno municipal abrió el Programa para la Atención de Quejas y Denuncias del Operativo Conjunto Juárez. Hasta el 30 de junio recibió 623 denuncias contra militares y agentes federales, de las cuales 538 (86.35%) fueron confirmadas y 85 se encuentran pendientes de resolución.

A partir de las denuncias canalizadas por la oficina hacia los mandos del Operativo Conjunto, González sostiene que el volumen decreció en junio, comparativamente con abril y mayo. Pero el abogado tiene otro par de lecturas para explicar lo que sucedió: “La primera confirma que, en efecto, soldados y policías están implicados en los crímenes, y la segunda, que existe gran temor entre los afectados, lo que inhibe la búsqueda de justicia”.

“Muchísima gente no quiere dar su testimonio cuando están detenidas las personas o cuando no aparecen. Están intimidadas, y también la intimidación es un delito. La gente no hace uso de sus derechos, y es lo lamentable de este país”, expresa el funcionario.

Incluso hay quienes buscan ayuda en organizaciones ciudadanas. Una de las organizaciones es el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera. Cipriana Jurado, la directora del centro, dice que fue avasallada por la cantidad de casos que refieren atropellos de las fuerzas armadas. En medio año, correspondiente al segundo semestre de 2008, su oficina documentó 30 desapariciones presuntamente cometidas por efectivos del Ejército. De ellos, agrega, únicamente dos familias persisten: el resto huyó de la ciudad, intimidadas por supuestos militares.

Inicio “triunfal”
El Operativo Conjunto Chihuahua inició el 28 de marzo de 2008. La víspera, el gabinete de seguridad nacional informó el arribo de dos mil 26 efectivos militares y 435 policías federales, quienes tenderían un corredor de vigilancia a través de 100 kilómetros lineales, de Ciudad Juárez a Puerto Palomas, en el municipio vecino de Ascensión, para arrebatárselo a grupos de la delincuencia organizada.

Los tres meses previos sacudieron a la ciudad con el asesinato de altos mandos de la Policía Municipal y el fallido atentado en contra del jefe de la Policía Ministerial.

Marzo culminó con 116 homicidios de alto impacto, una cifra sin precedente en la historia criminal del municipio. Más allá de la forma de morir, las víctimas mantenían el vínculo de la actividad. Al menos en 77 de los casos, las víctimas eran pequeños distribuidores de droga en colonias de muy bajo perfil económico, y que la mayoría trabajó para una misma pandilla llamada Los Aztecas.

Bajo pretexto de la denuncia anónima, refiere Gustavo de la Rosa Hickerson, los militares demolían puertas para consumar cateos ilegales. “Se llevaban objetos personales y a uno o dos jóvenes, a quienes solían detener de cuatro a cinco días y posterior a ello los dejaban libres, normalmente a las afueras de la ciudad”.

“En Ciudad Juárez tenemos actores que cometen delitos muy graves y que siguen impunes: tenemos al Ejército de sicarios del grupo número 1, al Ejército de sicarios número 2 y ahora al Ejército Mexicano”, resume De la Rosa.
La fabricación de culpables rebasó cualquier otro episodio de corrupción oficial, expone por su parte Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

“Este tipo de personas normalmente se encuentra en una posición económica débil. Y esta gente pobre es regularmente conducida al cuartel y si no revela información se le consigna como poseedor de droga o armas con fines de venta, pero muchas de las denuncias están prefabricadas”.

Confianza rota
Las referencias de desaparición forzada y asesinatos hechas por la CEDH y el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera han sido ajenas para la mayoría de los habitantes de la ciudad. El 14 de enero de este año, sin embargo, un caso de características similares perpetrado en contra de un estudiante de 19 años, sumaría en el reclamo a empresarios y académicos.

Jaime Alejandro Irigoyen Flores fue sustraído de su vivienda durante la madrugada. Su padre dijo que todos dormían cuando escucharon ruidos y vieron que un grupo de militares intentaba forzar la puerta frontal con una barra metálica. Les abrió. Hurgaron en las habitaciones y al no encontrar nada decidieron llevarse al mayor de los dos hijos.

“¡Tráiganse al de lentes!”, ordenó el sujeto al mando, antes de abandonar la residencia, narró la madre. El estudiante apareció muerto dos días más tarde, con huellas de tortura: además de disparos, le pasaron los autos por encima, decía el peritaje.

La vocería del Operativo Conjunto respondió ese mismo día que “los señalamientos hechos al Ejército Mexicano son totalmente infundados, ya que el hecho de que quienes lo privaron de su libertad se hayan vestido con ropa tipo militar, de ninguna manera quiere decir que sean militares”. Sin embargo, el diálogo con mandos militares está cancelado, dice González Mocken. “No hay interlocución porque el discurso no se comparte: ellos ven criminales por todas partes, nosotros vemos la presunción de inocencia”.

CRONOLOGÍA
27 de marzo de 2008
El Gobierno federal anuncia la llegada de más de 2 mil 500 elementos de seguridad a Chihuahua y Ciudad Juárez.
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván anuncia el arribo de tres aviones Hércules.
Por tierra se sumaron más de 900 efectivos y se desplegaron 10 bases de operaciones mixtas.

5 de abril de 2008
Se registra un enfrentamiento entre narcos rivales en la carretera Parral-Villa
Matamoros.

8 de mayo de 2008
La Sedena informa el decomisó de más de ocho toneladas de mariguana y un arsenal, además de detener a dos presuntos narcos

25 de febrero de 2009
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advierte que los tres niveles de Gobierno se comprometieron a expulsar de Juárez a los criminales y a no cederles “ni un centímetro”.
Por tierra y aire, el 1 de marzo llegan más de tres mil soldados a Ciudad Juárez para reforzar la Operación Conjunta Chihuahua.

2 de junio de 2009
La gente sale a protestar por las presencia de los solados en Ciudad Juárez.

LAS CIFRAS DE LA CNDH
Abuso de autoridad
212 quejas recibió la CNDH en 2008 por abuso de militares en Chihuahua.

160 los expedientes que abrió la dependencia contra militares en nueve meses de 2008.

50 casos de desapariciones causadas por soldados se documentaron en el primer semestre de 2009.

623 denuncias recibió la CNDH de abril a junio de 2009 por el Operativo Conjunto Chihuahua.

2,026 soldados participan en dicho operativo. 435 policías federales fueron asignados para apoyar.

Descartan informar sobre los cambios de la lucha anticrimen
CIUDAD JUÁREZ.- Los cambios que se puedan aplicar en el Operativo Conjunto Chihuahua se harán conforme se requiera, pero sin darlos a conocer previamente por estrategia misma del operativo, dijo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Víctor Valencia de los Santos.

Asimismo, destacó que serán las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quienes tienen el mando en este operativo, las que determinen los cambios y acciones que se vayan a seguir.
Aclaró que aunque sí se reunió con el Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, no puede dar a conocer los pormenores de la reunión.

El funcionario estatal reiteró que serán las autoridades castrenses las que determinen si hay cambios en el Operativo de referencia.

“Si hubiera un replanteamiento del mismo, a la Secretaría de la Defensa Nacional le concierne determinar el cambio que se requiera, pero no se pueden dar a conocer detalles del mismo por cuestiones de estrategia”.

Valencia de los Santos dijo encontrarse en la Ciudad de México, precisamente para tratar asuntos relacionados con la seguridad de los chihuahuenses, pues el interés del Gobierno estatal y los otros niveles de Gobierno es seguir atacando la delincuencia y dar la tranquilidad y paz que merece la población de la Entidad.