Legisladores proponen castigar con diez años tortura en Guanajuato

GUANAJUATO, GTO.- La fracción del Partido Acción Nacional ( PAN) en el Congreso local impulsará la reforma al Código Penal del estado para que la “tortura” se castigue hasta con diez años de prisión en el estado de Guanajuato,  informó el  presidente de la Comisión de Justicia, Salvador Márquez Lozornio.

El Congreso del estado recibió tres iniciativas para armonizar las leyes penales con los lineamientos de los organismos internacionales en el delito de tortura, tras el asesinato de un ganadero por policías ministeriales del estado y el ataque de policías de León contra un detenido y los entrenamientos con tortura a policías del Grupo Especial Táctico (GET).

El 20 de enero el ganadero Vicente Palomo Rodríguez  sufrió tortura y fue asesinado por  un grupo de policías ministeriales del estado  que lo interrogaban como sospechoso de robo de vacas, en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del municipio de San Felipe.

El 11 de agosto y el 4 de febrero, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ( PDHG) propuso al Congreso reformar el artículo 264 del  Código Penal de Guanajuato para prevenir y sancionar la tortura, “crimen imprescriptible de lesa humanidad”.

Por su parte, el diputado Salvador Márquez Lozornio señaló que la bancada del PAN, con mayoría absoluta en el Congreso, presentó una propuesta de reforma sobre el delito de tortura, otra los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y una más el ejecutivo estatal.

Los tres proyectos son coincidentes en la modificación al artículo 284  y la penalidad para aquellos que incurran en tortura, por tanto  el dictamen de reforma podrían salir en marzo, informó el diputado panista.

Robo

Salvador Márquez destacó además que hay la determinación de los diputados de modificar  el Código Penal para clasificar como grave el delito de robo con violencia sin importar la cantidad del hurto, a efecto de que los ladrones no alcancen la libertad bajo fianza.

Ahora, los implicados obtienen su libertad  cuando la cuantía del robo no llega al  equivalente a los 400 salarios mínimos, aun cuando haya agresión física contra  la víctima.

La iniciativa de reforma se integró  luego de una seria de consultas organizaciones de abogados litigantes, colegios de profesionistas, representantes del sector privado,  colonos y titulares de seguridad pública.

En los foros expresaron enojo porque la ley penal da mayor importancia al dinero que a la salud e integridad de las personas y pidieron que se mande a la cárcel a los ladrones sin posibilidad de  que puedan salir libres pagando una fianza.