La PGR integra averiguación contra minera El Progreso

CIUDAD DE MÉXICO (30/JUL/2012).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra la empresa minera ''El Progreso'', de Coahuila, por el delito de defraudación a los regímenes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la falta de registro de sus empleados y la falta de pago de cuotas, que se descubrió a partir de la muerte de siete mineros en un pocito carbonífero la semana pasada.

A partir de la averiguación previa PGR/COAH/SAB-1/77/DD/2012, el Ministerio Público de la Federación inició las pesquisas para determinar la responsabilidad de la compañía en violaciones a la Ley del Seguro Social.

La dependencia informó que la delegación estatal en Coahuila inició el expediente en contra de quien o quienes resulten responsables en el fraude ''por la probable omisión de los informes de registro del IMSS'' a que estaba obligada la Empresa Minera ''El Progreso''.

El artículo 307 de la Ley del Seguro Social, cometen el delito de defraudación a los regímenes del seguro social los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que, con el uso de engaños y aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero-patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al Instituto o los trabajadores.

La muerte de los siete mineros la semana pasada permitió descubrir el posible delito, ya que tras la explosión que se registró en una mina de carbón en el Ejido ''La Florida'', en Barroterán, Coahuila, el Ministerio Público inició el 25 de julio pasado el acta circunstanciada AC/PGR/COAH/SAB-I34/DD/2012.

Como parte de la investigación el representante social -con apoyo de efectivos de la Policía Federal Ministerial-, realizó una inspección ministerial en las oficinas del IMSS, donde se revisaron los registros de afiliación obrero-patronal de la minera ''El Progreso'', entre ellos, los de los siete los trabajadores que laboraban en dicha empresa y que perdieron la vida.

''De la inspección realizada, se encontraron indicios de probables omisiones en informes de registro ante el Instituto, por lo que el Representante Social de la Federación, en el ámbito de su competencia, determinó elevar el acta circunstanciada a la categoría de averiguación previa'', detalló la dependencia.